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¿Y qué pasó con el Informe Final de la Comisión Lava Jato?

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Ante tanta desesperación por recoger (nuevamente) declaraciones de exfuncionarios de Odebrecht sacrificando una justa reparación civil, la fiscal Ávalos y los miembros del Equipo Lava Jato podrían darle una miradita a las conclusiones del grupo de trabajo que encabezó Rosa Bartra.



Ahora que tanto se habla en el país del polémico acuerdo que el equipo especial del Caso Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc suscribirán con la corrupta constructora Odebrecht (¡que pagará la irrisoria suma de 610 millones de soles como reparación civil en cómodas cuotas por QUINCE años!), cabe preguntarse qué sucedió con el informe final –aprobado en noviembre del año pasado– del grupo de trabajo liderado por la congresista Rosa Bartra.

Como bien recordarán, dicha comisión concluyó que el Estado peruano habría pagado al menos 10 mil millones de soles (más de 3 mil millones de dólares) por “sobrecostos” a la firma carioca, en 41 megaproyectos que tuvo a su cargo durante los últimos quince años. Por ejemplo, Bartra indicó que el Gasoducto del Sur adjudicado durante el gobierno de Ollanta Humala inició en 800 millones de dólares y hoy está valorado en más de 7 mil millones de dólares.

Es importante traer a colación el documento definitivo de la Comisión Lava Jato –que complica, entre exministros y accionistas del conglomerado de comunicación, a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y a la exalcaldesa limeña Susana Villarán– puesto que en el cuestionado pacto la brasileña Odebrecht SOLO acepta delitos en cuatro obras: Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, Línea 1 del Metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde Callao.

Así, de acuerdo con documentos del Ministerio Público a los que tuvo acceso este portal , supimos que el informe final de la Comisión Lava Jato llegó al despacho de la Fiscalía de la Nación el 13 de noviembre del 2018, a cargo entonces de Pedro Chávarry. Posteriormente, tras un “análisis y evaluación minuciosa”, el 21 de diciembre el despacho de la FN dispuso que se avocaría a conocer los hechos supuestamente ilícitos de los proyectos Olmos, Línea 1 del Metro de Lima, Centro de Convenciones de Lima y Gasoducto del Sur “en los que se encuentran comprendidos altos funcionarios con la prerrogativa funcional del antejuicio político”, según el artículo 99 de la Constitución.

Puede ver la captura de los documentos haciendo aquí y aquí.

Asimismo, con respecto a los funcionarios que no poseen la prerrogativa del antejuicio, Chávarry derivó “copias del informe final a la Fiscalía Superior Coordinadora Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (que lidera Lourdes Téllez Pérez), la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (que dirige Rafael Vela Barba) y la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima”.

Por lo tanto, y ante tremenda desesperación por recoger –nuevamente– las declaraciones de exfuncionarios de la constructora carioca como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, sacrificando así una justa reparación civil, no caería nada mal que la fiscal de la Nación interina, Zoraida Ávalos, y los miembros del equipo especial Lava Jato le den una miradita al informe definitivo de la comisión de la congresista Bartra.

Valgan verdades, este documento no necesitó de los dichos de unos corruptos brasileños para llegar a valiosas conclusiones.

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