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“Te bajamos el sueldo y el pueblo estará contento”

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No basta conque la Ley de Contrataciones con el Estado tenga un reglamento tan castrante y con tantos impedimentos para los funcionarios y sus familias; ahora quieren proponer la reducción de remuneraciones de los ministros de Estado.



Hablar de los salarios de los funcionarios públicos y relacionar esto con cualquier otro propósito más allá de mejorar su eficiencia y competitividad de gestión siempre viene bien para “conectar” con la población. Eso vende; es innegable.

Hace unos días la congresista Janet Sánchez (PPK) declaró su intención de presentar un proyecto de ley que conlleve a la reducción de las remuneraciones de los ministros de Estado, con el objetivo de homologarlos a los del Parlamento bajo un principio de justicia y transparencia. Del mismo modo, aduciendo que este ahorro de las diecinueve carteras “podrá utilizarse para otras causas como llevar servicios básicos a las poblaciones más vulnerables, incrementar el presupuesto a los bomberos”, entre otros.

“Servir al Estado debe de ser una vocación de servicio. Ni el presidente gana igual que un ministro, pese a ser el máximo rol en el Estado”, recalcó Sánchez para agregar que este sería el primer paso de un paquete de reformas a impulsarse.

Y es que si el presidente no gana de acuerdo con el poder que representa es debido a una medida enteramente populista dada en el segundo gobierno de Alan García: el cual se redujeron los salarios de mandatario, ministros y otros altos funcionarios… por pura demagogia, a mi parecer. Desde el lado de la consultoría política, en ese momento era conveniente para García generar un clic con la ciudadanía que arrastraba aún el resentimiento y desconfianza de su primer gobierno. En ese sentido –y a diferencia de los ochenta–, tenía que dar un mensaje de austeridad.

Sin embargo, ¿acaso eso redujo la corrupción? ¿Significó un mega ahorro para el país? ¿Atrajo a las luminarias para hacer carrera pública? Cero.

Juan Sheput, exministro de Trabajo y actual congresista oficialista, opina: “Hay evidencia fáctica que demuestra que las buenas remuneraciones reducen los actos de corrupción. La formación y especialidad tienen que ser correctamente remuneradas”. Como están dadas las reglas en Perú, para pocos es atractiva una abnegada labor en el aparato estatal y “atraer a gente del sector privado implica generar un clima de más conveniencias que riesgos”.

“Cuando los beneficios son mayores para gente de prestigio que viene de la estabilidad del sector privado, se eleva consigo el nivel de las Instituciones. Con ello también se genera una clase de servicio público muy superior”, añade Sheput.

Tampoco se ha analizado el tema de fondo, que viene a ser la constante problemática –que afecta también al actual Gobierno–: no existen buenos cuadros que quieran aceptar cargos de máxima confianza como los ministeriales. En realidad no es que no haya, sino que a pocos les conviene. Y precisamente porque en vez de plantearles condiciones atractivas, la inestabilidad los espanta y los sueldos se quedan cortos en comparación a lo que producen en otras lides. Están sometidos a una Ley de Contrataciones con el Estado cuyo reglamento es tan castrante y con tantos impedimentos para ellos y sus familias, que ejercer una labor pública HONESTA se convierte en suicidio colectivo hasta un año después de entregado el cargo.

Eso sin contar el nivel de riesgo legal que conlleva tomar decisiones en el aparato Ejecutivo, pues nadie está exento de enfrentar denuncias que puedan decantar en varios años de litigio. Es más, lo más probable es que en caso de requerir defensa jurídica la termine pagando de su propio bolsillo el mismo extitular de cartera.

Y la cereza de la torta: cuando eres ministro de Estado –como si fuera algo malo– ingresas de inmediato al blacklist de todas las entidades bancarias con el emblema de “personaje político de alto riesgo”. Tan claro como el agua; e infiero que pocos lo sabían. Adiós, cartas fianzas; bye-bye, línea de crédito. Entregado el cargo podrán pasar doce meses y aún la situación con los bancos demandará mil y un procedimientos para recuperar el estatus de cliente “normal”. Sí: tan igual como si se tratase de antecedentes penales y todo por cumplir con esta hermosa pero también limitante “vocación de servicio”.

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