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El Día de la Víctimas del Comunismo

El Día de la Víctimas del Comunismo

Es hora de recordar la masacre y la traición de todos los valores que sus ideólogos decían respetar.

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Es hora de recordar la masacre y la traición de todos los valores que sus ideólogos decían respetar.

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Se cumplen cien años de la Revolución de Octubre, aquella tan esperada como el Mesías que traería la paz entre los hombres y haría realidad en la tierra el Paraíso. El hombre ya no iba a ser el lobo del hombre... pero todo resultó y es una gran mentira: nunca hubo ni paz ni amor fraternal; simplemente un grupo se aprovechó del resto e impuso su ley sin importar la vida o el bienestar de los nuevos “súbditos”.

Lo increíble es que haya incautos que siguen creyendo en esto.

Hace diez años se publicó El Libro Negro del Comunismo: Crímenes, Terror y Represión, escrito por profesores universitarios e investigadores europeos, y editado por Stéphane Courtois, director de investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Lo sugerente es que los autores se consideraban de izquierda y no quisieron dejar a los derechistas el placer de utilizar los archivos desclasificados de la KGB para contar la historia.

Vayamos a las cifras: por lo menos diez millones en la Unión Soviética; 65 millones en la República Popular China; un millón en Vietnam; dos millones en Corea del Norte; dos millones en Camboya; un millón en los regímenes comunistas de Europa oriental; 150 mil en Latinoamérica (se quedaron cortos porque solamente en el Perú SL y el MRTA significaron 77 mil, según CVR); 1,7 millones en África; 1,5 millones en Afganistán; de 38 mil a 85 mil en España, cuando la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, etc.

La verdad es que serían mucho más si se abrieran los archivos de China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Etiopía, Angola, Mozambique...

Los comunistas siempre consiguieron, a través de la agitación y la propaganda, quedar bien: ellos eran los buenos de la película, mientras que los malos eran los fascistas de derecha.

Ante las evidencias postcaída del Muro de Berlín, los “puristas ideológicos” han buscado la coartada perfecta: el “socialismo reamente existente” nunca fue fiel a la idea original. Un grupo numeroso de críticos argumenta que solo algunos (o incluso ninguno) de los regímenes mencionados en el libro fueron de hecho «comunistas».

Esta idea no es nueva: la cuestión de si los Estados comunistas históricos representaban una implementación práctica adecuada o fiel de las ideas comunistas se remonta a la década de 1930. En la introducción del Libro Negro, se afirma que «algunos espíritus apesadumbrados o escolásticos siempre podrán defender que ese comunismo real no tenía nada que ver con el comunismo ideal». Para el propósito del libro, un Estado comunista se define como un régimen de partido único en el que el partido dirigente abiertamente proclama su adhesión al marxismo-leninismo. El Libro Negro no trata de juzgar la honestidad de dichos partidos al autodenominarse «comunistas»”.

Finalmente, no se trata de una competencia de “quién mató menos”; lo cierto que es ambas versiones totalitarias nunca respetaron la vida y dignidad humana. Por ello me aúno a quienes proponen que el 1 de Mayo se celebre el Día de las Víctimas del Comunismo. Así como existe el Día del Holocausto para recordar lo que significó el genocidio de un pueblo por el mero hecho de pertenecer a una religión y sus consecuencias, lo mismo deberíamos hacer con las víctimas del comunismo: recordar la masacre y la traición a todos los valores que decían respetar.

Tres ejemplos de la hipocresía institucional de la PUCP

Tres ejemplos de la hipocresía institucional de la PUCP

¿Podrá algún día la Católica —considerada en varios ránkings como la mejor universidad del país— alinear su discurso con la realidad?

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Finalmente se aprobó en la PUCP, en el marco de la llamada "reforma trans", que los alumnos puedan usar su nombre social en la Tarjeta de Identificación (TI). Pero no hay que confundirse: este cambio fue impulsado por grupos organizados de alumnos y no por las autoridades de la casa de estudios. Por ende, no debe tomarse como un reflejo de los valores con los que pretende identificarse la universidad sino como una grata excepción a la profunda hipocresía institucional que la gobierna. A continuación, tres ejemplos de las contradicciones que aún persisten en la PUCP.

1. La PUCP es una universidad que se identifica con la igualdad de género; esto es, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las cifras, sin embargo, dicen otra cosa. Según datos de la Dirección de Gestión de la Investigación de la propia PUCP y de la socióloga Patricia Ruiz Bravo, apenas el 30% de los profesores de la universidad es mujer. Y la cosa se pone peor al ascender en la carrera docente: el 17% de los profesores contratados y tan solo el 7% de los profesores principales es mujer.

¿Cambia el panorama cuando se trata de puestos de mando? En absoluto. Solo una de cada tres autoridades de la PUCP es mujer. Y peor aún (con las cifras anteriores, no sorprende): el 70% de las profesoras se ha sentido discriminada alguna vez por su género. ¿Qué pasó? ¿Realmente hay tan pocas mujeres capacitadas para que solo el 7% de los profesores principales lo sea? ¿O es que los criterios de selección y ascenso en la carrera docente responden a vínculos de amistad —sí, la terrible argolla— que se remontan a una época en la que las mujeres eran relegadas a un papel secundario en la vida académica?

2. La PUCP se pinta a sí misma como una universidad inclusiva y no elitista. Su lema es “Bienvenidos Todos”. ¿Pero realmente pueden todos estudiar en la PUCP? El año pasado, la universidad aprobó un nuevo sistema de categorización con nueve (ya no cinco) escalas de pensiones. Esto hizo que su escala 9, cuya mensualidad es de S/. 4100, se convierta en la segunda más cara del país. A la escala 9 de la PUCP únicamente la supera (por S/.130) la escala más cara de la Universidad del Pacífico, una universidad con apenas 4300 alumnos de pregrado y que admite no querer hacer crecer esa pequeña élite de afortunados.

Aquí la PUCP suele ampararse en la amplitud de su rango de cobros. Sin embargo, lo que no dice es que la asignación a las escalas más bajas se viene reduciendo sistemáticamente en los últimos diez años. En el 2007, el 32% de los alumnos estaba categorizado en la escala 1; el 28%, en la 2; y solamente el 8% en la 5.

Pero para el 2016 la pirámide se había invertido: apenas el 10% estaba en la 1, el 25% en la 2 y el 15% en la 5. Esta tendencia es tan marcada que la propia universidad aclara, en su nuevo sistema de nueve escalas, que la asignación a la 1, 2 y 3 será “reducida”. Si obviamos esas tres primeras escalas de asignación marginal, la PUCP queda con un rango de pensiones que promedia los S/.2,585. Ello la posiciona como la segunda universidad más cara del país, sólo después de la Pacífico y por delante —bien lejos— de otras como la UTEC, la UPC, la Universidad de Lima y la San Martín (no contemos Medicina, carrera que la PUCP no enseña). Lo curioso es que ninguna de las nombradas hace tanto énfasis en su carácter inclusivo como la PUCP.

¿Pero, al menos, es inclusiva la PUCP en cuanto a subvenciones para los más pobres? Muy poco. Al 2016, las becas financiadas por la universidad (porque no vamos a contar las de Pronabec, ¿no?) sumaban apenas 340 para una población de alumnos de pregrado que supera los 21 mil. Ni siquiera el 2%. ¿Pero es que necesita la PUCP desesperadamente aumentar sus ingresos y por eso tiene que cobrar tanto? En realidad, no. En el 2015 –último año hasta el que están disponibles sus estados financieros auditados–, la PUCP fue la universidad con más ingresos del país: S/.768.5 millones. Aún más: un cuarto de su facturación proviene de rentas inmobiliarias (Plaza San Miguel, edificios de oficinas) que las demás universidades no tienen.

3. La PUCP es una universidad que se dice democrática. En las elecciones de 2014, el rectorado se lo disputaban entre Marcial Rubio y Eduardo Ísmodes. Y la maniobra política del actual rector fue audaz.

Rubio pidió los votos de la Asamblea bajo el argumento de que solo él podía ponerle fin al conflicto que la universidad arrastraba con el Arzobispado. Para mostrar que sus intenciones eran honestas, alegó que renunciaría cuando este estuviera resuelto.

El año pasado, mediante una reforma del estatuto coordinada con el Vaticano, la PUCP finalmente resolvió sus problemas con el Arzobispado peruano. ¿Renunció Rubio Correa? Evidentemente no. ¿Democracia, honestidad? La promesa fue nada más que un eslogan electoral. Y nadie en el círculo de autoridades se lo va a recordar hasta que cumpla sus diez años de mandato en el 2019.

Esos son apenas tres ejemplos de la hipocresía institucional que  —y chorrea— en la PUCP. ¿Podrá algún día la mejor universidad del país (según QS World University Rankings) alinear su discurso con su realidad? ¿O seguirá dándole la razón a quienes se relamen cada vez que tienen la oportunidad de hablar sobre la “hipocresía caviar” que la gobierna? 

A propósito, ¿cuál es rol de un procurador?

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Los procuradores no son fiscales y tampoco jueces: no gozan ni deben gozar de autonomía absoluta.

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Noto que hay bastante confusión en muchísima gente en cuanto a los procuradores (no hablo de la gente que alienta esa confusión por motivos políticos, coyunturales o hasta subalternos). Estos funcionarios son los abogados del Estado, y quien administra el Estado es el Poder Ejecutivo. Así, en el tema del diseño de la defensa jurídica de las entidades que conforman el aparato estatal, el Ministerio de Justicia designa a los procuradores a cargo de la defensa de los intereses estatales (de hecho, al Poder Legislativo y Judicial también se les asigna un procurador para defender sus propios intereses).

Los procuradores NO son fiscales (estos defienden los intereses de la sociedad) y tampoco jueces (que administran justicia); no gozan ni deben gozar de autonomía que los haga absolutamente independientes de un órgano central de decisiones coordinadas con el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es quien gobierna y no puede tener en su seno a abogados que investigan o acusan a funcionarios que no se desempeñan adecuadamente; para esa labor está el Ministerio Público (los fiscales), que investiga y acusa a malos funcionarios. Repito: ese NO es el rol de los procuradores.

Ahora bien, si estos aprecian algún tipo de irregularidad o comisión de delitos por parte de algún funcionario público, pues lo informan y si no son escuchados se apartan y denuncian esos hechos. NO pueden hacerlo siendo abogados de parte (en este caso, del Estado). No hay ni debe haber llaneros solitarios en la administración pública; para ello existen los canales regulares y legales para actuar. Lo demás es figuretismo y del malo: punto.

Sangres enfrentadas

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Breve mirada de largo aliento al enfrentamiento entre hermanos en la historia política de larga duración.

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Intentaré trazar una mirada sin el menor ánimo enciclopédico y por lo menos me permitiré empezar subrayando, con un remanente de esperanza, que los cuatro hermanos Ayar no se pelearon. Uno iba desapareciendo o tranformándose después del otro.

En cambio, la imagen del encono fratricida la tenemos bien impregnada con la dupla Huáscar-Atahualpa. Cuando sus fuerzas tomaron el Cusco viejo, Atahualpa ordenó desde Cajamarca que a Huáscar lo perforaran a la altura de la clavícula (flor de cirugía nativa) para pasarle una cuerda y exhibirlo colgado. Y dicen que desde la llegada de los barbudos (suncasapacuna) Huáscar aguantaba con ilusión. Y más ilusión habrá tenido cuando le dijeron que había orden de llevarlo a Cajamarca.

Huáscar terminó durmiendo con los peces de un caudaloso río. Se odiaban. Se sabe que Atahualpa solía entretener a sus generales imitando la afeminada conducta de Huáscar.

La propia conquista fue un enfrentamiento de indios contra indios. Está probado, pero avancemos. Poco antes de la  batalla de Ayacucho se dio una breve tregua pues había familiares y amigos en ambos bandos que querían saludarse. Siempre me ha impactado la imagen de Ramón Castilla, exsoldado del rey, abrazando a su hermano Leandro que era un realista a morir. Se despedían  e identificaban bien la vestimenta y los aparejos de cabalgadura par no chocar entre ellos. 

La desconfianza entre hermanos, en el ámbito político, no es un invento nuevo. Hay detalles desconocidos de la tragedia del presidente Balta en 1872. A cargo de Balta estuvo el optimista brindis por los cincuenta años de la Patria. Era 1871: las luces de vida civilizada llegaban por fin, el Perú prosperaba y se preparaba para elecciones democráticas.

Pobre Balta. No llegó a ver el siguiente 28. Para entonces ya Pardo había sido elegido como primer presidente civil. Pero un sector del ejército se negaba a reconocerlo y exigía a Balta dar un golpe. Al final se lo dieron a Balta, asesinado, y los golpistas Gutiérrez fueron colgados de la torre de una iglesia.

El británico Stevenson trae detalles espectaculares del suceso. Él tomó el último tren del Callao a Lima, del cual bajó Pedro Balta, hermano del presidente. Se conocían. Pedro le dijo que no había novedad en Lima. Y no la había entonces, pero al llegar el tren a la capital justo se iniciaba el golpe a Balta. Tremendo.

Dicen que el presidente en lugar de atender a razones preguntaba una y otra vez, perdiendo tiempo valioso, si su hermano Pedro (también militar) estaba metido en esa conspiración. Le decían que no, pero el pobre no se convencía.

¿Las audiencias deciden?

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Los procuradores son funcionarios obligados a la reserva y a la confidencialidad para garantizar resultados. 

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La lucha contra la corrupción es un clamor y los detalles llaman a la indignación. Pero también puede concitar ambiciones de protagonismo y sobreexposición mediática. El vendaval Lavajato ha dejado víctimas en los países de la región en especial en Brasil, cuna de la megacorrupción que remece gobiernos y sociedades. En nuestro país ya tenemos un expresidente y una ex primera dama en la cárcel y otro con orden de captura que en algún momento irá también a prisión.

Las garantías del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia se refieren a una justicia que implica un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos asumidos por profesionales de las leyes, con formación suficiente, difíciles de ser entendidos por legos en principios y prácticas del derecho. Sin embargo, de un tiempo a esta parte las audiencias son los jueces y ante ellas se ventilan aspectos reservados o de confianza para ganar primeras planas.

La sobreexposición mediática es una tentación para quienes hacen de la tarea de la justicia un trampolín político que puede llevarlas —como sucedió con la congresista Yeni Vilcatoma a un cargo de representación política. Convocar cámaras puede redituar fama a presuntos paladines de la anticorrupción, pero no beneficia al Estado que a todas luces resulta afectado por una guerra entre las procuradoras y el Ministerio de Justicia.

Existe la reserva y la confidencialidad para garantizar buenos resultados, que se echan por la borda cuando se sale a denunciar públicamente procedimientos en trámite. Cuenta también la confianza y la buena fe con la que deben actuar los funcionarios del Estado, más todavía en temas tan delicados.

La ministra de Justicia Marisol Pérez Tello ha ejecutado una decisión de Estado respecto al trabajo que venían cumpliendo las procuradoras. La responsabilidad del sector es de ella y es quien asigna tareas y pone término a los encargos. La grita mediática no tiene sentido porque ningún cargo es eterno y siempre está sujeto a evaluación. Puede ser que la doctora Julia Príncipe y las procuradoras ad hoc tengan razón en lo que dicen, pero no deben pretender ganar con la denuncia pública que traslada a las audiencias el conocimiento y la definición de los casos que han asumido. La confrontación con sus empleadores no tiene ningún sentido: su autonomía no puede ser absoluta, tiene límites y no significa que se presuman islas de decisiones jurídicas o políticas frente al Ejecutivo que las contrata.

Afirmar que sin ellas terminó la lucha contra la corrupción o que Odebrecht definió que salieran de sus puestos, o acusar gratuitamente al primer ministro o al presidente de la república como reacción a su despido laboral, es desestabilizar al gobierno y dar una mala instrucción moral. Son funcionarias obligadas a la reserva y a la confidencialidad para garantizar resultados. No hay que fomentar conciliábulos cómplices pero si respetar procedimientos.

Ojalá su cambio sea positivo y lo será si toman la posta funcionarios experimentados y responsables que continúen su labor con probidad, eficiencia y reserva. Que a los problemas que ha generado Odebrecht no se agreguen los enfrentamientos y desencuentros, que buscan figuretismos y no ayudan para nada al objetivo superior. Puede haber discrepancias legítimas pero hay espacios donde procesarlas y obtener resultados que el país agradecerá. Estos espacios no son las conferencias de prensa ni las cámaras.

Una guerra mediática es siempre sensacionalista: pone arbitrariamente a las audiencias a decidir altos asuntos del Estado y propicia difundir imputaciones sin pruebas. Más allá de los egos dolidos o de las soberbias individualistas que impiden reconocer errores, los procuradores son solo abogados del Estado que reportan al titular del sector.

 
 
 
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