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A mí me da igual, ¿y a usted?

A mí me da igual, ¿y a usted?

La ley NO ESCRITA de la mordaza ya existe en el Perú: sanciona a quienes no son corruptos, que tienen algo diferente que decir y que no pueden ser refutados sino callándolos.

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La ley NO ESCRITA de la mordaza ya existe en el Perú: sanciona a quienes no son corruptos, que tienen algo diferente que decir y que no pueden ser refutados sino callándolos.
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La ley NO ESCRITA de la mordaza ya existe en el Perú: sanciona a quienes no son corruptos, que tienen algo diferente que decir y que no pueden ser refutados sino callándolos.

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Varios amigos periodistas, de diferentes medios de comunicación, me han preguntado mi opinión (¡que daban por descontada!) sobre el proyecto de ley de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo que, según ellos, es una "ley mordaza". Mi respuesta en privado, que ahora hago pública, los dejó de una pieza: a mí me da igual.

En efecto, tratándose de libertad de expresión en los medios de prensa yo no tengo hoy ninguna —a excepción aquí de mi propia tribuna que puedo llevar, gracias al Facebook y al Twitter, donde me dé la gana— y, por tanto, si a algún interés afecta el proyecto de ley de Letona y Aramayo no es al mío.

Me explico: si yo no tengo libertad de expresión en la prensa tradicional habiendo liderado, de lejos, los rankings de medición de lectoría de los dos últimos diarios donde escribí sin haber plagiado ni insultado ni coimeado a nadie y causando la controversia necesaria que legitima la publicación de cualquier opinión periodística, ¿por qué me tendría que afectar una pretendida "ley mordaza"?

En otras palabras, ¿por qué tendría que defender yo la libertad —de prensa y expresión— de los que no me la conceden a mí? Tendría que ser yo muy imbécil para eso, ¿verdad?

"¿Pero tú mides los intereses de la sociedad en función de tus intereses?", me espetaron incrédulos mis amigos periodistas. Por supuesto, les contesté, ¿hay otra forma? No voy a ir tan lejos como Margaret Thatcher que afirmaba que la sociedad no existe, solo los individuos. Pero libertario como soy, la vida me ha enseñado que la sociedad existe conmigo a la cabeza. ¿Egoísta? No, simplemente hago lo mismo que usted hace, estimado lector: los intereses de la sociedad se miden según los intereses de uno, trate de quien se trate.

Ahora bien, si yo como periodista no me beneficio con la libertad de prensa ni como actor y tampoco como consumidor, ¿en qué se beneficiaría la sociedad? En otras palabras, si la mordaza ya se aplica de facto en los medios de prensa tradicionales, ¿qué más da una "ley mordaza" si la sociedad ya está afectada? 

Seamos claros y honestos. La mordaza ya existe en nuestro país para los que no son corruptos que tienen algo diferente que decir y que no puede ser refutado sino callándolos. Así que, ahora, no me vengan a pedir solidaridad con directivos de medios de comunicación en nombre de la libertad de prensa y expresión...¡por favor!

¡Realidad, sumisamente me rindo a tus pies!

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¿Hablamos de solidaridad? ¿En serio?

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La realidad en este país es apabullante... ¡no hay análisis que la resista! Leo artículos perfectamente estructurados sobre cómo el país está camino a la OCDE; sobre cómo la estandarización de los TUPAS logrará simplificar los procesos en todas las entidades públicas; cómo una legislación promotora de inversiones va a permitir que cerremos la brecha de infraestructura; cómo la institucionalidad generará desarrollo y logrará acabar con la corrupción, y me pregunto: ¿realmente se refieren al Perú o se inspiran en un “debe ser” en el que alguna vez creyeron?

Leo un emotivo artículo de Carmen McEvoy en El Comercio apostando por la esperanza, por un país que unido ante la tragedia ha logrado captar corazones: “Ese amor está surgiendo ante nuestros ojos y en medio del desastre [...] jóvenes voluntarios recibiendo donaciones [...] personal de nuestras Fuerzas Armadas entregando sus vidas [...] los que van al lugar de la emergencia llevando ayuda e ilusión a quienes más lo necesitan”.

En ese caso sí puedo afirmar que es la foto del Perú hoy pero, paradójicamente, eso me hace volverme más escéptica. Me pregunto si solo se trata de una solidaridad coyuntural, de un lavado de conciencias; si luego de las lluvias, cuando empiece la parte más dura —sí, la más dura e interminable, a veces—, esa energía y compasión seguirá vigente o nos ganará el día a día, nos conquistará una vez más nuestra cruda realidad, esa que parece estar peligrosamente aletargada ante los ojos de la mayoría.

Hace un par de días escuchaba a Yeni Vilcatoma recordarnos con mucha firmeza que el mayor enemigo del país no son las inclemencias de la naturaleza sino la impunidad y la corrupción. Aquella podredumbre ha permitido que se construyan carreteras con capas asfálticas de poca resistencia y durabilidad, puentes con fallas estructurales y de cálculo, plantas de tratamiento de agua con deficiencias constructivas visibles y cuyos estudios de diseño fueron incapaces de incluir un análisis histórico de los ciclos de la naturaleza, ni siquiera a ese primer mega Niño del siglo XX, que se dio durante los veranos de los años 1925 y 1926, como señala el ingeniero Arturo Rocha Felices, consultor de proyectos hidráulicos.

Y es que la realidad no te la enseñan los libros de texto: ¡te la enseña la vida! Ejemplos:

1. Enfrentarme con una autoridad municipal que descaradamente ha puesto precio a todas las licencias y permisos que yo necesito, y cuya discrecionalidad no tiene límites.

2. Conciliar razones con una autoridad judicial que, con insólita ligereza, denuncia penalmente a todo aquel a quien pueda chantajear, simplemente porque nadie la controla.

3. No poder asumir que lo único que pasa por la mente de los campesinos, exacerbados por antimineros, es dinero y aprovechamiento. Que simulan daños para extorsionar. Que utilizan las lágrimas de sus mujeres y niños para conmover a la opinión pública, que se victimizan a través de su "desgarradora pobreza" y de su poca comprensión del idioma castellano.

4. No perder la capacidad de asombrarme ante el comunicado de un poderosísimo sindicato que se opone a que su empresa invierta en proyectos de infraestructura priorizados a través de Obras por Impuestos, simplemente porque ellos creen que les significa una reducción en la base de cálculo de sus utilidades.

¿Hablamos de solidaridad? ¿En serio?

Podemos darle mil vueltas a las posibles soluciones pero la variable más complicada son las personas. Soy una convencida de que el cambio solo vendrá con las nuevas generaciones. Aunque suene duro, lo podrido podrido está... y tomará muchos años erradicarlo.

La izquierda y las élites

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A falta de un sistema de clases, se pusieron creativos y hoy hablan del binomio "pueblo-neoliberalismo".

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Los líderes de movimientos de izquierda en América Latina no alineados con Moscú ni con Pekín son personas de sectores aristocráticos venidos a menos, de clase media alta, hijos de miembros de las fuerzas armadas (Enríquez-MIR Chile, Pizarro-M19 Colombia) con educación en colegios católicos de curas “progres”, que asumen ser “desclasados”. Mientras que la izquierda “popular”, históricamente alineada con Moscú o Pekín, es tratada por estos con desdén (ejemplo: los “perros” de Patria Roja).

Nadie duda de que existe injusticia y desigualdad en América Latina, pero los remedios que prescriben no son producto de la Ilustración sino del Orden Antiguo. El comunismo es en realidad una “religión laica”, por lo que mantiene categorías, valores y símbolos que motivan el lado irracional de los seres humanos: el uso de categorías abstractas de “buenos” y “malos” (que no tienen ninguna virtud posible). A falta de un sistema de clases (binomio capitalistas-proletarios), se pusieron creativos y hoy tenemos el binomio pueblo-neoliberalismo.

El “héroe revolucionario” es el nuevo “caballero andante” que busca imponer la justicia (antes “divina” hoy “revolucionaria”, donde todo está permitido para conseguir el objetivo) buscando reconquistar Jerusalén (lugar del pacto de Dios con el Hombre que está en manos de “infieles”) o hacer el Paraíso en la Tierra (comunismo). Los caballeros andantes son la “vanguardia iluminada” que busca romper el sistema político imperante para hacerse del poder (leninismo: aprovechar todas la ventajas que te da el sistema para tomar el poder, si hay que aparentar ser democrático vale la hipocresía). Una vez conquistado, se establece un poder “monárquico” liderado por el caudillo y un nuevo sistema feudal donde cada miembro del partido tiene su “cuota de poder”. A quien quiera desafiar al caudillo se le acusa de “revisionista contrarrevolucionario” y se le elimina con toda su casta.

Pero el sistema se desmorona cuando la sucesión del caudillo no es clara (en Corea del Norte volvieron al linaje y por ello es más estable que el resto; en Cuba la sucesión es horizontal pero luego de Raúl,  ¿qué queda?) o surge el mayor de los peligros: el individuo ilustrado, consciente, que exige sus derechos y asume sus responsabilidades, que encuentra en el sistema democrático el espacio para una convivencia que le permite desarrollar todo su potencial.

¿Es tan difícil legislar derecho?

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Una desgracia deja su lección, pero en el Perú nos empecinamos en no aprenderla.

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¿Es tan difícil legislar derecho?

Una desgracia deja su lección, pero en el Perú nos empecinamos en no aprenderla.

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Una desgracia —natural o provocada— debería tener su consecuente lección, pero en el caso del Perú la lección siempre es la misma y nos empecinamos en no aprenderla.

Tras los desastres originados por el llamado Niño Costero, inescrupulosos comerciantes han retenido sus productos con el propósito de provocar una escasez artificial y aprovechar el estado de necesidad y desesperación de la población para poder alterar los precios. Es lo que legalmente se denomina “delito de acaparamiento”, pero nos topamos conque no está sancionado en el Perú. En cuanto a la adulteración y el acaparamiento, estos delitos serán aplicables cuando se traten de productos de primera necesidad (artículo 234 del Código Penal); sin embargo, ¡oh, sorpresa! Ningún ente normativo nos señala cuáles son precisamente estos “productos de primera necesidad”.    

En el caso de la inseguridad ciudadana, el artículo 279 de nuestro Código Penal sanciona la posesión de armas sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Lo paradójico es que las gestiones para obtener la licencia de portar armas se realiza en Dicscamec y el requisito para su tramitación es haber adquirido previamente un arma de fuego, lo que implica que toda persona por el solo hecho de haberla comprado sería autor del referido delito. Todo un contrasentido al que debemos sumar que las empresas vinculadas al rubro de la armería permiten que cualquier persona con DNI pueda realizar disparos a granel a cambio de una suma de dinero, lo que implica proporcionar facilidades a cualquier individuo para que se especialice en el uso de armas de fuego sin una regulación estricta.

Es cierto que una de las atribuciones de nuestros congresistas es fiscalizar, pero pareciera que fuera la única que da réditos mediáticos aunque los resultados sean paupérrimos (por ejemplo, la megacomisión). Se olvida que el Congreso es el PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO: por ende, su principal labor es generar leyes que permitan que nuestra sociedad funcione mejor y que pueda hacer frente tanto a los desastres naturales como al flagelo de la delincuencia, por citar solo dos casos.

Ante los actos de acaparamiento que pueden volver a repetirse por nuevos desastres naturales, ¿no se podría fijar precios para los productos de primera necesidad? Y si acaso esta acción dañara el principio de oferta y demanda, ¿acaso no podría modificarse la normativa de Indecopi sobre protección al consumidor?        

Y ante la delincuencia rampante a nivel nacional, ¿no sería mejor retomar el proyecto del Código Penal de 1985 el cual señalaba que “para que una conducta sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin causa justa, el bien jurídico tutelado”? Con ello no sería ilegal comprar un arma de fuego, pero si sería necesaria la autorización de la Dicscamec para su uso. Igualmente, como medida preventiva, debe exigir un certificado de salud mental o registro de antecedentes penales a las personas que vayan a las diferentes armerías a especializarse en el uso de armas de fuego. Son requisitos mínimos para tener al menos cierta certeza de que no hemos abierto una puerta para que los cabecillas de bandas criminales envíen a sus sicarios a profesionalizarse, a mejorar su puntería, con la pérdida de numerosas vidas de efectivos policiales y civiles.

No creo equivocarme en que lo expuesto es un razonamiento lógico para el común de las personas, excepto para nuestros congresistas. Por eso termino preguntándome con perplejidad: ¿ES TAN DIFÍCIL LEGISLAR DERECHO?

Una república excluyente

Una república excluyente

¡Despertemos! Los herederos de Ayacucho-1824 (por algo se habían deshecho del rey) despojaron a los indígenas de sus derechos ciudadanos y los sometieron a servidumbre.

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¡Despertemos! Los herederos de Ayacucho-1824 (por algo se habían deshecho del rey) despojaron a los indígenas de sus derechos ciudadanos y los sometieron a servidumbre.
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Una república excluyente

¡Despertemos! Los herederos de Ayacucho-1824 (por algo se habían deshecho del rey) despojaron a los indígenas de sus derechos ciudadanos y los sometieron a servidumbre.

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Hoy quiero empezar hablando de Juan Bustamante, el mundo purín o trotamundos, el primer sudamericano que dio la vuelta al mundo. Militar, político, hacendado puneño forjador de la defensa del indio en el siglo XIX.

En 1869, hubo un levantamiento indígena en Huancané que Bustamante empezó apoyando y terminó liderando. Nos han hecho creer que se proclamó Inca o que los indígenas lo masacraron. Claro que fue masacrado junto con varios de sus compañeros de aventura, pero masacrado por eso que llamamos fuerzas del orden.

Ya continuaremos luego con Bustamante. Quiero concentrarme en un detalle del juicio que me puso los pelos de punta. Vayamos ahí. José Gregorio Paz Soldán, fiscal de la causa, dijo en su dictamen de 1869 lo siguiente:

“Convertidos los indios en esclavos se ha levantado una clase especial de amos o señores que sin haberlos comprado siquiera como se compra a los negros, los han subyugado de todos modos y los han sumido en la abyección”. Tómese su tiempo para releer al fiscal Paz Soldán y sigamos con la reflexión.

Para empezar, el fiscal Paz Soldán habla de un fenómeno nuevo, ajeno a lo que se daba antes, una nefasta novedad. Estamos en 1869 y es evidente que ese fenómeno de exclusión y retroceso servil en la condición del indio fue un tema netamente republicano. Fueron los herederos de Ayacucho-1824, los que en ejercicio de su independencia (por algo se habían deshecho del rey), sometieron al indígena de las alturas a esa exclusión tendiente a la servidumbre, que puede haber cambiado pero que igual va a cumplir doscientos años.

Esa imagen del indio en la república, subyugado y sin derechos, contrasta con la imagen de cualquier indio padre de familia de Puno o Cusco, digamos en 1813. La Constitución de Cádiz les había dado el derecho al voto pese a ser indios por los cuatro costados. Y ejercieron ese derecho ciudadano en elecciones modernas con el mismo voto que en su momento emitieron los naturales de Madrid o Barcelona. Y la máxima autoridad político militar era un indio al que en el torbellino electoral nadie cuestionó por ser indio.

Ese Perú de indios empoderados no es lo que pudo ser y no fue. Existió y modificó la práctica política. Ese Perú de indios empoderados confirma la sentencia de paz Soldán. En 1813 los indios eran ciudadanos con pleno derecho al sufragio. Luego de tres décadas de República eran siervos sin derechos. ¿Cuándo vamos a entenderlo por fin?

 
 
 
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