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Los reservistas de la violencia

¡Cuidado con los etnocaceristas de Antauro en Tía María!

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Los reservistas de la violencia

¡Cuidado con los etnocaceristas de Antauro en Tía María!

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En el año 2003 escribí una crónica sobre los reservistas etnocaceristas de Antauro Humala Tasso: personajes marcados por la carencia a todo nivel. Un contingente de jóvenes que representaba a una población desterrada de todo proyecto de desarrollo y que fue captada por el amparo de un fanatismo político que hasta hoy es vigente.

El ‘Andahuaylazo’, ocurrido los primeros días de enero del año 2005, concretó lo que muchos sospechaban sobre este singular grupo militarizado y  liderado por Antauro Humala: surgieron para violentar a la sociedad y crear caos desde un dogmatismo político insurrecto.

Y esa visión irracional está gozando de vigencia: se desplaza y actúa con libertad en las protestas antimineras de Islay. Protestas insufladas por un ímpetu violentista que arrasa a todo aquello que representa el orden. Una situación que debe ser neutralizada, pues grupos radicales como estos impiden que los ánimos se serenen y que se hallen soluciones razonables.

Una agenda política propia mueve a los etnocaceristas, empujados por su decepción del gobierno de Ollanta Humala Tasso. Aquellas promesas primigenias  de ‘La gran transformación’ fueron relevadas por la ‘Hoja de ruta’: la daga de la traición para ellos. Paradójico resulta que el presidente Ollanta Humala Tasso, hermano de Antauro, persiga apagar incendios avalados por gente de su propia sangre. Y no solo me refiero a Antauro que se encuentra preso, pero que desde su encierro anima este tipo de movilizaciones.

Isaac Humala, el padre, deja entrever en los medios de comunicación su apoyo a estas expresiones de caos. Y define a Antauro como el representante del Perú profundo. O sea, es el hijo que él ha elegido, el que está preso por asesinato. El otro, el presidente, el que representa la legalidad, ha sido expulsado de su paraíso.

Solo queda pensar que, frente a esto, el psicoanálisis asumiría un enorme desafío.


Por la plata baila el mono

Las ONG de izquierda y una inaudita intromisión de embajadora de UE en asuntos internos de los peruanos

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En una carta altisonante e impertinente, la embajadora de la Unión Europea Irene Horejs pretende dar lecciones al gobierno peruano de “gobernanza” con relación a los conflictos sociales promovidos por un sector conocido de la izquierda peruana —agazapado tras varias ONG—, contra determinados proyectos de inversiones mineras. La carta está dirigida a la canciller de la República Ana María Sánchez, con copia al presidente del Consejo de Ministros y a la directora ejecutiva de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI). Acompañan a la firma de la señora Horejs las de los 12 embajadores de la UE acreditados en el Perú.

Como es bien sabido, luego de los penosos sucesos producidos en Islay por el proyecto Tía María, el gobierno anunció una serie de nuevas disposiciones para renovar las inscripciones de las ONG acreditadas en la APCI. Esto, con el fin de cautelar los intereses del Estado y de la sociedad frente a lo que el gobierno considera una labor que, lejos de contribuir a la solución de los conflictos, los agrava azuzándolos.

Por supuesto que las ONG concernidas han puesto el grito en el cielo denunciando un abuso del gobierno peruano. No es para menos. En juego están los millones de euros que reciben anualmente de la cooperación internacional, principalmente europea. El punto es que el gobierno está en su derecho de regular lo que le parece, en el marco de la Constitución y la ley, y las ONG peruanas de protestar todo lo que quieran: finalmente, es un asunto entre peruanos.

Pero como por la plata baila el mono, las ONG que se rasgan las vestiduras contra los lobbies cuando les conviene, han hecho lobby –¡y vaya qué lobby!— para que la embajadora de la Unión Europea meta sus narices en nuestros asuntos internos, “preocupada” porque “las autoridades e instituciones peruanas pudiesen dar crédito a versiones recogidas por algunos medios sobre un supuesto apoyo financiero de parte de ONG europeas a personas u organizaciones involucradas en estos conflictos, atribuyendo a este financiamiento la responsabilidad de los mismos […] En este contexto —prosigue la embajadora—, la atribución sumaria y sin pruebas de la responsabilidad de un conflicto social a ONG europeas no solo sería injusta sino que podría llevar a opacar la comprensión del conflicto”.  

Exactamente lo mismo que la embajadora dicen las ONG peruanas que están a punto de perder la mamadera: “Los representantes de estas organizaciones consideran que la conflictividad social que existe en el país no es responsabilidad de ellas y que intentar buscar culpables de esta situación impide ver el problema y conduce a falsas soluciones”.

El lobby no puede ser más claro: simplemente es cuestión de comparar los textos.

El supremo gobierno debe rechazar tajantemente la injerencia de la embajadora Horejs y de los doce embajadores que la acompañan en este despropósito. El Perú no les dice cómo resolver sus asuntos ni se preocupa por temas conflictivos como la legalización del matrimonio gay y el aborto, que han generado divisiones sociales en varios países de la UE.

Por último, Europa es la menos autorizada para dar lecciones sobre conflictos. La responsabilidad de dos Guerras Mundiales y la colonización del mundo deberían abstenerla de abrir tanto la boca. Es de mala educación, señora embajadora.


Gobierno en la calle

La gestión de Humala ha terminado cediendo ante la algarada de radicales de todo pelaje.

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Gobierno en la calle

La gestión de Humala ha terminado cediendo ante la algarada de radicales de todo pelaje.

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Mientras el jefe del gabinete Pedro Cateriano intentaba proyectar alguna autoridad y liderazgo políticos frente al violento desborde contra el proyecto minero Las Bambas, la Comisión de Energía y Minas aprobaba por insistencia la ley que faculta a Petroperú a operar el lote petrolero 192, haciendo caso omiso a las observaciones planteadas por el presidente Humala.

Lo que sigue está cantado: el pleno parlamentario aprobará, con inocultable cálculo electorero, el ingreso de la empresa estatal a la explotación petrolera, luego de que días atrás en el Congreso el premier y su colega ministerial Rosa María Ortiz explicaran la inviabilidad técnica, legal y financiera de esta opción.

Una derrota política que llega empujada por la erizada protesta que puso en pie de guerra a Loreto. 

Más atrás en el tiempo, Islay fue escenario de la violencia antiminera —con un inaceptable saldo de muertos, heridos y daños materiales— que ha sometido al proyecto Tía María a una dilatada pausa durante la cual poco o nada se ha movido. Presidente y ministros exclamaron entonces que esta importante inversión saldría adelante de todas maneras, pero la interrupción ya tiene sabor indefinido.

Las tempranas y radicales movilizaciones contra Conga han sido las precursoras de esta serie de imposiciones surgidas de la violencia —Pichanaki y La Oroya son también ejemplos en este sentido— que hoy tiene, acaso, su más dramática expresión en las víctimas de Las Bambas.

Por lo visto hasta ahora, que Cateriano y otros ministros exclamen que este megaproyecto continuará, nos dice en realidad muy poco, por no decir nada.

Prisionero de una extrema fragilidad y soledad políticas labradas a pulso con mano propia, y con precariedades enormes para administrar el Estado, el régimen de Humala ha terminado cediendo ante la protesta incendiaria, a la calle exaltada, a la algarada de radicales de todo pelaje, su mandato constitucional de gobernar.

El gobierno está en la calle: una frase con el preciso y justo doble sentido que usted (y cualquiera) entiende.