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¿Y la regionalización?

No podemos seguir manteniendo la excesiva cantidad de veinticinco gobernadores, la cual no hace más que alimentar la corrupción y la burocracia.

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No podemos seguir manteniendo la excesiva cantidad de veinticinco gobernadores, la cual no hace más que alimentar la corrupción y la burocracia.
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¿Y la regionalización?

No podemos seguir manteniendo la excesiva cantidad de veinticinco gobernadores, la cual no hace más que alimentar la corrupción y la burocracia.

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El Perú ha sido (y seguirá siendo) un país unitario y centralista. Razones históricas, geográficas y étnicas obligan a esto dándole en cierta forma la razón a Jorge Basadre, quien decía que sin el unitarismo centralista el Perú no sería el Perú[1]. Esto no quiere decir, sin embargo, que no deba existir en el país un proceso de regionalización que permita una más justa distribución de la riqueza generada.

Las constituciones de 1828, 1872 y 1886, liberales como los modelos franceses mal copiados, fueron el primer y último intento de aplicar la descentralización en el Perú ya que desde Leguía en los años veinte del siglo pasado ningún gobierno realmente se interesó por el tema, hasta hoy. 

Víctor Andrés Belaunde[2] sugirió que debían existir regiones en base a criterios económicos, no políticos ni históricos. Menciona una región petrolera que debía estar conformada por Piura y Tumbes, una región azucarera por La Libertad y Lambayeque, una región del algodón y la vid por Lima e Ica, la región del tráfico internacional por Arequipa, Moquegua y Tacna, la región del cobre por Tarma (Junín) y Huamanga (Ayacucho) y la región del sur por Cuzco, Apurímac y Puno.

Si bien es cierto que hoy ni el petróleo ni el algodón son preponderantes en los ingresos del país, sigue vigente el criterio económico o de clúster para una correcta delimitación de unas cuatro a ocho regiones en el país. Usando además de los criterios económicos los de identidad, seguridad, geografía, de recursos naturales y de infraestructura, el proceso debe continuar y no seguir manteniendo el número de veinticinco gobernadores, el cual no hace más que alimentar la más miserable corrupción e ineficiente burocracia que jamás haya vivido el Perú.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promulgada en el 2002 bajo Toledo, implementada contra viento y marea y a las patadas, nació mal y como era de esperarse sigue mal. Más del 50% de los gobernadores están en la cárcel o tienen serios cuestionamientos. El cronograma de consolidación de macrorregiones vía referéndum ha sido cancelado sin que nadie objete públicamente el asunto. Claro: los intereses por mantener los autos oficiales, sueldos, oficinas y otras gollerías además de la chapa de gobernadores,  es harto atrayente. 

Este gobierno está llamado entre tantas otras cosas a retomar el tema y consolidar al país regionalmente siguiendo la sabiduría de sus estudiosos de la realidad nacional.

[1] Basadre, Jorge/Perú: Problema y Posibilidad

[2] Belaunde, Víctor Andrés/La Realidad Nacional