La última ocurrencia del fiscal Pérez, interrogar a Montesinos, es en realidad parte de una maniobra política para intentar que la lideresa de Fuerza Popular permanezca en prisión.
La última ocurrencia del descentrado fiscal José Pérez, interrogar a Vladimiro Montesinos en relación a las acusaciones de lavado de activos y organización criminal que le han imputado a Keiko Fujimori, es en realidad parte de una maniobra política para intentar que la lideresa de Fuerza Popular permanezca en prisión.
Montesinos está en la Base Naval, una prisión de máxima seguridad, desde el 2001 y es absurdo pensar que ha tenido algún papel relevante en las elecciones realizadas una década más tarde. El punto es que inmediatamente después de la visita de Pérez a Montesinos el Tribunal Constitucional tratará el caso de Fujimori; y muchos especialistas creen que su decisión debería favorecerla, es decir, ordenar su libertad.
En verdad es muy obvio que Fujimori está en prisión por un contubernio político de la coalición vizcarrista, de la que es parte la facción dominante en la fiscalía, para sacar del camino a los líderes de la oposición. La reciente decisión de la Corte Suprema estableciendo criterios rigurosos para determinar la prisión preventiva es un elemento importante a tener en cuenta. Si esas pautas se aplicaran a Fujimori, no habrían podido encarcelarla.
La ley sobre financiamiento de partidos recientemente aprobada también evidencia que antes la recepción de fondos no declarados no era delito.
La realidad es que durante todas las campañas electorales todos los candidatos han recibido aportes de personas y empresas que no querían ser identificadas. Esos candidatos introducían esos fondos en sus campañas disfrazándolos de diversas maneras. Si eso se considera lavado de activos, todos los candidatos y sus partidarios de las últimas cuatro elecciones deberían estar presos. Pero ninguno lo está, salvo Fujimori y algunos de sus colaboradores como Jaime Yoshiyama y Pier Figari.
Es decir, solo a ellos les han aplicado el arbitrario e ilegal criterio de considerar aportes no declarados como un delito y a los miembros del partido como una organización criminal.
Tampoco se ha comprobado la presunción de que los aportes de Odebrecht a las campañas electorales procedieran de dinero ilícito. Como ha señalado el abogado César Nakazaki, según Odebrecht el dinero de la Caja 2 provenía de sus operaciones legales y hasta ahora nadie ha podido demostrar lo contrario. La mayoría de esos fondos se destinaba a operaciones ilegales, sobornos, en cuyo caso sí se configura un delito.
Pero ese no es el caso de Fujimori, que no fue gobierno.
En suma, por donde se le mire, la prisión de Fujimori no se sostiene. No obstante está presa y la coalición vizcarrista pretende que siga encarcelada por razones políticas y no jurídicas.
