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Chapultepec

Prensa: hablemos no solo de sus derechos sino también de sus deberes.

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Chapultepec

Prensa: hablemos no solo de sus derechos sino también de sus deberes.

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El presidente Pedro Pablo Kuczynski suscribió en Palacio de Gobierno la Declaración de Chapultepec, documento que emanó de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión patrocinada por las Naciones Unidas, cuando está organización estuvo bajo el mando de nuestro compatriota Javier Pérez de Cuellar.

Fue en 1993 y a ella concurrieron académicos, escritores, líderes políticos, constitucionalistas, periodistas y dueños de medios de toda América. La Declaración vio la luz el 11 de marzo del 1994 en el Castillo de Chapultepec, México D.F. Fue divulgada profusamente en todo la región convocándose tanto a jefes de Estado como a ciudadanos a suscribirla. El presidente de entonces en el Perú, Alberto Fujimori, la ignoró por completo.

Con el restablecimiento de la democracia el 2001, Valentín Paniagua procedió a firmarla y sucesivamente lo hicieron Alejandro Toledo y Alan García. Con su rúbrica, el gobierno de Kuczynski adopta el compromiso de seguir respetando sus términos.

A diferencia de los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo promovidos por la Unesco el 21 de noviembre de 1983, los de Chapultepec apuntan más a los derechos de los medios y de los periodistas, su coraza frente a los actos criminales, de intimidación o censura de cualquier índole, y hasta señalan que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público” (principio número 10).

El cuerpo declarativo parece inobjetable si se mira el contexto en que fue emitido hace 23 años. La libertad de expresión y el derecho a la información requerían enunciados expresos que las protegieran. Sin embargo, el tema hoy no es solo la defensa de esa sacrosanta libertad y nunca bien ponderado derecho. También es necesario evaluar la conducta de los medios y hasta dónde se ha llegado en algunos casos a un abuso arbitrario de aquellos.

La prensa no anda bien en el ojo de la mayoría de los ciudadanos del mundo que (como también pasa en el Perú) considera que ella no cumple con los rigores de la objetividad o que está entregada a intereses de toda índole. Una reciente encuesta de Datum lo confirma.

Los ejercicios de autorregulación o corregulación (como impera en Gran Bretaña, luego de las porquerías descubiertas a los medios de Rupert Murdoch, quien todavía conserva el control de importantes medios en el mundo como The Wall Street Journal o la cadena Fox en los Estados Unidos) casi brillan por su ausencia gracias a esa vanidosa complacencia de muchos periodistas quienes a sí mismos se proclaman “líderes de opinión” intachables e inimputables.

La Declaración de Chapultepec tiene un lunar interesante en su principio número 9: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales”. Sí, hoy hablemos más de los deberes que de los derechos de la prensa.


En torno a la libertad de prensa

La responsabilidad de los medios está en tomar conciencia de sus obligaciones para con la sociedad.

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En torno a la libertad de prensa

La responsabilidad de los medios está en tomar conciencia de sus obligaciones para con la sociedad.

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Mientras Pedro Pablo Kuczynski suscribía la Declaración de Chapultepec por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el Museo de la Nación la UNESCO —junto con la Universidad Bausate y la Asociación Nacional de Periodistas— nos convocaba a analizar las nuevas amenazas a la libertad de expresión. Y en el Congreso se liquidaban las esperanzas para erradicar los discursos de odio al derogar el Decreto Legislativo 1323, que agravaba las penas en casos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género y crímenes de odio contra la comunidad LGTBI.

La norma malamente derogada tenía una función social esencial: modificaba el Código Penal para endurecer las penas de homicidio por agravantes que tengan "móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, la raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural". Todos estos conceptos repudiables que muchas veces forman parte de los discursos de odio que proliferan en algunos medios de comunicación y que podrían ser combatidos con una norma eficiente teniendo en cuenta el daño que pueden causar a la sociedad.

Y lo decimos sin que se trate para nada de restringir la libertad de prensa sino más bien de poner énfasis en la responsabilidad social de periodistas y medios de comunicación que tienen derechos pero también deberes, como acertadamente destaca nuestro querido César Campos en estas mismas páginas.

En la línea que ya trazara el reconocido liberal francés Alexis de Tocqueville, autor de "La democracia en América", todo exceso de libertad puede matar la libertad.

Nuestro director Ricardo Vásquez Kunze ha hecho lo propio al dejar en claro, con su habitual estilo directo, su preocupación por la libertad dentro de la igualdad al señalar que los propietarios de los medios de comunicación buscan no ser censurados por ningún poder ajeno al de ellos mismos poniendo de relieve el carácter de pugna de poderes que puede encerrar la lucha por la libertad de prensa.

Si bien a todos nos preocupan y rechazamos mordazas y silenciamientos también deben preocuparnos el exceso de tolerancia ante contenidos agraviantes y ofensivos que dan forma a libertinajes suicidas. Hay un equilibrio por conquistar entre la permisividad total y la autorregulación efectiva. Como bien ha recordado César Campos los principios de Chapultepec apuntan más a los derechos de los medios y de los periodistas, a su coraza frente a los actos criminales, de intimidación o censura de cualquier índole, y hasta señalan que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

Ello implica responsabilidad en los medios para tomar conciencia y defender derechos y libertades pero también deberes y obligaciones concurrentes para con la sociedad. Dice Chapultepec: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales”.

Por nuestra parte, en la cátedra universitaria y en la tribuna del debate, recordamos el derecho más importante y avanzado que tenemos y debemos ejercer y defender que es el Derecho a la Información. Un derecho de doble vía que protege al que emite contenidos y los expresa con toda libertad y al que los recibe que es la sociedad, que somos todos.

Por este derecho nos toca exigir libertad de expresión para recibir la mejor información, que sea de calidad y de valores, que unan y no dividan, que no nos expropien nuestros mejores sentimientos. Ningún libertinaje es posible si queremos proteger la libertad.


Indulto: razón de Estado

Todo parece indicar que es inminente el indulto presidencial a Alberto Fujimori, quien lleva recluido once de los veinticinco años a los que fue condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros.

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Todo parece indicar que es inminente el indulto presidencial a Alberto Fujimori, quien lleva recluido once de los veinticinco años a los que fue condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros.
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Indulto: razón de Estado

Todo parece indicar que es inminente el indulto presidencial a Alberto Fujimori, quien lleva recluido once de los veinticinco años a los que fue condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros.

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Todo parece indicar que es inminente el indulto presidencial a Alberto Fujimori, quien lleva recluido once de los veinticinco años a los que fue condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros. La decisión es de exclusiva responsabilidad del presidente de la república, pues se trata de una prerrogativa constitucional absoluta del jefe del Estado más allá de los procedimientos normativos reglamentarios con los que se ha tratado en los últimos años de delimitar su poder de gracia.

Así las cosas y dado lo controvertido de la medida tal como lo demuestran las encuestas, el presidente deberá responder solo ante su conciencia al momento de estampar su firma en el indulto. De hacerlo habrá que reconocerle al presidente Kuczynski el valor de su decisión política, pues estar en sus zapatos es difícil para cualquiera. Es evidente que la medida será celebrada y denostada, y habrá que poner en la balanza el peso de cada reacción.

Para el presidente es importante considerar que sus críticos más rabiosos estarán, como es obvio, entre los activistas y ONG de derechos humanos cuya telaraña mundial de presión es terrible. Sin embargo, después de que los principales capitostes de estas ONG en el Perú reconocieron que avalaron la candidatura presidencial del "capitán Carlos" en el 2011 a sabiendas de quién se trataba, su credibilidad y legitimidad están por el suelo. Esto significa que sus críticas y manifiestos contra la medida estarán signadas por el descrédito, el fariseísmo y la hipocresía. Y, en efecto, no deja de ser el mejor momento para el presidente tomar esa medida teniendo a sus principales opositores y críticos en su peor momento.

Resulta evidente que en el otro platillo de la balanza está más de la mayoría del país, que apoyará la medida por distintas razones, ya sea porque percibe que Alberto Fujimori ya pagó por sus delitos o simplemente por razones humanitarias. Más importante aún es que la mayoría absoluta que tiene Fuerza Popular en el Congreso tendrá necesariamente que bajar los decibeles del control político para no pasar por malagradecidos, lo que siempre es un muy mal negocio en la política. Y en eso parece que hay bastante consenso en los Pasos Perdidos.

En cuanto a los hermanos Fujimori, saldrán ganando a su padre. Políticamente, habrá que ver cómo se recompone el fujimorismo con la libertad del "líder histórico", pero me aventuro a asegurar que el liderazgo de Keiko Fujimori sobre su bancada quedará incólume, pues esta es hechura de ella, no de su papá. Con relación a la imagen de ambos hermanos frente a la opinión pública, Kenji quedará como el hijo que siempre estuvo batallando por la libertad de su padre (una suerte de papá de Ciro, cuyos afanes políticos posteriores a la tragedia tuvieron un estrepitoso fracaso), mientras que Keiko aparecerá como la estadista que cumplió su palabra de campaña electoral, a saber, no usar su inmenso poder político para liberarlo.

Cabe destacar que, desde que el presidente Kuczynski asumió su mandato el 28 de julio de 2016, el tema de la libertad de Alberto Fujimori nunca fue puesto en agenda por Fuerza Popular y que incluso la bancada mayoritaria votó contra una ley que pretendía favorecerlo con una prisión domiciliaria por ancianidad. Es decir, nadie podrá achacarle a Fuerza Popular ni a Keiko Fujimori arte ni parte en el indulto de Alberto Fujimori.

Finalmente solo cabe esperar, por el bien del país, que cuando se produzca la medida el presidente Kuczynski aproveche al máximo el respiro político que tendrá en el Congreso y en la calle, y que tome la iniciativa gubernamental para proporcionar a su mandato de la estabilidad necesaria para los próximos cuatro años.