Menu

Resultado de busqueda

¡Dos veces cuidado!

¿Dónde está la lucha contra la corrupción con firmeza y sin excepciones prometida por este gobierno?

LEER MÁS
¿Dónde está la lucha contra la corrupción con firmeza y sin excepciones prometida por este gobierno?
LEER MÁS

¡Dos veces cuidado!

¿Dónde está la lucha contra la corrupción con firmeza y sin excepciones prometida por este gobierno?

LEER MÁS

Si la bandera de este Gobierno es combatir la corrupción con firmeza y sin excepciones, tienen que dar muestras en la cancha con hechos concretos. No se trata solo de pontificar y quedar bien para la foto.

1.- Recientemente Pablo de la Flor, director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha declarado: “Vamos a trabajar con todas aquellas empresas que no estén impedidas de contratar con el Estado”.

Me permito recordarle que a la fecha existen múltiples compañías que han sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado y que siguen participando en licitaciones y contratando con el Estado, amparadas por medidas cautelares otorgadas (¿irresponsablemente?) por el Poder Judicial. No es un tema reciente: algunas sociedades mantienen procesos de amparo desde hace más de diez años. La OSCE no tiene otro camino que cumplir con el mandato judicial, aun a sabiendas de que se está cometiendo una arbitrariedad y generando un perjuicio a las empresas competidoras que sí han cumplido rigurosamente con las exigencias técnicas y patrimoniales requeridas en el proceso. Están contratando con el Estado: es dinero de todos los peruanos, pero parece que a algunos jueces solo les interesa el billetito que ingresa a su bolsillo.

Generalmente se trata de empresas que presentan información falsa e inexacta, vale decir que no cumplen con las calificaciones técnicas, patrimoniales o profesionales exigidas por las bases, en función a la magnitud de las obras. ¿Ello explicará las carreteras con capas asfálticas casi invisibles o los puentes que no soportan una emergencia?

Con igual ligereza pueden actuar ciertos tribunales arbitrales que también ostentan la facultad legal de suspender un proceso sancionador. Es inaceptable que esta situación se mantenga; la lucha contra la corrupción implica absoluta rigurosidad y firmeza. ¿Alguien en el Ejecutivo asume la responsabilidad o se distraen sin querer-queriendo?

2.- Asimismo, Pablo de la Flor ha declarado: “Felizmente tenemos en el Perú un importante número de empresas que no han sido afectadas por las olas expansivas del escándalo de corrupción”.

En febrero pasado, la ministra de Justicia anticipó que en virtud de los dispuesto por el D.U. 003-2017 Graña y Montero y las otras empresas que están siendo investigadas por el caso Odebrecht podrían seguir contratando con el Estado hasta que se defina su situación legal y haya una condena definitiva, sobre la base de la presunción de inocencia. Vale decir: no basta que existan indicios evidentes —¿clamorosos?— para inhabilitarlas, o por lo menos descalificarlas para la contratación con el Estado. Parece olvidar que mientras la obra privada es problema de a dos, la pública afecta a todos los peruanos.

Hace pocos días, la procuraduría ad hoc del caso Odebrecht interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público contra Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., así como sus representantes legales, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

De acuerdo con lo declarado por la ministra Pérez Tello y recientemente por el ministro Zavala, estas tres compañías pueden seguir contratando con el Estado y participando en los procesos que, en el más breve plazo, se convocarán para la reconstrucción.

Pregunto: ¿qué sucede si en el transcurso de la ejecución de las obras, estas empresas son halladas culpables y condenadas? ¿Habría que convocar a un nuevo concurso? ¿Se preverá sustitutas automáticas para que no se generen retrasos? Si tienen las mismas calificaciones, ¿por que no se las contrata directamente?

De presentarse este supuesto, ninguna fianza o garantía evitará demoras, reclamos y decepción de la población expectante. ¿Para qué arriesgarse? ¿O es que todo está perfectamente diseñado para que este proceso judicial de colusión y cualquier otro que se interponga tenga la finalidad de bajar la presión y dure años de años? ¿O quizá se espera que termine muy rápido y sin ninguna responsabilidad, como regalándoles a estas empresas la oportunidad de volver a nacer?

¿Por qué no curarse en salud y solo invitar a empresas impolutas y lejanas de toda corrupción? ¿Para qué complicar el proceso de reconstrucción? ¡Señor de la Flor, usted debería tener la última palabra!


Cinco reflexiones sobre "Obras por terrenos"

Obras sí, ¿pero a cualquier costo?

LEER MÁS
Obras sí, ¿pero a cualquier costo?
LEER MÁS

Cinco reflexiones sobre "Obras por terrenos"

Obras sí, ¿pero a cualquier costo?

LEER MÁS

¡La palabra “obras” atrae y enamora! Implica inversión, desarrollo y empleo, pero en un marco de normas confusas y apresuradas puede convertirse en una máscara seductora que esconda enriquecimiento indebido y aprovechamiento de vacíos en la legislación. Da pie a que algunos funcionarios y sus secuaces puedan hacerse de la vista gorda para luego redistribuir culpas, deshacerse en excusas y, con alguna suerte, eludir la justicia. Debemos ser muy cuidadosos: no nos podemos arriesgar nuevamente. ¡A río revuelto, ganancia de pescadores!

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo “Obras por terrenos” (consecuencia de la exclusión de la Ley de Reconstrucción con Cambios) tiene como finalidad promover inversión privada en infraestructura y servicios, destinados al manejo integral de cuencas y quebradas para prevenir y/o minimizar riesgos de desastres en los ríos. ¿Y por qué ha generado tantas críticas? ¿No se supone que replica el exitoso modelo de Obras por Impuestos? ¿No hemos asumido que estas medidas de prevención y mitigación son un imperativo nacional, a pesar de los costos? ¿No nos da tranquilidad que se implemente dentro del marco jurídico dispuesto por el DL 1224, que regula las APPS y los Proyectos en Activos?

Algunas reflexiones:

1. Integrantes de FA se opusieron a él sobre la base que es imposible llevar a cabo esta iniciativa sin una Ley de Reordenamiento Territorial. ¡Y es una observación válida! Como señala Franco Giuffra en artículo publicado en El Comercio el jueves 1 pasado: “¿Por qué diablos la gente se mete a vivir en lugares peligrosos? ¿No se dan cuenta que han puesto su casa en el cauce de un río? [...] Durante los últimos sesenta años la provisión de tierra urbana de forma planificada y ordenada por parte del Estado ha sido cero”. Hasta los distritos más pudientes del país han crecido en forma inorgánica y desordenada.

2. Ha sido cuestionado por sendos analistas políticos desde sus columnas en Perú21, destacando que son sensibles y poco claros (¿o inexistentes en la norma?) los factores que se utilizarán para la priorización de proyectos y para la valorización de los terrenos. ¡Es que el artículo 6 cambia la foto! Dispone que la compensación por las obras no necesariamente se limitará a los terrenos regenerados sino que podrá incluir otros terrenos del libre disponibilidad.

Quizás terminan pagando con las “joyas de la corona” y recién nos daremos cuenta en diez años: hechos consumados y luego a cargar con el muerto para siempre. Algo así como la costosísima Interoceánica que nadie usa.

3. En efecto, hoy existe mucha suspicacia y una evidente falta de confianza porque todo huele a “negociado” y a segundas intenciones (según el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, el Perú está en el puesto 101 de 166 países). El pago en especie es una figura legal regulada en nuestro Código Civil, pero hay que ser singularmente cuidadosos con las valorizaciones.

4. La Exposición de Motivos de la norma brinda información estadística del Senamhi en el sentido que en los últimos 35 años este fenómeno se ha presentado 14 veces, dos de ellos con carácter extraordinario (1997 y 2017). Nos podríamos retrotraer a lo ocurrido en los años 1925 y 1926, denominado por el hidrólogo Arturo Rocha Felices como el “primer mega Niño del siglo XX” cuyas catastróficas lluvias en el litoral peruano captaron la atención del mundo entero. Casi cien años mas tarde, nada ha cambiado. En lugar de Augusto B. Leguía tenemos a Pedro Pablo Kuczynski de presidente, pero igual hay que hacer colosales obras de reconstrucción con una “Caja Fiscal” limitada. Se va a apelar al 50% del FEF pero quedará corto, más aún si contra viento y marea se ha decidido seguir adelante con los Panamericanos.

5. Una de las supuestas bondades de la norma es la evaluación costo-beneficio. Se establece que no genera gastos al tesoro público ni obligaciones o pasivos de parte del Estado, solo el compromiso de transferir la propiedad de los terrenos. ¿Y acaso esas tierras no tienen valor? ¿No constituyen patrimonio de la nación?

Me pregunto: ¿no sería preferible recurrir a mecanismos de endeudamiento externo como bonos o papeles comerciales para generar fondos, en lugar de equivocarnos con normas apresuradas que podrían abrir la puerta a la corrupción, una vez más?


Reconstrucción política

Urge que las fuerzas negocien para evitar que se consolide la desconfianza en la democracia misma.

LEER MÁS
Urge que las fuerzas negocien para evitar que se consolide la desconfianza en la democracia misma.
LEER MÁS

Reconstrucción política

Urge que las fuerzas negocien para evitar que se consolide la desconfianza en la democracia misma.

LEER MÁS

¿Dónde están los cientos de miles de peruanos que fueron afectados por los desastres naturales en el norte? Lo preguntamos hace algunas semanas porque lamentablemente se han tornado invisibles para la ciudadanía, que no sabe qué pasó con ellos y cómo pasamos en la solidaridad del primer momento de una sola fuerza al olvido: los hemos dejado a su suerte dos meses después sin que nadie reclame por los reflectores mediáticos ausentes.

Se ha hablado mucho de la reconstrucción con cambios, pero esta no puede ser solo de fierro y cemento sino de casas, hogares, escuelas, trabajos, cosechas, créditos, etc. etc. Una reconstrucción social humana junto a una reconstrucción moral de autoridades e instituciones que han perdido la confianza porque son ineficientes, corruptas o simplemente irresponsables o insensibles.

Todo esto forma parte de una agenda importante y esencial para los peruanos que también debería serlo para el fujimorismo y para el gobierno de PPK, en pugna incontrolable y permanente. En lugar de que el Congreso se dedique a jugar el bowling con los ministros de PPK y de que este permanezca a la defensiva maquinando como recuperar la iniciativa política para responder a los agravios, ambas fuerzas deberían unirse para hacer frente a las secuelas de la emergencia tan dolorosas para cientos de miles de peruanos que no por no estar en la atención mediática han dejado de existir.

Y no solo eso. El momento es más que delicado porque los conspiradores extremistas de un lado y del otro lo hacen propicio para las soluciones radicales, colocando a un gobierno que recién cumplirá un año en difícil situación. El fujimorismo puede estar usando mal su avasalladora mayoría parlamentaria pero también es cierto que el gobierno le sigue el juego avanzando de amenazas simples a amenazas dobles. Al activar el péndulo de la presunta vacancia y el presunto cierre del Congreso ingresamos a un juego de suma cero que de hecho podría llevarnos a una debacle nacional.

Imperativamente la reconstrucción también debe ser política. Lo deseable es que PPK empiece el diálogo y la negociación secundado por un gabinete de ancha base, desde el cual sus operadores implementen respuestas y negociaciones a partir de un acuerdo programático que el país exige a gritos para salir del hoyo, para atender a los damnificados que hoy son refugiados en su propio país y para lograr el avance en los objetivos que compartimos, especialmente bienestar y seguridad.

Competir desde el poder significa negociación y acuerdo, sin descuidar la lucha, el conflicto y el antagonismo. La política nos trae ambas dimensiones y la población vigila, observa y premia a quienes tienen la habilidad de lograr la suma positiva del consenso y no la permanente exacerbación del conflicto antagónico.

Está visto y oído que hacer política no es solo aplicar técnicas de manejo económico o de gobierno; es trabajar muy fino y negociar, ojalá desde sólidos y consistentes equipos de ambas fuerzas, para hacer realidad tantas promesas electorales que podrían quedarse en el camino llevando a la frustración a toda una nación y, lo que es peor, a la desconfianza en la democracia misma.