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Cuando la lucha se acojuda

Permítanme parafrasear la ya famosa ministra de Salud: la lucha anticorrupción es un psicosocial.

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Cuando la lucha se acojuda

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"¿Cuánto más aguantarán los peruanos esta sensación de impunidad absoluta, de ausencia de Estado y de justicia, de sentirnos los idiotas que pagamos las cuentas para que otros se forren a nuestras expensas?" Cito al director de Perú 21, Juan José Garrido Koechlin, alguien insospechado de ser un fujimorista que habla por la herida porque no se le pasó el trauma de perder las elecciones.

Las de Garrido son expresiones compartidas por el ciudadano común que asiste al escándalo de Odebrecht y al festín de una justicia, que no solo protege con descaro a Humala y a Toledo (incluyendo sus importantes ministros) sino que ahora acaba de poner en libertad a Moreno, quien tiene abierto el camino para retomar su puesto de presidente del Gobierno Regional del Callao.

Estamos ante una bomba de tiempo, quizás a las puertas de un estallido purificador luego del cual cualquier aventurero o aventurera de la política podrá germinar como en tierra recién barbechada. O quizás no...  Recuerden al celebrado alcalde de Lima, Federico Elguera, quien a comienzos del siglo pasado se opuso a la importación de entonces modernísimos antibióticos argumentado, acaso con razón, que no eran tan necesarios “porque en Lima hasta las bacterias se acojudan”. Un crack el viejo alcalde de antaño.

Pero a lo mejor tiene razón. Y si entre nosotros hasta las bacterias se aletargan y pierden fuerza, cómo no iba a acojudarse y temprano todavía— la lucha contra la corrupción. Por favor. Ni que se hubiera acojudado recién con la escandalosa libertad concedida a Moreno.

Álvarez saldrá a su casa, dentro de muy poco, por exceso de carcelería en un Poder Judicial que imita al viejo tren macho: se para cuando quiere.

No he leído los fundamentos de la vergonzosa libertad otorgada a Moreno, pero cualquier artilugio “cojurídico” en que se haya apoyado el juez de Moreno es más tragable que la transformación de una detención irregular con interrogatorio, buen trato y posterior libertad en un caso de secuestro agravado, figura que le aplicó el juez San Martín a Fujimori. A San Martín lo aplaudimos; al otro juez lo acusamos de apoyar la corrupción. Si seremos olvidadizos. Si seremos hipócritas.

Bienvenidos al sainete que este otario anticipó hace meses. Al Chino, todos los juicios posibles. Y más por si las moscas. A Toledo, lenidad punible en el trámite de una quimérica extradición.

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¿Y la regionalización?

No podemos seguir manteniendo la excesiva cantidad de veinticinco gobernadores, la cual no hace más que alimentar la corrupción y la burocracia.

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No podemos seguir manteniendo la excesiva cantidad de veinticinco gobernadores, la cual no hace más que alimentar la corrupción y la burocracia.
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¿Y la regionalización?

No podemos seguir manteniendo la excesiva cantidad de veinticinco gobernadores, la cual no hace más que alimentar la corrupción y la burocracia.

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El Perú ha sido (y seguirá siendo) un país unitario y centralista. Razones históricas, geográficas y étnicas obligan a esto dándole en cierta forma la razón a Jorge Basadre, quien decía que sin el unitarismo centralista el Perú no sería el Perú[1]. Esto no quiere decir, sin embargo, que no deba existir en el país un proceso de regionalización que permita una más justa distribución de la riqueza generada.

Las constituciones de 1828, 1872 y 1886, liberales como los modelos franceses mal copiados, fueron el primer y último intento de aplicar la descentralización en el Perú ya que desde Leguía en los años veinte del siglo pasado ningún gobierno realmente se interesó por el tema, hasta hoy. 

Víctor Andrés Belaunde[2] sugirió que debían existir regiones en base a criterios económicos, no políticos ni históricos. Menciona una región petrolera que debía estar conformada por Piura y Tumbes, una región azucarera por La Libertad y Lambayeque, una región del algodón y la vid por Lima e Ica, la región del tráfico internacional por Arequipa, Moquegua y Tacna, la región del cobre por Tarma (Junín) y Huamanga (Ayacucho) y la región del sur por Cuzco, Apurímac y Puno.

Si bien es cierto que hoy ni el petróleo ni el algodón son preponderantes en los ingresos del país, sigue vigente el criterio económico o de clúster para una correcta delimitación de unas cuatro a ocho regiones en el país. Usando además de los criterios económicos los de identidad, seguridad, geografía, de recursos naturales y de infraestructura, el proceso debe continuar y no seguir manteniendo el número de veinticinco gobernadores, el cual no hace más que alimentar la más miserable corrupción e ineficiente burocracia que jamás haya vivido el Perú.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promulgada en el 2002 bajo Toledo, implementada contra viento y marea y a las patadas, nació mal y como era de esperarse sigue mal. Más del 50% de los gobernadores están en la cárcel o tienen serios cuestionamientos. El cronograma de consolidación de macrorregiones vía referéndum ha sido cancelado sin que nadie objete públicamente el asunto. Claro: los intereses por mantener los autos oficiales, sueldos, oficinas y otras gollerías además de la chapa de gobernadores,  es harto atrayente. 

Este gobierno está llamado entre tantas otras cosas a retomar el tema y consolidar al país regionalmente siguiendo la sabiduría de sus estudiosos de la realidad nacional.

[1] Basadre, Jorge/Perú: Problema y Posibilidad

[2] Belaunde, Víctor Andrés/La Realidad Nacional