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Opinión


17 Diciembre, 2017.

¿Vacancia o linchamiento?

Por interés del país debería imponerse la mesura, la prolijidad del debido proceso y la serenidad política.

La vacancia presidencial está en marcha. La situación es grave y afecta la gobernabilidad del país con repercusiones en el crecimiento económico y en las inversiones. Políticamente, la oposición ha llegado rápidamente a extremos con poca serenidad o reflexión. No se trata de cubrir delitos de ningún político; pero tampoco de cubrirse mientras se grita al ladrón.

Lo que hay es un reporte de Odebrecht sobre supuestos pagos a PPK durante el tiempo en que fue primer ministro y ministro de Economía, que de haberlos recibido sería absolutamente punible. A partir de ello, el fujimorismo acompañado de otras bancadas usa esta información para descalificar las versiones de PPK y generar una crisis de confianza. Lo acusan de incapacidad moral con apresuramiento sospechoso, por el cual se da a Odebrecht todos los beneficios de la credibilidad y ninguno al presunto imputado al que le echan todos los leones pidiendo su renuncia inmediata y sitiándolo con la vacancia que ya está en camino.

No se trata de cualquier ciudadano. Es el jefe de Estado elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo. El que ha negado resueltamente haber recibido esos pagos y ha pedido el levantamiento de su secreto bancario y financiero, gesto importante y suficiente para que se cumpla con lo elemental que es investigar, más aún si de ello depende la gobernabilidad y la estabilidad del país.

Ya el escenario se ha llenado de opiniones y de llamados a la serenidad, que es lo que más falta. Se anticipan escenarios posteriores a la vacancia como si fuera ya un hecho. Y tal vez ya lo sea. Pero no se entiende la prisa ni la furia si no hay intereses subalternos detrás. El tono del fujimorismo es atrevido, insolente y arbitrario, con poco respeto a las instituciones y a la ciudadanía.

A contracorriente de quienes consideran a PPK un cadáver político, él no ha querido renunciar y se ha defendido con la apertura de su secreto bancario y financiero. Solo a partir de ello quedará clara la ruta del dinero y se verá si lo dicho por Odebrecht responde o no a la verdad. La reacción de PPK puede ser tardía —de hecho no borra sus imprecisiones o presuntas falsedades— pero entrega un arma fundamental para la investigación que pone la bola en el Ministerio Público cuya acción debería descartar toda arbitrariedad con la prueba de los cargos como debe ser.

Pero eso no vale cuando la decisión política ya parece tomada con furias e indignaciones ad hoc. No habría porqué conceder toda la credibilidad a  Odebrecht, caracterizada por la duplicidad, el engaño y la inmoralidad, para hacer caer a un presidente democráticamente elegido que pide que le prueben los cargos.

Lo más probable es que el cálculo político determine la decisión por la vacancia presidencial, que si se toma sin pruebas ni investigación (acelerando los plazos y distorsionando las formas) quedaría como precedente de linchamiento abusivo y avasallador. Por interés del país, debería imponerse la mesura y la prolijidad del debido proceso y la serenidad política.


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