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Tribunal Constitucional: justicia roja

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¿Quién podrá salvarnos de las decisiones de este órgano altamente politizado?



La película “Justicia Roja” (“Red Corner”-1997), dirigida por Jon Avnet, es la historia de un abogado norteamericano, Jack Moore (interpretado por Richard Gere), quien visita Beijing para cerrar un importante negocio. Tras pasar un largo día de negociaciones con sus potenciales socios chinos, tiene una noche de placer con una joven china  que amanece muerta en su habitación, siendo por ello acusado de su asesinato.

Como el sistema judicial chino es muy distinto al occidental (no hay independencia de poderes y todos son miembros del sector público pertenecen al Partico Comunista de China), necesitará la ayuda de la abogada de oficio (Ling Bai) frente a una acusación que puede costarle la vida. Luego de una dura batalla legal, sale libre descubriéndose que sus potenciales socios le habían tendido una trampa y que contaban con un poder judicial, adscrito a los intereses del partido, que les sería funcional en sus entramados: extorsionar a la empresa extranjera para que haga lo que ellos deseaban.

Pero, a veces, la ficción se queda corta frente a la realidad. Es lo que sucede con la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso “El Frontón”, que muestra el peligro de contar con un tribunal altamente politizado sin capacidad para atender con objetividad y madurez los casos que se le presentan. En el año 2013, el TC había declarado fundada una demanda de hábeas corpus que dejaba sin efecto la decisión del Poder Judicial de abrir instrucción contra un grupo de militares, que habían participado en el debelamiento del motín realizado en el penal Santa Bárbara (El Frontón) en el año 1986, durante el primer gobierno de Alan García. Todo esto mientras se realizaba el Congreso de la Internacional Socialista en Lima. 

El TC había considerado en su sentencia —firmada por los entonces magistrados Vergara, Mesía, Calle y Álvarez— que los sucesos de El Frontón no podían ser reconocidos como crímenes de lesa humanidad y por tanto no gozaban de imprescriptibilidad. Por otro lado, el estatuto de la Corte de Roma (corte penal internacional) es muy posterior a los hechos de El Frontón, por lo que no se le podía aplicar retroactivamente.

Luego de publicada la sentencia, algo raro pasó: el secretario relator, Dr. Óscar Díaz Muñoz (sí, el mismo que actualmente es procesado por la falsificación de la sentencia de los bonos agrarios de julio 2013), “olvidó” dar cuenta al pleno del tribunal los recursos presentados al mismo los días 16 y 20 de setiembre del 2013 y encarpetó el caso hasta el ingreso de los nuevos magistrados del tribunal. Sospechoso, ¿no es cierto?

Así, con fecha 5 de abril de 2016, el TC dictó una nueva resolución, firmada por los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma, que deciden anular ilícitamente el voto del magistrado Vergara, consignado en la sentencia anterior y con ello dejar sin efecto la sentencia, con lo cual, autorizan al Poder Judicial a juzgar a los militares denunciados por el caso El Frontón. El argumento para la anulación del voto de Vergara es, según los nuevos magistrados firmantes, que votó por declarar fundado el hábeas corpus, cuando en realidad votó en contra. En resumen: entiendo que no dijo lo que dijo. Una clara cantinflada.

La falta cometida por los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma es inmensa porque se irrogan la “novedosa” facultad de “interpretar” el voto de un magistrado; y con ello anulan una sentencia que tenía todos los elementos de legalidad. Peor aún, constituía cosa juzgada, que se supone es inamovible.

Lenin decía: “Karl Marx concibe el movimiento social como un proceso natural regido por leyes que no solo son independientes de la voluntad, de la conciencia y de la intención de los hombres sino que, además, determinan su voluntad, su conciencia y sus intenciones”. Esta parece ser la fuente de influencia ideológica de estos cuatro magistrados que administran justicia en el Perú del 2017.

Analicemos el pasado de los personajes involucrados y veremos la ideología o influencia marxista: Miranda fue un conspicuo líder de izquierda en sus años universitarios; Ramos Núñez tiene claras influencias marxistas; Espinosa siempre fue rosado y ahora se muestra como un caviar consumado; en cuanto a Ledesma, le viene en el ADN. Estos magistrados ya mostraron su real careta, cediendo a las presiones del imperialismo de las ONG de derechos humanos (todas ellas de claro sesgo izquierdista), las cuales dominan uno de los últimos bastiones para seguir recaudando fondos de la cooperación internacional.

El problema para la sociedad peruana es que la base roja del TC definirá en última instancia controversias entre privados, entre privados y el Estado, conflictos sobre inversiones, derechos de propiedad, reclamos frente a reguladores y entes recaudadores de tributos/tasas, etc. Con esa visión, ya sabemos dónde van a parar los reclamos de los ciudadanos y el Estado de Derecho.

¿Puede alguien detener a esta “justicia roja” en el TC? La única forma sería plantear una denuncia constitucional contra los magistrados cantinflescos, pero lamentablemente la mayoría fujimorista no nos defenderá de estos magistrados. Están totalmente atarantados por los periodicazos del 5 de abril y tratando de aprobar una absurda ley de prensa.

¿Quién podrá salvarnos?

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