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La captura del siglo

Abimael Guzmán es un delincuente juzgado y condenado por delitos concretos.

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La captura del siglo

Abimael Guzmán es un delincuente juzgado y condenado por delitos concretos.

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La captura del delincuente terrorista Abimael Guzmán dio inicio a una serie de procesos que terminaron con su condena por el Poder Judicial peruano, al encontrarlo responsable del delito de terrorismo a título de autor mediato, ello en tanto dominaba a Sendero Luminoso, organización desde la cual se cometieron una serie de actos o delitos concretos de terrorismo.

En esta aplicación del derecho, el sistema de justicia peruano determina que estamos ante una persona que carece de causa alguna que atenúe o elimine su responsabilidad; así, es el gran organizador y, a la vez, plenamente responsable por los delitos que sus seguidores y secuaces cometieron. Desde esta perspectiva, queda claro que la única forma por la que podemos llamar a Guzmán y a sus secuaces es la de delincuentes por actos de terrorismo.

Cuando se captura al líder organizacional de Sendero Luminoso, se determina que sea juzgado por el Fuero Militar; años después, este proceso se anula y se inicia lo que en su momento de denominó “el megaproceso contra la cúpula de Sendero”, llevado a cabo ante la Sexta Sala Penal Nacional. Aquí es que da comienzo a un titánico enfrentamiento entre las posiciones de abogados defensores y de la Fiscalía, la cual tras una pulcra investigación sustenta la acusación por los delitos de terrorismo agravado, homicidio calificado y delitos conexos en perjuicio del Estado, con pruebas concretas de cada uno de los hechos invocados.

Lo que deseo recalcar es que la cúpula terrorista de la organización Sendero Luminoso NO HA SIDO CONDENADA POR SU IDEOLOGÍA sino por LAS ACCIONES EJECUTADAS QUE CONFIGURAN UN ILÍCITO PENAL, como son las masacres, asesinatos, destrucción de infraestructura y toda clase de crímenes que perpetró.

Nota: Un especial reconocimiento a Luz del Carmen Ibáñez, la fiscal encargada de recabar todas y cada una de las pruebas que sustentaron el proceso, y a Pablo Talavera, quien presidió la Sala que diseñó la juridicidad aplicable al caso.


Lava Jato: "¡Que investiguen al fujimorismo!"

La agenda periodística local está claramente politizada, tal como lo demuestra la rápida evolución del caso Lava Jato/Odebrecht.

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La agenda periodística local está claramente politizada, tal como lo demuestra la rápida evolución del caso Lava Jato/Odebrecht.
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Lava Jato: "¡Que investiguen al fujimorismo!"

La agenda periodística local está claramente politizada, tal como lo demuestra la rápida evolución del caso Lava Jato/Odebrecht.

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La agenda periodística local está claramente politizada tal como lo demuestra la rápida evolución del caso Lava Jato/Odebrecht. Al inicio, las luces estuvieron enfocadas en los hechos reconocidos por la confesión de Marcelo Odebrecht de que en el Perú había corrompido contrataciones con el Estado a lo largo de tres gobiernos entre 2005 y 2014. Es decir, los personajes políticos que están en el ojo público son, obviamente, los expresidentes Toledo, García y Humala, así como el actual presidente Pedro Pablo Kuckzynski y el premier Fernando Zavala, pues ellos fueron primer ministro y ministro de Economía del régimen de Toledo al momento de los chanchullos confesados por Odebrecht.

Pues bien, hoy la agenda parece ser otra para cierto periodismo. Ahora resulta que lo importante es buscar la "verdad", que no es otra que retrotraer los crímenes de Odebrecht al pasado de sus actividades en el Perú desde 1979, con especial énfasis en la década del fujimorismo donde, se infiere, es imposible que no se haya cometido alguna trafa dada la reputación de la empresa y del régimen de los 90.

En otras palabras, lo importante para este nuevo giro de tuerca que quieren imponernos algunos periodistas y sus medios es que dejemos de buscar en los hechos que ya tenemos confesados y que no involucran al fujimorismo por quimeras que no tenemos confesadas que involucren al fujimorismo: ¡qué buena primicia, chocheritas!

Que no nos vean la cara de cojudos, por favor. Todo aquel que pide que se investiguen las andanzas de Odebrecht desde la época del rey Pepino es alguien que tiene como agenda tapar alguna corruptela entre el 2005 al 2014. Eso y, por supuesto, lavarse la corruptela a costa del fujimorismo, el chivo expiatorio de todos los males del Perú.


Cuatro claves sobre el delito de lesa humanidad

Por la gravedad que lo caracteriza, plantea como posible juzgar hechos ocurridos en cualquier época.

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Por la gravedad que lo caracteriza, plantea como posible juzgar hechos ocurridos en cualquier época.
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Cuatro claves sobre el delito de lesa humanidad

Por la gravedad que lo caracteriza, plantea como posible juzgar hechos ocurridos en cualquier época.

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1. Con la dación del Estatuto de Roma se define con claridad que son “crímenes de lesa humanidad” aquellos que comprenden el asesinato, la tortura, la desaparición forzada y otros actos inhumanos que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad de la persona.

2. Estos hechos deben darse dentro de un “ataque a población”, es decir, debe existir una línea de agravios establecida como política de un Estado, la cual no tiene que ser establecida expresamente, o por una organización que asume de facto el control de un territorio y cuyo ataque busca ejecutar o promover dicha política.

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda los crímenes de lesa humanidad desde la perspectiva de la imposibilidad de aceptar la impunidad de tan graves afectaciones y por ello no admite prescripción ni leyes de amnistía, y sí admite que se deje sin efecto la cosa juzgada.

4. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido que, si bien el Perú ratificó el Estatuto de Roma el 2002, es el juez quien está obligado a realizar control del principio de legalidad, así como a realizar la calificación de los hechos —si corresponde— como delito de lesa humanidad.

Importante: Lo anotado arriba se sustenta en el Estatuto de Roma que (como ya dijimos, ratificado por el Perú y con vigencia desde el 1 de julio del 2002) y en  la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 21 de Marzo de 2011 durante el proceso de Inconstitucionalidad del Expediente 24-2010-PI/TC.