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La trampa de los bonos agrarios (última entrega)

¡Y el tramposo es el Estado peruano!

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La trampa de los bonos agrarios (última entrega)

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En el inconsciente colectivo peruano, desde la Colonia nos ha quedado como norma de conducta: “Hecha la Ley, hecha la trampa”. Y lo peor es cuando el tramposo es el propio Estado peruano frente a sus ciudadanos. Lo que narramos a continuación es el vía crucis de un bonista de la Reforma Agraria que se creyó la cuestionada resolución del Tribunal del 16 de julio del 2013 (sobre el cual todavía no termina el juicio por la adulteración con liquid paper del voto singular de un magistrado) y el reglamento que hizo el MEF para poder cobrar sus bonos.

La Sra. Esther Suárez de Bazán tenía el fundo Pacchac en el distrito de Llata,  provincia de Huamalíes Huánuco. Era un predio de 231 hectáreas que se encontraba entre los 3500 y 4000 msnm. Su única vía de acceso era un camino de herradura que lo comunicaba con la ciudad de Huánuco. El predio fue expropiado por la Reforma Agraria y se le entregaron bonos por un valor de S/. 2 048 000.

En enero de 2014, el MEF publicó un reglamento para el registro, valorización y pago de los bonos: el reglamento fue objeto de críticas porque contenía una fórmula de valorización fraudulenta que reducía intencionalmente la deuda a cero, pero el MEF ni se inmutó con el silencio cómplice del TC. Fuera de ello, el reglamento establecía que, en cualquier caso, el plazo de pago era de dos años. En febrero de 2014,  los herederos de la Sra. Suárez de Bazán, vale decir Fausto César Bazán Vidal, Jaime Enrique Bazán Vidal y Rosario Vargas Mori, se presentaron al procedimiento del MEF creyendo en su seriedad.

La familia Bazán cumplió con todos los pasos establecidos en el reglamento (peritaje de bonos y registro de tenedores legítimos). Entonces lo que procedía hacer era darle a la familia Bazán el valor actualizado de sus bonos de acuerdo con la resolución del TC y con la fórmula de actualización del MEF. Sin embargo, el MEF suspendió súbitamente el procedimiento y ahora se niega sin razón alguna a entregarle el valor de los bonos. El plazo para ello venció en agosto del año pasado y el MEF se encuentra ahora en situación de moroso.

El Sr. Fausto Bazán refiere que ha solicitado al Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, Valentín Cobeñas, le explique las razones de tal demora. El Sr. Cobeñas ha respondido que la razón es que aplicando la fórmula del MEF, el pago por todas las 231 hectáreas expropiadas, sería menor  a S/. 2,000. ¡¡¡Algo así como S/. 8.62 por hectárea!!! Por eso, se hace el desentendido y ya no quiere entregar a la familia Bazán la valorización de sus bonos, porque sería la prueba visible de todo el proceso fraudulento ideado por el exministro Luis Miguel Castilla, con la actitud cómplice del expresidente del TC, Óscar Urviola y, hoy, con la de todo el TC.

En resumen: el MEF debió responderle al Sr. Bazán el 10 de agosto del 2016 con la respectiva valorización pero nada de nada. Ni la carta dirigida por la congresista Schaefer Cuculiza al ministro Alfredo Thorne preguntando por el caso ha tenido respuesta alguna. Ni siquiera una nota de caballero. Indignante.

Pero lo que más indigna es que este gobierno se encapricha en sacar adelante proyectos que tienen nulo provecho para la sociedad peruana o un resultado negativo (el valor actual neto de los cinco megaproyectos es menos US$ 23 mil millones). Tenemos, por ejemplo, el proyecto Chinchero que ha costado la cabeza de dos ministros y el desprestigio del gabinete (con un “divorcio amigable” que no sabemos cuánto nos costará).

Tenemos la Refinería de Talara que se sigue financiando. Hasta ahora la cuenta va por los US$ 5400 millones de los cuales el MEF ha entregado 600 este año y se ha emitido deuda por US$ 2000 millones en bonos soberanos —con pago de jugosas comisiones a los mismos de siempre—, más financiamiento de entidad estatal española, que tendremos que pagar a pesar de que los propios ministros saben que no es negocio. Si se vendiera la Refinería de Talara una vez terminada, nadie pagaría más de US$ 1600 millones por ella.

¿Por qué seguir emitiendo deuda por proyectos que tiene beneficio nulo o negativo y no pagar la deuda que se tiene con los peruanos? ¿Acaso los peruanos valen menos que los extranjeros? ¿Con la emisión de bonos para nuevos proyectos se gana más que pagando la deuda a los peruanos? El presidente nos debe una respuesta.