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En la Fiscalía se ha cimentado un poder fuera de control que como todo poder absoluto corrompe absolutamente. Ni más ni menos, como el de un tiranía.



El último fin de semana el fiscal José Domingo Pérez dio una entrevista que releva de mayores comentarios las ínfulas y mentalidad sin matices de un personaje cuyo trabajo es servir a la administración de justicia en la que es necesario tener todos los matices del mundo para no caer en la injusticia. Pérez salió para decir que no actúa bajo presión política de nadie. Esto debido a los comentarios de varios analistas sobre la oportunidad de la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer, –considerada arbitraria por tirios y troyanos– justo cuando el gobierno de Vizcarra se desploma en aprobación ciudadana.

Pérez fue muy crítico del comunicado de casi todos los exministros de PPK, quienes le dieron su apoyo y señalaron la inconstitucionalidad de la medida de prisión preliminar del fiscal. El fiscal afirmó que esta intromisión del poder político es “muy peligrosa” para la justicia.

Pero para Pérez las intromisiones del “poder político” no son muy peligrosas cuando le convienen a él. Por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra interrumpió su visita oficial al Brasil –dejando plantado a su anfitrión el día de su toma de mando– para regresar al Perú y pedir la destitución del entonces fiscal de la Nación por haberle quitado la confianza precisamente a Pérez. Y, entonces, con ese aval del poder político más importante del Perú (¿frente al presidente de la República qué son unos simples exministros?), Pérez empezó a hacer lo que le dio la gana con total impunidad.

Hoy mismo lo ha vuelto a demostrar en la audiencia de apelación de la prisión preliminar de PPK cuando, utilizando las celadas que lo caracterizan –así fue como tomó presa a Keiko Fujimori y quería hacerlo con Alan García–, pidió de improviso prisión preliminar para Kuczynski, de tal forma que lo que su defensa iba a argumentar quedara como “periódico de ayer” y no sirviera para nada. Una leguleyada de lo más basta. Para Pérez, según su propio decir, la cárcel es lo único que permite que los investigados preliminares sigan físicamente en todo el proceso, incluso antes de que este mismo proceda.

El fiscal no cree en el impedimento de salida del país, por ejemplo. Su lógica es básica. Como varios que tenían impedimento de salida del país se han fugado, ergo, la reja debe ser la regla del arraigo. Por eso cuestiona como si fuera Dios la casación de la Corte Suprema que considera la detención como lo que es y siempre debe ser: una excepción. Los “argumentos” de Pérez son cantinflescos, lo que sería gracioso si no fuera porque varios están presos por ellos.

Para la detención preliminar de PPK afirma que una de las razones de convicción que lo llevaron a solicitar la prisión preliminar (y hoy la preventiva) es que PPK pidió judicialmente que le permitan salir del país para realizarse un tratamiento médico en Estados Unidos. Para Pérez, eso demuestra que PPK tenía intención de fuga. Nada importa que el expresidente haya solicitado que se le levante el impedimento de salida del país por el conducto regular de un juez y que para remate el fiscal de turno se haya allanado al pedido. Para Pérez, esto es “sospechoso” (como todo aquel que le lleve la contra) por lo que hoy –con el aval político e institucional que tiene Pérez en el MP–el que ose no decirle amén en la Fiscalía termina siendo investigado. ¿No que los fiscales eran independientes?

En síntesis, en la Fiscalía se ha cimentado un poder fuera de control que como todo poder absoluto corrompe absolutamente. Ni más ni menos, como el de una tiranía.

Imagen tomada de Runrunes

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