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Opinión

Un Estado mudo

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No es razonable decir que para que el Estado dé cuenta de sus acciones es suficiente la publicidad en El Peruano, Radio Nacional y canal 7, por mucho que lleguen a la mayor parte del territorio del país.



El proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder con el apoyo de su bancada (excepto los congresistas Jorge del Castillo y Luciana León) tiene como inequívoco objetivo el silenciamiento del gobierno. Esas iniciativas existieron antes cuando el gobierno quería callar a los opositores. Sin embargo. ahora tendríamos el caso contrario, la oposición enmudeciendo al Poder Ejecutivo dándole al avisaje en los medios privados la categoría delictiva de malversación con el pretexto de reducir el gasto público.

Es evidente que el proyecto es violatorio de la Constitución, específicamente el inciso 4 de su artículo 2. La libertad de expresión alcanza a todos, a los ciudadanos, a los partidos políticos, a las ONG, a los entes religiosos, sociales, académicos y, en general, a quienes deseen manifestar sus puntos de vista. ¿Por qué entonces se quiere privar al gobierno de esa libertad? La sinrazón se cae de madura jurídica y constitucionalmente pero además en el plazo práctico. cuando se le recorta su derecho de informar al público.

El gobierno central, los gobiernos regionales y locales deben dar cuenta de sus acciones por obvias razones. No es razonable decir que para eso es suficiente la publicidad en El Peruano, Radio Nacional y canal 7, por mucho lleguen a la mayor parte del territorio del país. El Peruano es el boletín oficial para la publicación de las normas legales y por esa razón es comprado por los profesionales y las empresas. Tiene además una sección de avisos públicos de la más diversa naturaleza  examinada por los sectores interesados. Pero su circulación es limitada. Conforme a las mediciones de audiencia los medios de mayor difusión hoy son la radio y la televisión comercial, sin perjuicio de las redes sociales que están a la mano de toda la población.

El proyecto de Mulder pretende recortar el derecho del gobierno a dirigirse a la población, reduciéndolo al silencio para llevarlo a la impotencia. Es una violación de la libertad de expresión sin antecedentes en la historia peruana reciente. Viola, incluso, el artículo 44 de la Constitución sobre los fines del Estado.

Por cierto, durante el gobierno de Alan García nunca hubo ninguna restricción de esa naturaleza; menos en los gobiernos anteriores y posteriores. Ahora se quiere arrinconar a la administración pública a un nivel inconcebible en perjuicio de sus más elementales tareas de gobierno y no deja de ser sintomático que el congresista Becerril simpatice a título personal con la iniciativa. La opinión pública debe movilizarse para que no prospere.

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