Olivera, exministro del prófugo Toledo, se pasea por todos los medios despotricando contra García pero omite con desparpajo que –según informe de la Comisión Lava Jato– habría cometido los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por su participación en la licitación de la Carretera Interoceánica a favor de Odebrecht.
Fernando ‘Popy’ Olivera está de visita por el Perú y, aprovechando oportunamente la coyuntura, se pasea por todos los medios de comunicación despotricando contra su enemigo número uno: el expresidente Alan García. Para Olivera, claro está, el líder aprista no es ningún perseguido político, de tal manera que opina que el pedido de asilo a la República Oriental del Uruguay solo es producto de la “desesperación” ante los fantasmas de Odebrecht, las coimas de Lava Jato y lo que eventualmente pueda declarar Marcelo Odebrecht o Jorge Barata.
Es más, el supuesto moralizador (quien cobardemente huyó de un set de televisión cuando el secretario de García Ricardo Pinedo quiso confrontarlo) llamó al pueblo peruano a “hacer un cerco humano” alrededor de la embajada charrúa alojada en la capital para evitar a como dé lugar una posible fuga del exjefe de Estado, a quien se le acusa de haber recibido 100 mil dólares de la Caja 2 de la firma carioca por una conferencia.
Sin embargo, a Olivera (otrora ministro de Justicia de Alejandro Toledo y embajador de Perú en España) no se le puede catalogar de ninguna manera de un referente en la lucha contra la corrupción, puesto que el contundente informe final de la Comisión Lava Jato (pasado descaradamente por agua tibia por la gran prensa) le atribuye los supuestos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por su participación en la licitación de la Carretera Interoceánica a favor de Odebrecht. Por este proyecto la corrupta constructora desembolsó 20 millones de dólares en coimas.
De acuerdo con las conclusiones del grupo de trabajo que encabezó la legisladora fujimorista Rosa Bartra, ‘Popy’ buscó que la Contraloría General de la República (CGR) emita un informe favorable sobre “la determinación del costo por kilómetro de la carretera y la discusión referida a dilucidar si algunas de empresas que habían obtenido la buena pro tenían o no procesos con el Estado”. Además, a partir del registro de visitas de Palacio de Gobierno del 19 de mayo de 2005, “habría participado en una sesión del Consejo Directivo de Proinversión, (…) en la que se dio cuenta de los problemas financieros que se suscitaban en torno al proyecto IIRSA SUR”.
Estos hechos demuestran, siempre según el documento definitivo del equipo congresal, el interés de Olivera “de que las observaciones formuladas por la CGR sean levantadas, a fin de que los contratos de concesión con la empresa de Odebrecht se materialicen”. Lo relatado ocurrió cuando Fernando Olivera era el embajador de Perú en España, “no correspondiéndole en sus funciones intervenir en el desarrollo del proceso IIRSA Sur”.
Aguardamos desde este espacio que el Ministerio Pública haga suyas dichas imputaciones para que, de una vez por todas, ¡alguien se atreva a moralizar al falso moralizador!
