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Siembra vientos, cosecha tempestades

Humala nunca supo calcular que esos compromisos antimineros de campaña le reventarían en la cara una vez llegado al poder.

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Humala nunca supo calcular que esos compromisos antimineros de campaña le reventarían en la cara una vez llegado al poder.
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Humala nunca supo calcular que esos compromisos antimineros de campaña le reventarían en la cara una vez llegado al poder.

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Cuando en el año 2011 el entonces candidato Humala, hoy presidente del Perú, apoyaba cuanto reclamo antiminero se le cruzaba en su agenda de campaña, nunca llegó a calcular que llegado al poder todos esos compromisos le iban a reventar en la cara.


Primero fue Conga liderado por el gobernador regional Goyo Santos, otrora aliado de Humala. El mal manejo de la negociación y la tibieza para enfrentar el conflicto dejaron como saldo 5 muertos, la pérdida de una inversión valorizada en US$4,800 millones y, como colofón de la crisis, la reelección de Santos en la región Cajamarca. Después, llegó el turno de Espinar en el Cusco, un conflicto social que trajo como consecuencia tres muertos. A este, le siguió el de Madre de Dios y los mineros informales, los mismos que apoyaron con dinero la campaña de Humala. El resultado: tres muertos más.


Ahora, es Tía María que lleva ya dos muertos, decenas de heridos y sin ninguna solución a la vista.


Todos estos hechos revelan la orfandad del gobierno, que adolece de experiencia para gobernar, de falta de diálogo con otras fuerzas políticas para generar consensos y —lo más grave aún— prueba que Humala ha abdicado de su rol de conductor del país cuando decidió compartirlo con su esposa, situación que se evidencia en el vacío absoluto de liderazgo y firmeza para dar respuesta a los problemas y enfrentar las crisis.


La búsqueda desesperada del poder por parte del binomio Humala-Heredia hizo que durante su campaña se convirtiesen en los adalides de la protesta antiminera. Esa irresponsabilidad hoy muestra sus consecuencias: varios muertos en el país, paralización de inversiones y, por ende, el freno de la economía: menos empleo y el retroceso en la reducción de la pobreza.


Humala ha quedado, entonces, personificado ante la Nación como un gobernante timorato y sin autoridad, devaluado en su función e incapaz de dirigir el desarrollo y bienestar de la patria.


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El 19 de febrero de 2003, se dio inicio a una denuncia internacional contra el Estado Peruano por la alegada ejecución de 3 terroristas en manos de agentes del Estado los comandos— cuando no representaban ningún peligro, durante la operación de rescate Chavín de Huántar acontecida en 1997. Hoy, tras 12 años de peregrinaje, ha concluido la fase internacional con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso exigía dar solución a dos grandes problemas: la muerte del terrorista llamado Tito en manos aún no identificadas y el cuestionamiento a la intervención de la justicia militar para investigar ejecuciones extrajudiciales. Todo ello en medio del reclamo legítimo de la ciudadanía para preservar una actuación heroica de rescate de rehenes que habían sido sometidos a tortura sistemática.

La Corte ha sancionado al Estado Peruano por haber vulnerado el derecho a la vida del camarada Tito, por haber utilizado la justicia militar para investigar los hechos y por la demora en llegar a la verdad de estos, entre otros puntos. Luego de efectuar un análisis sobre la validez del operativo militar de rescate y expresar que los terroristas muertos no eran civiles, ha dispuesto una gran reparación: “conducir eficazmente el proceso penal en curso sobre los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Cruz, en un plazo razonable para identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables”. Ha concedido también como reparación la publicación de la sentencia y ha denegado las pretensiones económicas planteadas, entre otros puntos.

Si bien se ha reconocido la validez del operativo militar, centrar el éxito en el no pago de las reparaciones resulta un acto eminentemente político y el gran problema que se obvia es que la sentencia permitirá que algunos comandos puedan ser convocados nuevamente por el Ministerio Público como testigos, cuando menos para determinar con certeza los hechos. Y, posteriormente, si se encuentra actos tipificados como ilícitos, ¡se decidirá si se los acusa o no!


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Esta semana nos sacudieron las muertes de un comunero en Las Bambas y de tres bomberos en Lima. A raíz de ello, mis reflexiones sobre el tema me llevaron a buscar estadísticas, esos números oficiales que en forma fría nos relatan en cuadros de colores la vida y la muerte en nuestro país, y esto fue lo que encontré:

Se da cuenta de 207 conflictos sociales (146 activos y 61 latentes) y la mayor cantidad de conflictos que se desarrollan en una sola región se ubican en los departamentos de Apurímac (24), Áncash (22) y Puno (18). Los casos que se encuentran en proceso de diálogo suman 82.

Durante el gobierno de Humala hubo 50 muertos y 750 personas heridas; en el que recién comienza acabamos de perder a una persona y los heridos ascienden a 20. Y es que ante los reclamos de los más diversos sectores de la sociedad peruana la vía que se abre para el diálogo está marcada por la muerte.

Por otro lado, solo en el año 2015 hemos visto morir en accidentes de tránsito a 2965 personas; necesario resaltar que 2177 de ellas fallecieron en vías rurales. Y en las cárceles del país encontramos que sobreviven 79 976 personas, de mayoritariamente se encuentran sin tener sentencia y, en una situación de hacinamiento del 128% que sobrepasa la capacidad de los penales.

Más allá de portadas y opiniones de todo tipo —que resultan usuales en este tipo de circunstancias—, lo que quedan son los hechos concretos. 

Nota: La información estadística es oficial; proviene de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Diálogo de la PCM, del INPE y de la SUTRAN.