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Tsunami Odebrecht

La información sobre los sobornos fue difundida en abril de 2016: ¿por qué dice Hamilton Castro que recién se conoció en noviembre?

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La información sobre los sobornos fue difundida en abril de 2016: ¿por qué dice Hamilton Castro que recién se conoció en noviembre?
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Tsunami Odebrecht

La información sobre los sobornos fue difundida en abril de 2016: ¿por qué dice Hamilton Castro que recién se conoció en noviembre?

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En vísperas de Navidad, la aguja del sismógrafo de la corrupción local empezó a agitarse con inusitada y creciente intensidad luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. diera a conocer que Odebrecht pagó sobornos por U$29 millones a funcionarios de los tres gobiernos comprendidos entre 2005 y 2014.

Encendidas las alarmas por el destape preciso y documentado de la administración norteamericana, el remezón ha cedido paso a la silueta nítida de una gigantesca ola de revelaciones telúricas, avanzando sobre actores y mecanismos que han convertido al Estado de todos los peruanos en un vehículo para el despreciable botín personal. O sea, en el saqueo de cuello y corbata sobre el que, esperamos, el tsunami Odebrecht nos deje por lo menos la resaca de identidades cabales que permitan a la justicia actuar con la máxima severidad.

En este escenario de megaimpactos múltiples las ondas de la caja de Pandora abierta en Washington DC alcanzan a 11 países además de Brasil, el Ministerio Público decidió ponerse las pilas en los primeros días del año para informar qué diligencias ha dispuesto por el Lava Jato-Perú.

Hamilton Castro, titular de la 1ª Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, ha explicado que no cabe señalar que su despacho venga viendo este caso desde hace un año pues lo que en tal lapso motivó sus pesquisas son las corruptelas de otras empresas brasileras —como OAS o Camargo Correa vinculadas al proceso Castillo de Arena y a los llamados “doleiros”.

Precisó que en noviembre pasado, gracias a “información de inteligencia” (sic), empezaron en rigor con la investigación sobre el trasiego de coimas a través de tres off shores de Odebrecht cuyos nombres se animó a compartir: Constructora Internacional del Sur, Smith & Nash Engineering Company y Klienfeld Services Ltd.

Sin embargo, el rol de estas tres empresas de papel y el esquema de sobornos que integraron junto a filiales de la constructora, compañías de fachada peruanas, intermediarios locales (plenamente identificados), rutas bancarias y hasta la offshore Balmer Holding Assets Ltd. como beneficiaria de parte de los millones sifoneados, fueron difundidos detalladamente por IDL-Reporteros desde ¡abril de 2016!

Seis meses separan abril de noviembre. Medio año en el que información contundente proveniente de las indagaciones fiscales brasileras sobre Lava Jato no mereció la oportuna y decidida reacción de las autoridades.

Valioso tiempo perdido que ojalá no haya servido para que los mayores responsables del pillaje se escabullan del tsunami. 


El chantaje

Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización, pero con la condición de continuar licitando con el Estado.

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Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización, pero con la condición de continuar licitando con el Estado.
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El chantaje

Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización, pero con la condición de continuar licitando con el Estado.

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Odebrecht tiene una gran experiencia. Durante más de quince años se mantuvo fuera de la justicia en todos los países donde operó a través de su selecto Departamento de Operaciones Estructuradas, que en buen cristiano se traducen en coimas y sobornos.

Estos “errores”, tardíamente aceptados como delitos, constituían una segunda naturaleza empresarial para concretar los negocios de la gran mafia internacional. No cabe duda de que saben manejarse para comprar voluntades y conciencias, y de que esa es su dudosa expertise.

Mauricio Cruz, el actual representante de Odebrecht en el Perú en reemplazo del muy conocido Jorge Barata, ha dicho que entregarán toda la información sobre los peces gordos, sean exministros o expresidentes, pero en contrapartida mientras la empresa esté colaborando no debería sufrir ni un allanamiento ni el congelamiento de sus cuentas. Para PPK se terminó el juego y se deben marchar del país mientras que para ellos esta no es la última palabra. Por supuesto, para nada les importa la enorme cantidad de peruanos que esperan se anuncie oficialmente su expulsión.

La presión social contra la corrupción y la impunidad crece como una gran marea, pero la situación es compleja y va más allá de las simples frases para la platea sedienta de justicia.

La exigencia de que Odebrecht se vaya colisiona con la necesidad de que comiencen a pagar por lo que robaron por sobrecostos al Estado peruano “Tenemos que pagar una multa, una reparación civil; entonces la empresa necesita sobrevivir para cumplir con sus obligaciones y para que sirva como ejemplo positivo” ha dicho Cruz y ha agregado que la expulsión sería el peor ejemplo posible, porque ninguna otra empresa va a querer colaborar con la justicia por su propia voluntad si existen tales represalias.

Odebrecht quiere quedarse bajo sus condiciones: ni embargo de sus bienes ni congelamiento de sus cuentas. Si es expulsada o termina sus actividades en el Perú, no tendrá recursos para pagar la indemnización. Pero si se queda cumpliendo normalmente con sus actividades y compromisos empresariales sin ser afectado por ningún embargo de sus bienes ni de su información lo que conocen y tienen podría perderse, desaparecer o ser manipulado, conforme a la densa red de intereses económicos y políticos que comienza a ser detectada.

En sus declaraciones Cruz, para nada sibilino, desliza el chantaje “¿Qué beneficio le traerá al Estado expulsarnos? Ninguno. Yo solo puedo imaginar que hay una intención para que no exista la colaboración y no se revele la información”.

Gravísima imputación. Una expulsión oficial se estaría madurando pero ella, según el alto directivo, generaría múltiples sombras.

Cerraría las puertas a la colaboración eficaz con la justicia peruana, impediría el pago de la reparación que le deben al Estado por los daños causados y, peor aún, garantizaría la impunidad de los peces gordos. La responsabilidad de esa secuela de desastres recaería sobre un gobierno frágil, colocado entre la espada y la pared. La deslegitimación de las altas esferas políticas y de gobierno sería una hecatombe política con sospechas que llegarían hasta al presidente de la República que personifica a la nación.

Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización, pero con la condición de continuar licitando con el Estado. “La colaboración ya se está haciendo y si es que nos permiten terminará [...] Paralelo a esto, queremos demostrar que tenemos las mejores intenciones de seguir existiendo para generar caja y pagar los compromisos con los acreedores, empleados, con el Estado; porque al final si la empresa muere posiblemente no logrará cumplir con sus objetivos”.

Este es el chantaje hipócritamente colocado dentro de un contexto nacional de indignación colectiva pero de escaso entusiasmo y riesgosa lentitud del Ministerio Público. A lo que se agrega el acuerdo suscrito por el fiscal de la investigación Hamilton Castro, no explicado al país ni al mismo fiscal de la nación, quien hizo el papelón de su vida al no poder informar al Congreso de las condiciones y los criterios manejados.

PPK lo ha calificado públicamente de vergüenza. No le falta razón: compromete al país en su dignidad y en su economía aunque increíblemente se siga desconociendo su contenido.