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¡Basta de privilegios en las universidades!

El Congreso cometería un gran error si aprueba "Ley Cotillo".

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¡Basta de privilegios en las universidades!

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Me he opuesto a la nueva Ley Universitaria conocida como “Ley Mora” desde su génesis. Y lo he hecho porque, a base de mi experiencia como docente universitario de casi un cuarto de siglo, considero que la mayoría de cambios introducidos en ella no mejorarán la educación universitaria. Y no lo hará porque el sector universitario necesita ser tratado como otros sectores que sí han progresado: liberalizándose en su mayoría, con regulaciones puntuales, en vez de estatizarse más, que es lo que hace esta ley.

Sin embargo, si algo poco de bueno traía la nueva Ley Universitaria es que acababa con los feudos impuestos por ciertos rectores atornillados por años y años a base de una pantomima de democracia interna que los mantiene en el poder para asimismo, conservar en posiciones de privilegio a quienes maman de la misma ubre. Consolidaron así impenetrables feudos con muchísimo poder; igualito que como Burga manejaba la Federación Peruana de Fútbol.

Tanto poder tienen que hasta el Apra, que debería concentrarse en no torpedear la candidatura de su líder, promueve la denominada “Ley Cotillo”para salvarle el cuello a un grupúsculo de rectores rebeldes que no quieren dejar el cargo apelando a interpretaciones leguleyas de la ley. Desperdicio de capital político para defender el puesto de unos cuantos profesores privilegiados que quieren seguir haciéndola de reyezuelos.

Pienso que esta Ley Universitaria requiere que el próximo Congreso la revise profundamente y hasta que la reemplace por otra. Pero lo cierto es que, más allá que algunos perdimos el debate, esta es ahora la ley. Y debe cumplirse. Así trabajan las democracias, nos guste o no.


¡Yo confisco!

Es el verbo más conjugado por algunas entidades del Estado, que cobran tasas absolutamente escandalosas y desproporcionadas por sus "servicios".

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Es el verbo más conjugado por algunas entidades del Estado, que cobran tasas absolutamente escandalosas y desproporcionadas por sus "servicios".
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¡Yo confisco!

Es el verbo más conjugado por algunas entidades del Estado, que cobran tasas absolutamente escandalosas y desproporcionadas por sus "servicios".

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La OEFA y el Osinergmin van ganando la carrera de confiscación por galope. A setiembre de 2016, el último había recaudado setenta millones por Aporte por Regulación (AxR) y solo había gastado uno... ¡de no creerlo! Por supuesto, estos ricachones sin capacidad de gasto no pierden el tiempo y rapidito disponen transferencias presupuestales al MINAM y a algunas otras privilegiadas. ¿De dónde cree usted, señor lector, que salieron los veintiún millones que financiaron  la COP20?

Revisemos algunos escenarios generados por este aporte:

1. Las empresas en exploración no contribuyen con el AxR sino que pagan directamente por los servicios de fiscalización. Sabemos que la estructura de costos que utilizan para calcularlos es muy cuestionable. ¿No sería más coherente tener un arancel y evitar liquidaciones a la medida?

2. El objetivo de las supervisoras es contribuir con la optimización de las acciones de remediación y compensación ambiental. Si han sido ungidos con este regalo bendito llamado AxR y básicamente se dedican a fiscalizar a  aquellas que pagan por los servicios directamente, ¿Es o no un aporte disfrazado de impuesto? ¿Es o no una contribución “confiscatoria”? 

3. Las labores de fiscalización generalmente son muy similares. Hay una evidente discriminación si las empresas pagan montos distintos por la misma actividad. No se está considerando que la facturación de las empresas es variable y que este año se verá incrementada  por el mayor precio de los minerales. Deben estarse frotando las manos: estas entidades generan una jugosa caja chica... quizás hasta les alcance para cubrir la brecha que generará la reducción del IGV.

Ya toca fijar los porcentajes del AxR para los próximos tres años y sabemos de buena fuente que van a utilizar las mismas “cómodas” variables. Están contra el tiempo; el facilismo legislativo de la improvisación siempre es la boya salvadora pero —abran los ojos— no hay mayor traba para la inversión que los costos abusivos por parte del Estado y, a más inri, desnaturalizados por la desviación de su destino. Deberían ser los primeros en la lista de la simplificación. ¡Que no se les escape el elefante entre las piernas!

Y mientras tanto, el Frente Amplio ha emprendido una cruzada para reforzar el omnipotente poder sancionador de OEFA. Piensan que privilegiar la prevención y las medidas correctivas es perder el tiempo. ¡Ellos quieren que se multe! Es la danza de los millones: una gran irresponsabilidad que merece inmediata atención.


Tres abusos de cada día (¿alguien se escandaliza?)

¡Peajes, estacionamientos y multas!

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Tres abusos de cada día (¿alguien se escandaliza?)

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1. ¿Los peajes son un gran negocio?

No solo eso. Nadie sabe cuánto se recauda al día, en qué se invierte el dinero recabado, cuánto se gasta al mes por el servicio brindado, si es que existe una “doble facturación” en las casetas, si la plata es utilizada en otra cosa. Para colmo, contiguas a una caseta de peaje vemos calles o avenidas laterales en pésimo estado a propósito, muchas de ellas literalmente abandonadas siempre en complicidad con el peaje. Y las entradas directas cercanas al peaje suelen estar obstruidas.

¿Por qué se hace eso? ¿Quién lo ordena? ¿Por qué se hace con premeditación y alevosía?

El problema no es solo el peaje, sino la complicidad de los municipios. Las administraciones cambian cada cuatro años, pero esa política de favorecimiento a la empresa privada encargada de administrar el peaje continúa. Y este abuso sucede a la vista de todo el mundo y no pasa nada. ¿No debería regularse esto?

2. ¿Las playas de estacionamiento son el otro gran negocio?

Hoy en día hay playas de estacionamiento que cobran hasta 20 soles por hora. Repito: 20 soles. Y no pasa nada.

Increíblemente, en los alrededores de estas playas los municipios se han encargado de cerrar cualquier acceso para estacionar sin costo. Una ciudad ordenada debe tener espacios regulados para estacionar, pero aquí lo que ha habido es la implementación de un negocio privado de estacionamientos. Salir a tomar un café, ir al cine, salir de compras, etc. puede terminar costando más por aparcar  que por la actividad misma. Y esto sucede a la vista de todo el mundo y no pasa nada. ¿No debería regularse esto?

3. ¿Las multas metropolitanas son también un gran negocio?

Es impresionante la cantidad de dinero que se recaba a través de multas de tránsito o de intervenciones vehiculares, siempre desde una lógica punitiva mal entendida: se trata de una política sancionadora mercantilista que crea en las familias afectadas caos, frustración, desesperanza, chantajes, coimas y pobreza familiar.

Hablo de conductores particulares, no de servicios de transporte. Y es que el municipio cobra por intervención, por grúa, por internamiento, por custodia, multa adicional porque no se informó de un cambio de domicilio, también por depósito del vehículo, por entrega del automóvil, y además por concepto de intereses... ¡como si fuera banco! Cabe preguntarse: ¿Qué se hace con esa plata? ¿Dónde va? ¿Cómo es administrada? ¿Qué instituciones la usufructúan?

Hay sanciones administrativas (con moras e intereses) que para una familia pueden llegar a costar el equivalente a cinco o seis meses de colegio de uno de sus hijos. Cuando, en realidad, debiera tratarse de una acción municipal educativa que conduzca al cambio, al aprendizaje, al desarrollo de una responsabilidad no asumida, no a un asalto municipal. Y este abuso sucede a la vista de todo el mundo y no pasa nada.

Por supuesto, en esta lista existe un largo etcétera: temas que necesitan regulación YA.