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Avalancha de coimas

El escándalo Odebrecht crece, llega a las mesas prenavideñas, pasa por los bares, por la sobremesa.

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Avalancha de coimas

El escándalo Odebrecht crece, llega a las mesas prenavideñas, pasa por los bares, por la sobremesa.

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Y el escándalo continúa, crece, llega a las mesas prenavideñas, pasa por los bares, por la sobremesa. Hay gente que se ríe, otra que se indigna, algunos hasta lo disfrutan. No faltan los que se divierten con los posibles involucrados. Casi, casi empiezan las apuestas.

Y como números de bingo, comienzan a escucharse nombres. En cualquier momento se apagan las luces y todos van a aplaudir.

Coimas por 29 millones de dólares a lo largo de tres periodos presidenciales: 3.2 millones de dólares por cada año y solo en sobornos. Es decir, unos 260 mil dólares mensuales; 8600 diarios. Eso es lo que la empresa Odebrecht contabilizó e invirtió para sobornar a funcionarios peruanos. ¿Funcionarios o gobernantes?, se preguntan todos.

Y la suma total causa asombro y revuelo. La información viene de Estados Unidos y nadie duda de la veracidad de lo difundido. Pero si escuchamos la opinión de la gente, nos damos con la sorpresa de que paradójicamente casi nadie cree en esa suma. El que menos sospecha que se trata de mucho más, que esto es solamente la punta de un iceberg, que la información todavía es incipiente, que falta mucho por investigar, descubrir y ramificar.

8600 dólares diarios para pagos en sobornos durante diez años consecutivos parece poca cosa y no es posible explicar el porqué de esa percepción.

Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿se trató de una forma aislada de negociar de Odebrecht, o estamos ante una cultura de la coima ya establecida y asentada con características propias de la gobernabilidad peruana? Odebrecht no ha sido la única empresa que ha participado en proyectos de desarrollo. También se han otorgado otras licitaciones a empresas extranjeras, varias de ellas brasileñas. Y también han trabajado a nivel municipal y regional.

Esto no quiere decir, por supuesto, que haya que descalificar a los profesionales que han participado en esos proyectos. No se comenta esto para mancillar la honorabilidad de nadie; tampoco para acusar a quienes desde la administración pública impulsaron esas obras. Eso sería irresponsable e injusto. Habrá que esperar los resultados de las investigaciones.

El nivel de sofisticación en la entrega del dinero podría ser muy amplio y creativo. Tal vez llegó en forma de financiamiento de campañas, asesores electorales, publicidad política, constitución de empresas, charlas, pago por publicaciones, donaciones, oficinas a todo dar, etc. Tal vez los veinte millones llegaron a una sola cuenta en el extranjero y de un porrazo. 

La avalancha informativa sobre este caso continuará; la sorpresa y la indignación crecerán. Mientras tanto, el ciudadano de a pie seguirá preocupado por su chamba, subiendo apurado al micro para no llegar tarde, mirando desde lejos los escándalos en los que él no tuvo nada que ver, pero que fueron generados por personas que decidieron hacer obras a nombre de él y para peruanos como él. Así está la cosa.


El vendaval aterriza

Las pistas del caso Odebrecht ya están trazadas en nuestro país.

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Las pistas para que aterrice el vendaval Odebrecht en nuestro país ya están trazadas. Hay varias fiscalías trabajando desde que el Departamento de Justicia norteamericano señaló que la mega empresa brasileña pagó sobornos por U$29 millones a funcionarios de tres gobiernos entre el 2005 y el 2014.

Nadie se salva, menos aún los presidentes. El saqueo de cuello y corbata, globalizado y en boga por la desenfrenada búsqueda de la ganancia, tiene ahora tras de sí a magistrados de EEUU, Suiza y Perú. La fiscalía peruana dio sus primeras señas y ya está colaborando con la fiscalía suiza que tiene identificadas por lo menos dos cuentas desde donde se tramita este dinero. No por gusto Odebrecht ya ha ofrecido comenzar a pagar al Perú pordaños y perjuicios un monto mínimo de $30 millones. 

Pero la tortura se prolongará. Los nombres no serán dados a conocer tan rápidamente. Si bien Gustavo Gorriti denunció el escándalo en noviembre pasado nuestro Ministerio Público recién empezó la investigación en noviembre sobre los sobornos pagados por tres empresas offshore: Constructora Internacional del Sur, Smith & Nash Engineering Company y Klienfeld Services Ltd, junto a las filiales de la constructora, las compañías de fachada peruanas, los intermediarios locales y la otra offshore Balmer Holding Assets Ltd.

La oportuna y valiente alerta de IDL no funcionó y medio año después, coincidiendo con la contundencia de los fiscales brasileros, los nuestros resucitaron. Ello da idea del peso de los nombres que podrían estar involucrados. Si ese valioso tiempo perdido sirvió para que algunos de los mayores responsables escaparan, no lo sabremos tan pronto. La lista es secreta por tratarse de una mafia organizada, de un cártel de conducción brasileña de dimensiones continentales, que sistemáticamente ha robado al Estado peruano durante años. Tanto la justicia peruana como la internacional desplegarán sus mayores esfuerzos para sancionar a todos y cada uno de ellos.

Porque estamos ante un modus operandi conocido, aceptado y permitido como manera de hacer negocios: no se trata de un acto aislado pues la propia empresa ha reconocido, en vías de colaboración eficaz en Brasil, su altísimo nivel de sofisticación. Nuestra comentarista Paola Mendoza nos habla de una gerencia de coimas llamada División de Operaciones Estructuradas a la cual poca gente tenía acceso. A pocos extrañaría que fuera así.

Estados Unidos ha precisado que como cártel manejaban dos sistemas informáticos paralelos: uno para la contabilidad y el otro para los mensajes entre quienes aprobaban pagos y transferencias. Uno de los integrantes, y que por serlo es uno de los que más ha confesado en Brasil, es nuestro muy conocido Jorge Barata.

Los fiscales suizos han ofrecido a los peruanos toda su colaboración en absoluto secreto. Hay una razón: los que han obrado mal lo saben y harán todo por escapar de la justicia; decir los nombres solo adelantaría las fugas. Como sucedió con el antecedente más cercano, el proceso a Fujimori involucró más de mil personas de las cuales todavía varios no habidos y en la cárcel solo una centena.

El país está atento con la lupa sobre el poco confiable Poder Judicial, cuyo flamante presidente ofrece una división especializada anticorrupción, y sobre el Ministerio Público que en su primera presentación ha dado muy poco. Lo cierto es que estamos ante una gran oportunidad que viene de fuera para sanear moralmente al país. O la tomamos o aceptamos la impunidad y el deterioro moral como parte de nuestra realidad. No la deberíamos perder.


Informe Kroll: tapadera y cuchipanda

Por algo, Javier Diez Canseco y la Comisión de Investigación de Delitos Financieros escudriñaron los contratos suscritos en la época de Fujimori sin haber podido formular cargos consistentes.

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Por algo, Javier Diez Canseco y la Comisión de Investigación de Delitos Financieros escudriñaron los contratos suscritos en la época de Fujimori sin haber podido formular cargos consistentes.
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Informe Kroll: tapadera y cuchipanda

Por algo, Javier Diez Canseco y la Comisión de Investigación de Delitos Financieros escudriñaron los contratos suscritos en la época de Fujimori sin haber podido formular cargos consistentes.

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Está bien que el informe Kroll, el resultado de una costosa pesquisa internacional pagada hace más de una década por el Estado peruano para terminar de hundir a Alberto Fujimori, haya sido luego guardado bajo siete llaves por el entonces presidente Toledo y sus ministros. Pero los tiempos cambian y va siendo hora de saber la verdad.

Se dice que dicha pesquisa no encontró rastro alguno de dinero mal habido por Alberto Fujimori en el sistema financiero internacional. Eso se entiende pues el menor vestigio de lo contrario hubiera sido noticia de portada un día tras otro. Pero también se ha comentado que la razón principal del secretismo es que en las indagaciones sobre dinero mal habido se encontró imputaciones que involucraban a personas supuestamente insospechadas de haber tenido vínculo alguno con el régimen de los noventa y más bien se habían convertido en adalides del antifujimorismo. Ahora que ese meteorito llamado Odebrecht pone en peligro hasta a los dinosaurios de la moralidad, sería conveniente hacer un esfuerzo por ventilar el contenido de una pesquisa que nos costó a todos los peruanos.

Así como un virus se vuelve resistente a los antibióticos, el pueblo peruano ya no se deja manipular así nomás por alguna campaña orquestada desde los medios. El intento por quitar el foco de la corrupción del 2005 en adelante y poner la atención en los supuestos actos de corrupción cometidos por Odebrecht en los noventas les ha estallado en las manos a sus promotores: percibidos ahora como elementos dispuestos a jugar cualquier carta con tal de no hurgar en la confesa corrupción que involucra a los gobiernos de Toledo, García y Humala.

Pero hay más. Quienes se rasgan el vestido pretendiendo meter al fujimorismo en la misma olla ningunean feo la concienzuda labor de Javier Diez Canseco, recordado congresista que al frente de la Comisión de Investigación de Delitos Financieros investigó, uno a uno y por largo tiempo, los contratos suscritos en la época de Alberto Fujimori sin haber podido formular cargos consistentes.

“Que no nos vean la cara de cojudos, por favor”, ha dicho Ricardo Vásquez Kunze aludiendo a la fallida campaña por meter al fujimorismo en el mismo saco. Yo sí pongo la cara de ídem, porque apenas escarbemos comprenderemos cómo así Fujimori dejó a Odebrecht en litigio y prohibido de contratar con el Estado y por qué Toledo y sus ministros tuvieron que festinar la cuchipanda para favorecerlo.