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Opinión


16 Junio, 2018.

Una épica falsa

Con el mismo entusiasmo con el cual se oponen a las restricciones establecidas a la publicidad del Estado, ¿podrían los colegas atender que la confianza en los medios de comunicación pasó de 46% en el 2016 a 41% en el 2017? ¿Acaso no resulta indispensable conversar entre nosotros los periodistas sobre este problema?

César Campos

| Columnista

La ley Mulder tiene el pronóstico de ser zarandeada hasta su derogatoria. No la dejarán vivir ni respirar quienes la objetan por intereses, miedo a la prensa o convicción (que son los menos). Los poderes reales y fácticos exhibirán una notable sinergia para el logro de ese objetivo.

Creo que eso es lo menos importante. La norma goza la virtud de haber colocado al centro de la polémica nacional dos temas de vieja factura pero escasa ventilación pública en el mundo: el vasallaje que impone la publicidad a las líneas editoriales de los medios, y la renuncia de muchos periodistas al compromiso con la información que vela por el interés colectivo.

Lo primero cuenta con pruebas irrefutables. Mulder las explica como arma reactiva de todos los últimos gobiernos (incluidos los de su compañero Alan García) para atenuar caídas de respaldo popular en mandatarios, ministros, gobernadores regionales, alcaldes. O para ensayar promociones institucionales de dudoso efecto marketero (caso “la tía SUNEDU”). Aldo Mariátegui recuerda el caso del Diario 16, el cual tuvo un contundente respaldo publicitario del Estado durante el gobierno de Ollanta Humala para solo dedicar carátulas destructivas a las bestias negras de Nadine Heredia: Keiko Fujimori y Alan García. Que la hicieran con la suya, vaya y pase; gajes de la libre expresión. Pero hacerlo con el dinero de todos los peruanos, merecería siquiera una reflexión crítica de la prensa nacional. Diario 16 desapareció del mercado apenas se fue Humala del poder.

Ni que decir sobre los manejos de “la centralita” del exgobernador de Ancash César Álvarez (hoy preso) con la prensa de esa región. O apelar al debate vigente en México sobre regulación visto el dispendio de las gobernaciones del PRI en publicidad mediática, valientemente denunciado por la colega Carmen Aristegui.

Y en cuanto a lo segundo, escarapela ver que la argumentación central sea que solo es posible informar sobre acciones públicas vía avisos publicitarios. Atenciones de salud, campañas preventivas y educativas, planes de seguridad ciudadana: nada de esto merece una línea del periodismo regular. Todo debe anunciarse mediante un aviso pagado. Vulneración absoluta de diversos principios de la Declaración de Chapultepec adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994, e impulsada por nuestro compatriota Javier Pérez de Cuéllar en su condición de secretario general de la ONU.

Veamos. El punto dos de esta Declaración señala que toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. El tres indica que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

Y el punto nueve dice que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. Hoy parece que –como le dijo hace poco César Hildebrandt a Mávila Huertas en una entrevista en Canal N– los colegas andan más preocupados del lenguaje comercial de los medios que de su propia tarea.

Para abundancia, el Código Internacional de Ética Periodística aprobado por la UNESCO en 1983 señala en su artículo 3ro. que“en el periodismo, la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no solo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último análisis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales. La responsabilidad social del periodista implica que éste actúe en todas las circunstancias en conformidad con su propia conciencia ética”.

Así, la Ley Mulder genera una épica falsa para quienes dicen defender la libertad de prensa oponiéndose a aquella. En nada está afectada la misma aunque las torpes declaraciones del presidente del Congreso (aludiéndola cuando se le preguntaba por las inconductas en el Poder Legislativo) hayan dado motivo para interpretarla de esa manera. Y con esos motivos se la tumbarán. Pero la lección que deja la norma es obligar a los periodistas a mirarse el ombligo y admitir que el periodismo requiere revisar sus cánones, volver a las riendas de su tarea en la sociedad sin estrechar su dependencia de los recursos públicos o privados.

Así lo hizo John Carroll, exeditor general de Los Ángeles Times y ganador de trece premios Pulitzer, al recibir una distinción honoraria en la cena anual del Comité para la Protección de los Periodistas de los Estados Unidos en 2004. Dijo Carroll: “Cada otoño nos damos cita aquí en Nueva York para un evento social, elegante y a la vez tribal. Es tribal porque escuchamos, como hombres primitivos frente a una fogata, historias de periodistas que nos inspiran. Pero cada año, a medida que más empresas periodísticas son compradas por corporaciones más grandes, la voz del periodista es cada vez más pequeña dentro de estas organizaciones. Y me temo que cada año la brecha entre nosotros y nuestros héroes se hace un poquito más amplia”.

Con el mismo entusiasmo con el cual se oponen a las restricciones establecidas a la publicidad del Estado, ¿podrían los colegas atender el Trust Barometer de Edelman (una de las encuestas más precisas de la región americana y otras áreas del mundo que se realiza en 28 países) la cual revela que la confianza en los medios de comunicación pasó de 46% en el 2016 a 41% en el 2017? ¿Acaso no resulta indispensable conversar entre nosotros los periodistas, alejados de los intereses cada vez menos centrados en la industria informativa y más dependiente de otros capitales, para examinar este problema?

Ojalá un mínimo de sensatez y buena voluntad consigan este propósito.


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