Las ONG de izquierda y una inaudita intromisión de embajadora de UE en asuntos internos de los peruanos
En una carta altisonante e impertinente, la embajadora de la Unión Europea Irene Horejs pretende dar lecciones al gobierno peruano de “gobernanza” con relación a los conflictos sociales promovidos por un sector conocido de la izquierda peruana -agazapado tras varias ONG-, contra determinados proyectos de inversiones mineras. La carta está dirigida a la canciller de la República Ana María Sánchez, con copia al presidente del Consejo de Ministros y a la directora ejecutiva de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI). Acompañan a la firma de la señora Horejs las de los 12 embajadores de la UE acreditados en el Perú, lo que añade peso a sus palabras y ha generado una controversia considerable.
Como es bien sabido, luego de los penosos sucesos producidos en Islay por el proyecto Tía María, el gobierno anunció una serie de nuevas disposiciones para renovar las inscripciones de las ONG acreditadas en la APCI. Esto, con el fin de cautelar los intereses del estado y de la sociedad frente a lo que el gobierno considera una labor que, lejos de contribuir a la solución de los conflictos, los agrava azuzándolos.
Por supuesto que las ONG concernidas han puesto el grito al cielo denunciando un abuso del gobierno peruano. No es para menos. En juego están los millones de euros que reciben anualmente de la cooperación internacional, principalmente europea. En este contexto, la misiva de Horejs y el respaldo de los embajadores de la UE se presentan como un intento de proteger esos recursos y mantener la influencia de las ONG en el país.
«Por la plata baila el mono»
El artículo de opinión publicado por los pro-extractivistas, titulado “Por la plata baila el mono”, refleja la indignación ante lo que consideran una intromisión inaceptable de la embajada europea en los asuntos internos del Perú. Esta frase, que se ha vuelto emblemática en el debate, sugiere que las ONG operan por intereses económicos y que su activismo está motivado por el financiamiento que reciben, más que por un genuino compromiso con el bienestar de las comunidades.
Según esta narrativa, el gobierno tiene el derecho de regular la operación de las ONG y de cuestionar sus motivaciones, especialmente cuando se percibe que están interfiriendo en procesos de desarrollo económico clave para el país. El uso del refrán “por la plata baila el mono” enfatiza la idea de que las organizaciones no gubernamentales son meras marionetas de intereses externos, que solo buscan beneficiarse económicamente a expensas del desarrollo nacional.
Los críticos argumentan que, al acusar a las ONG de tener un papel central en la creación de conflictos, se deslegitima la lucha de las comunidades locales por sus derechos y por un medio ambiente saludable. La realidad es que muchos de estos conflictos surgen de la falta de diálogo y consulta previa entre las empresas mineras, el gobierno y las comunidades afectadas. En lugar de reconocer las preocupaciones legítimas de los ciudadanos, se opta por un enfoque que intenta desacreditar a quienes alzan la voz en defensa de sus derechos.
El Debate sobre Gobernanza y Derechos Humanos
El choque entre el gobierno peruano y la embajadora de la UE pone de relieve un debate más amplio sobre gobernanza y derechos humanos. Si bien es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de regular y supervisar las actividades de las ONG, también es crucial que este proceso se realice de manera transparente y con un enfoque en la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La gobernanza no solo implica el control de actores externos, sino también la creación de un espacio donde se puedan escuchar y atender las demandas de las comunidades.
Por su parte, la reacción de la UE y de sus representantes refleja una preocupación genuina por el bienestar de las poblaciones afectadas por proyectos extractivos. Sin embargo, es esencial que este interés no se traduzca en una imposición de criterios que desconozcan la complejidad del contexto peruano. La colaboración internacional debe basarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la autonomía del Perú para decidir sobre su propio desarrollo.
La carta de la embajadora Irene Horejs y la consiguiente reacción de los pro-extractivistas han puesto de relieve las tensiones que existen entre el gobierno peruano, las ONG y la comunidad internacional. En lugar de ver esta situación como un conflicto de intereses, es fundamental abordarla como una oportunidad para promover un diálogo constructivo que reconozca tanto las necesidades de desarrollo del país como las legítimas preocupaciones ambientales y sociales de sus ciudadanos. Solo a través de un enfoque inclusivo y colaborativo se podrá avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos los peruanos, sin importar su posición en el debate sobre la minería y el medio ambiente.
