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Katherine Ampuero: el costo de su desprestigio

Su falta es inexcusable pero no deberíamos permitir que se convierta en una cortina de humo.

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Su falta es inexcusable pero no deberíamos permitir que se convierta en una cortina de humo.
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Katherine Ampuero: el costo de su desprestigio

Su falta es inexcusable pero no deberíamos permitir que se convierta en una cortina de humo.

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Katherine Ampuero ha hecho una importante denuncia, que resultaba evidente desde la dación del Decreto de Urgencia 0032017, a mediados de febrero último (aunque algunos legisladores recién se hayan resollado hace unos días), en el sentido de que las empresas peruanas Graña y Montero y JJC ambos socios comerciales de Odebrecht en el Gasoducto Sur— están vendiendo su patrimonio.

GyM ha vendido su participación en el Cuartel San Martín al Grupo Interbank y en el ducto de Camisea a Enagás, lo que dificultaría el cobro de una reparación civil, en caso de ser hallada responsable. ¿Por qué no se han hecho embargos preventivos para cautelar los intereses del Estado y de los contratistas (¿impagos?) de estas empresas? Por lo menos GyM ha tenido declaraciones de lealtad por parte de sus empleados, por lo que asumimos protegerá su derecho al empleo y sus beneficios (mientras no colusionen con aquellos de sus accionistas). Pero de JJC apenas se habla.

Lo grave es que estas empresas están impunes, ni se les ha tocado a pesar de los evidentes indicios. ¿La justicia peruana adolece de ceguera profunda? ¿El Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, Procuraduría y Ministerio de Justicia están demasiado ocupados identificando obligaciones y deslindando responsabilidades? ¿Qué les impide tomar al toro por las astas?

Hay que reconocer que Katherine Ampuero es una mujer valiente: a pesar de las críticas recibidas por su pedido de investigar al presidente de la República, ha declarado que ella es defensora del Estado Peruano y no del gobierno de turno, haciendo hincapié en la autonomía e independencia de la Procuraduría.

El domingo último el programa Panorama denunció que la procuradora había recibido una sanción de 7900 soles de la Municipalidad de Pueblo Libre por construir y extender su propiedad en las áreas comunes del edificio donde se encuentra su departamento. Y Ampuero no tuvo argumentos para disculpar su incumplimiento al mandato de la autoridad edil.

Coincidimos en que es una falta inexcusable y que el daño a su imagen es grande. Sin embargo, por el bien del país no debemos permitir que esto se convierta en una “cortina de humo”, en un elemento distractivo que le impida concentrarse de lleno a su labor, ni que su palabra pierda credibilidad. ¡No bajemos la guardia!


Por la boca muere

Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

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Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.
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Por la boca muere

Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

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La línea argumental del expresidente Ollanta Humala con relación a las escuchas telefónicas a su entorno allá por el año 2011 —ordenadas por un juez a pedido de un fiscal— es que fueron consentidas por el expresidente Alan García porque sería "imposible que no supiera" del hecho dada su función como jefe del Estado.

Admitamos por un momento que la hipótesis de Humala es cierta, es decir, que el poder político intervino en su caso. Si esto fuera así, entonces también "es imposible que no supiera" Ollanta Humala, COMO PRESIDENTE, que el fiscal encarpetó durante todo su mandato las pruebas que lo incriminarían en la compra de testigos que lo sindicaban como el asesino y torturador Capitán Carlos en Madre Mía. Porque ese es el tema, a saber: que los audios y las transcripciones desaparecieron del mapa cuando el expresidente Humala ganó las elecciones generales del 2011. Es decir, con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García podríamos inferir que el presidente Humala presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

¿Que por qué salen hoy las pruebas que debieron salir hace seis años? Esa es una explicación que le corresponde dar al Ministerio Público y al fiscal del caso que las encarpetó. ¿Que por qué las transcripciones las tiene El Comercio antes siquiera de que el investigado expresidente haya tenido acceso a los audios? También le corresponde al fiscal de la nación darle al país una explicación, pues tal procedimiento es inadmisible en un estado de Derecho y en una democracia... salvo, claro está, que las transcripciones las haya filtrado el mismo Ollanta Humala (que las tenía hace dos meses atrás como parte de su derecho a la defensa) para deslegitimarlas hoy como ha pretendido hacer.

En todo caso, que durante su mandato las pruebas que lo incriminaban se hayan esfumado no solo deja mal parado al fiscal, sino a quien afirma que los fiscales y los jueces son títeres del poder político que él encabezó como presidente de la República entre el 2011 y el 2016.


¡Dos veces cuidado!

¿Dónde está la lucha contra la corrupción con firmeza y sin excepciones prometida por este gobierno?

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Si la bandera de este Gobierno es combatir la corrupción con firmeza y sin excepciones, tienen que dar muestras en la cancha con hechos concretos. No se trata solo de pontificar y quedar bien para la foto.

1.- Recientemente Pablo de la Flor, director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha declarado: “Vamos a trabajar con todas aquellas empresas que no estén impedidas de contratar con el Estado”.

Me permito recordarle que a la fecha existen múltiples compañías que han sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado y que siguen participando en licitaciones y contratando con el Estado, amparadas por medidas cautelares otorgadas (¿irresponsablemente?) por el Poder Judicial. No es un tema reciente: algunas sociedades mantienen procesos de amparo desde hace más de diez años. La OSCE no tiene otro camino que cumplir con el mandato judicial, aun a sabiendas de que se está cometiendo una arbitrariedad y generando un perjuicio a las empresas competidoras que sí han cumplido rigurosamente con las exigencias técnicas y patrimoniales requeridas en el proceso. Están contratando con el Estado: es dinero de todos los peruanos, pero parece que a algunos jueces solo les interesa el billetito que ingresa a su bolsillo.

Generalmente se trata de empresas que presentan información falsa e inexacta, vale decir que no cumplen con las calificaciones técnicas, patrimoniales o profesionales exigidas por las bases, en función a la magnitud de las obras. ¿Ello explicará las carreteras con capas asfálticas casi invisibles o los puentes que no soportan una emergencia?

Con igual ligereza pueden actuar ciertos tribunales arbitrales que también ostentan la facultad legal de suspender un proceso sancionador. Es inaceptable que esta situación se mantenga; la lucha contra la corrupción implica absoluta rigurosidad y firmeza. ¿Alguien en el Ejecutivo asume la responsabilidad o se distraen sin querer-queriendo?

2.- Asimismo, Pablo de la Flor ha declarado: “Felizmente tenemos en el Perú un importante número de empresas que no han sido afectadas por las olas expansivas del escándalo de corrupción”.

En febrero pasado, la ministra de Justicia anticipó que en virtud de los dispuesto por el D.U. 003-2017 Graña y Montero y las otras empresas que están siendo investigadas por el caso Odebrecht podrían seguir contratando con el Estado hasta que se defina su situación legal y haya una condena definitiva, sobre la base de la presunción de inocencia. Vale decir: no basta que existan indicios evidentes —¿clamorosos?— para inhabilitarlas, o por lo menos descalificarlas para la contratación con el Estado. Parece olvidar que mientras la obra privada es problema de a dos, la pública afecta a todos los peruanos.

Hace pocos días, la procuraduría ad hoc del caso Odebrecht interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público contra Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., así como sus representantes legales, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

De acuerdo con lo declarado por la ministra Pérez Tello y recientemente por el ministro Zavala, estas tres compañías pueden seguir contratando con el Estado y participando en los procesos que, en el más breve plazo, se convocarán para la reconstrucción.

Pregunto: ¿qué sucede si en el transcurso de la ejecución de las obras, estas empresas son halladas culpables y condenadas? ¿Habría que convocar a un nuevo concurso? ¿Se preverá sustitutas automáticas para que no se generen retrasos? Si tienen las mismas calificaciones, ¿por que no se las contrata directamente?

De presentarse este supuesto, ninguna fianza o garantía evitará demoras, reclamos y decepción de la población expectante. ¿Para qué arriesgarse? ¿O es que todo está perfectamente diseñado para que este proceso judicial de colusión y cualquier otro que se interponga tenga la finalidad de bajar la presión y dure años de años? ¿O quizá se espera que termine muy rápido y sin ninguna responsabilidad, como regalándoles a estas empresas la oportunidad de volver a nacer?

¿Por qué no curarse en salud y solo invitar a empresas impolutas y lejanas de toda corrupción? ¿Para qué complicar el proceso de reconstrucción? ¡Señor de la Flor, usted debería tener la última palabra!