Menu

Lo último

Opinión de última hora

Cosa Juzgada Fraudulenta para la Corte IDH

Cosa Juzgada Fraudulenta para la Corte IDH

Bajo este concepto, pueden ser reabiertas las investigaciones si aparecen nuevos hechos o pruebas de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad.

LEER MÁS
Bajo este concepto, pueden ser reabiertas las investigaciones si aparecen nuevos hechos o pruebas de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad.
LEER MÁS

Cosa Juzgada Fraudulenta para la Corte IDH

Bajo este concepto, pueden ser reabiertas las investigaciones si aparecen nuevos hechos o pruebas de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad.

LEER MÁS

Por siglos, una de las principales instituciones del Derecho ha sido la “cosa juzgada”, que no es otra cosa que el respeto absoluto a la sentencia final dictada por un juez o un tribunal, la cual debe ser ejecutada y que en materia penal viene unida al principio de ne bis in idem, la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades, ha establecido que constituye deber del Estado investigar las graves violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad y que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas, por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo la Corte ha desarrollado el concepto de Cosa Juzgada Fraudulenta y restricciones admisibles al ne bis in idem, analizando y señalando que se produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta” si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos y, más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Bajo este supuesto, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada: las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplazan la protección del ne bis in idem.

Nota: Las definiciones y conceptos jurídicos planteados no son propios sino que están trabajados in extenso en las sentencia de Barrios Altos (2001) y Almonacid (2006).

De los barones a los hampones del azúcar

De los barones a los hampones del azúcar

Mientras nos concentramos en el desastre y los escándalos de corrupción, Lambayeque es un territorio liberado al hampa y a empresarios inescrupulosos.

LEER MÁS
Mientras nos concentramos en el desastre y los escándalos de corrupción, Lambayeque es un territorio liberado al hampa y a empresarios inescrupulosos.
LEER MÁS

De los barones a los hampones del azúcar

Mientras nos concentramos en el desastre y los escándalos de corrupción, Lambayeque es un territorio liberado al hampa y a empresarios inescrupulosos.

LEER MÁS

Es increíble que mientras todos los ojos de la opinión pública se concentran en el desastre causado por El Niño Costero y los escándalos de corrupción por parte de empresas brasileras ligadas al presidente Lula y al Foro de Sao Paulo (matriz ideológica de la izquierda latinoamericana post caída del Muro de Berlín), el fiscal de la nación Pedro Sánchez y el presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez (exdiputado por UNIR Patria Roja) se llenen la boca diciendo que sus instituciones han cambiado y que existe mayor profesionalismo a pesar de la escasez de recursos (por falta de transferencia adecuadas del MEF).

Ellos mismos condonan el comportamiento de jueces y fiscales que a todas luces son corruptos.

Un claro ejemplo es lo que sucede desde hace décadas en el departamento de Lambayeque, especialmente en las zonas donde se encuentran las cooperativas azucareras (exhaciendas), hoy territorios liberados al hampa y a empresarios inescrupulosos (alguno de ellos ligados al narcotráfico, como saldrá a la luz en las próximas semanas). La protección patrimonial es el origen de toda la corruptela que ha venido a continuación, en detrimento de los trabajadores y pobladores de las azucareras. Lo que se pensó que era un bien resultó una tragedia pues estos maleantes (con muy buena relación con los medios de comunicación local y nacional mediante grandes pautas publicitarias) se han aprovechado del beneficio otorgado por la Ley del Congreso.

Tomemos el ejemplo de la Empresa Agroindustrial TUMÁN S.A.A., una empresa privada que se ubica en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Desde hace más de dos años se vienen dictando administraciones judiciales por juzgados FUERA de ese distrito, provincia y departamento, es decir juzgados que no deberían pronunciarse. Ejemplos:

a) Expediente 004-2015. Juez de Rodríguez de Mendoza-provincia en departamento de Amazonas. Amparo

b) Expediente 208-2015. Juez de José Leonardo Ortiz- Provincia de Chiclayo. Amparo

c) Expediente 114-2016. Juez de Ferreñafe- Provincia de Lambayeque. Amparo

d) Expediente 018-2017. Juzgado de Bongará- Provincia de Amazonas. Obligación de dar

e) Expediente El Agustino-Distrito y Provincia de Lima. Amparo

f) Expediente Pedro Ruiz-Provincia de Amazonas, Hábeas Corpus (el más reciente)

En el último caso listado, el juez de Pedro Ruiz Gallo, Walter Orlando Castillo Fernández, en el expediente N° 055-2017-JPL-PRG ha dictado vía proceso de hábeas corpus “suspender provisionalmente cualquier acto procesal tendiente a alterar el estado actual en que se encuentra la administración de la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.” y precisando “oficiar a la Policía Nacional a afectos que bajo responsabilidad se abstenga brindar cualquier tipo de garantía que se solicite en las resoluciones materia de cuestionamiento, esto en las resoluciones recaídas en los expedientes N° 4993-2009-73-1706-JR-CI-01, (…), Expediente N° 4430-2001, (…)”.

Esto es una grave intromisión en la ejecución de sentencias con autoridad de cosa juzgada. Precisamente, en los expedientes N° 4430-2001 y N° 4993-2001, existen sentencias firmes. Y justamente en su ejecución se ha dispuesto instalar administraciones de la empresa Tumán. Sin embargo, el juez de Pedro Ruiz está literalmente “suspendiendo” la ejecución de la cosa juzgada, lo cual está totalmente prohibido máxime si ello es improcedente a través de un proceso de hábeas corpus.

Pero, además, lo extraño y grave es que en la resolución N° 01 de fecha 07 de abril de 2017, no expone ningún fundamento fáctico y jurídico para ordenar la suspensión antes indicada. Esto hace la decisión nula per se, pues no se respeta la garantía del debido proceso ni la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales.

Lo más grave es que por resolución N° 02 de fecha 12 de abril de 2017 ha resuelto, a través de un decreto, reestablecer como administradores judiciales de la empresa Tumán a los señores Alejandro Zevallos Gonzales y Leoncio Egúsquiza Sánchez. Es totalmente ilegal que a través de un hábeas corpus se haya nombrado administradores judiciales.

En este caso, el juez está distorsionando la naturaleza misma del proceso constitucional de hábeas corpus.

Como se aprecia en el listado anterior, en más de una ocasión, los demandantes buscan “jueces ad hoc” que accedan a sus ilegales pretensiones, distorsionando las garantías del debido proceso. Repetimos: es imposible jurídicamente que se utilice al proceso de hábeas corpus para suspender la ejecución de sentencias firmes y menos aún nombrar administradores judiciales: peor si tales decisiones judiciales no tienen motivación jurídica. Además, todos los procesos constitucionales con el mismo fin (establecer una administración judicial ad hoc) han sido rechazados, al percatarse del fraude proceso.

¿Qué dirá sobre esto el discreto don Pedro Sánchez, Fiscal de la Nación y el mediático Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema? ¿Qué dirán los procuradores del Estado puesto que estas cooperativas deben impuestos, beneficios sociales, a Essalud, al ONP y Fondos de Pensiones, préstamos a COFIDE, etc.? ¿Dónde y cuándo escucharemos a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ordenar a la procuradora del Estado que intervenga? Mientras tanto, la población seguirá viviendo desamparada y con miedo.

Por la boca muere

Por la boca muere

Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

LEER MÁS
Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.
LEER MÁS

Por la boca muere

Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

LEER MÁS

La línea argumental del expresidente Ollanta Humala con relación a las escuchas telefónicas a su entorno allá por el año 2011 —ordenadas por un juez a pedido de un fiscal— es que fueron consentidas por el expresidente Alan García porque sería "imposible que no supiera" del hecho dada su función como jefe del Estado.

Admitamos por un momento que la hipótesis de Humala es cierta, es decir, que el poder político intervino en su caso. Si esto fuera así, entonces también "es imposible que no supiera" Ollanta Humala, COMO PRESIDENTE, que el fiscal encarpetó durante todo su mandato las pruebas que lo incriminarían en la compra de testigos que lo sindicaban como el asesino y torturador Capitán Carlos en Madre Mía. Porque ese es el tema, a saber: que los audios y las transcripciones desaparecieron del mapa cuando el expresidente Humala ganó las elecciones generales del 2011. Es decir, con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García podríamos inferir que el presidente Humala presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

¿Que por qué salen hoy las pruebas que debieron salir hace seis años? Esa es una explicación que le corresponde dar al Ministerio Público y al fiscal del caso que las encarpetó. ¿Que por qué las transcripciones las tiene El Comercio antes siquiera de que el investigado expresidente haya tenido acceso a los audios? También le corresponde al fiscal de la nación darle al país una explicación, pues tal procedimiento es inadmisible en un estado de Derecho y en una democracia... salvo, claro está, que las transcripciones las haya filtrado el mismo Ollanta Humala (que las tenía hace dos meses atrás como parte de su derecho a la defensa) para deslegitimarlas hoy como ha pretendido hacer.

En todo caso, que durante su mandato las pruebas que lo incriminaban se hayan esfumado no solo deja mal parado al fiscal, sino a quien afirma que los fiscales y los jueces son títeres del poder político que él encabezó como presidente de la República entre el 2011 y el 2016.

La Ley Electoral y los inevitables conflictos de interés

La Ley Electoral y los inevitables conflictos de interés

Anticipamos que el ambicioso proyecto de reforma pasará por una áspera y muy prolongada revisión.

LEER MÁS
Anticipamos que el ambicioso proyecto de reforma pasará por una áspera y muy prolongada revisión.
LEER MÁS

La Ley Electoral y los inevitables conflictos de interés

Anticipamos que el ambicioso proyecto de reforma pasará por una áspera y muy prolongada revisión.

LEER MÁS

Basta ser candidato de preferencia a la presidencia de la república y tener amigos con afinidad ideológica, abundantes recursos y poder político a su disposición. Esa es la fórmula ganadora para hacerse millonario y ocultar pasados delictuosos... salvo que el “escogido” mantenga sus prácticas adolescentes y decida llevar el registro de aportantes de su puño y letra, en coloridas agendas. ¡Es el costo, pues, de darle la espalda a la tecnología!

Parece un tema anecdótico pero es una realidad, un claro ejemplo de la política al servicio del candidato. Por ello, resulta esencial hacer modificaciones a la Ley Electoral y tener gran cuidado con el tema del financiamiento de los partidos políticos.

Se está elaborando un ambicioso proyecto de reforma que contiene temas muy complejos, muchos de ellos con propuesta del Ejecutivo: la bicameralidad (proponen una Cámara de Diputados de cien legisladores y un Senado de treinta miembros), la obligatoriedad del voto, la cuota de género (que se eleve al 50%), la ley de partidos políticos, entre otros. Anticipamos que su revisión será muy prolongada y áspera, y que desafortunadamente podría no entrar en vigencia para el próximo proceso electoral. En ese sentido, lo más acertado habría sido revisar la norma que impide la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, y legislar con mayor pulcritud los aportes a los partidos políticos, ambos con aplicación automática para las elecciones del 2018.

Respecto a la no reelección, hay quienes como el premier Zavala señalan que cuatro años quedan cortos y que debería permitirse por una única vez, para que así tengan oportunidad de continuar la obra emprendida. Sin olvidar que resulta saludable que los electores tengan la capacidad de castigar o premiar a la autoridad en ejercicio. Otros, sin embargo, piensan que permitirla consolida círculos de poder y corrupción, con el agravante de la distracción que significa hacer campaña el último año de su periodo y de la posibilidad de utilizar el presupuesto para proyectos populistas sin un debido análisis de retorno efectivo.

Según Armando Benedetti Jimeno, exministro de Comunicaciones de Colombia, “las razones para instituir la reelección serían tan válidas como aquellas que se le oponen. Uno podría suscribir una cosa o la otra. Argumentar sobre el tema no vale la pena”. Entonces, ¿la decisión se dejaría al azar? ¡De ninguna manera! Es un tema sensible que demandará mucho tiempo y negociaciones de índole política para llegar a un consenso, aunque igual hubiera sido importante priorizar su discusión y tenerla zanjada para el proceso del 2018.

La materia más álgida de la ley es la financiación de los partidos políticos, especialmente en las circunstancias actuales, por lo que resulta crítico evaluar estos aspectos:

1. Regular límites al monto de fondos por aportante, tanto monetarios como en bienes, no sólo durante la campaña sino permanentemente.

2. Imponer estrictas regulaciones sobre origen de los fondos. Prohibir los aportes de gobiernos o entidades extranjeras, públicas o privadas.

3. Obligar a que las contribuciones sean depositadas en una cuenta centralizada como ocurre en Chile. En nuestro vecino país, se pagan en la cuenta del Servel (Servicio Electoral) y posteriormente son canalizados a la cuenta individual de cada candidato. Permite conocer el monto y el flujo de los dineros.

4. Determinar si es conveniente que los aportes califiquen como donaciones deducibles del impuesto a la renta. En Colombia se admite la deducción y, si quien recibe las donaciones es un político como persona natural, la totalidad de los ingresos están inafectos. Por su lado, Argentina prohíbe la posibilidad de deducirlos pero exonera de todo impuesto a los inmuebles de propiedad de partidos políticos destinados exclusivamente a la actividad partidaria.

De acuerdo a lo declarado recientemente por la congresista Donayre, se prohibirá que empresas financien a partidos políticos, en aras de evitar “la lavandería”. Habría que distinguir si esta restricción es extensiva a todo tipo de personas jurídicas. Otra de las razones esgrimidas para la prohibición es evitar que el candidato quede en deuda con los aportantes, pero ello funciona igual cuando la contribución proviene de una persona natural.

Me queda clara la limitación a empresas cuando se trata de concesionarias de servicios públicos o aquellas que tienen contratos vigentes con el Estado; en cuanto al resto, habría que evaluar la conveniencia de un veto generalizado.

Los escenarios y posibilidades son extensos, sería de mucha utilidad revisar legislación comparada de países vecinos y evaluar su éxito.

Humala-Heredia: esclavos de sus palabras

Humala-Heredia: esclavos de sus palabras

La estrategia legal de la "expareja presidencial" es politizar sus casos sin importar que lo que digan sea estrafalario, como responsabilizar al gobierno de turno por las interceptaciones ordenadas por un juez.

LEER MÁS
La estrategia legal de la "expareja presidencial" es politizar sus casos sin importar que lo que digan sea estrafalario, como responsabilizar al gobierno de turno por las interceptaciones ordenadas por un juez.
LEER MÁS

Humala-Heredia: esclavos de sus palabras

La estrategia legal de la "expareja presidencial" es politizar sus casos sin importar que lo que digan sea estrafalario, como responsabilizar al gobierno de turno por las interceptaciones ordenadas por un juez.

LEER MÁS

Reseña El Comercio que "en conferencia de prensa, acompañado de su esposa Nadine Heredia, Ollanta Humala afirmó que Alan García permitió "por acción u omisión" la interceptación a él y a su entorno durante la campaña del 2011". Esto a raíz de que se hiciera público a través de ese mismo diario que existen audios en los que el expresidente Humala habría comprado testigos que lo perjudicaban en el caso Madre Mía, para que cambien la versión que lo incriminaba como el "capitán Carlos" en la investigación por asesinatos extrajudiciales cometidos bajo su comando.

Lo cierto es que quien ordenó la interceptación de sus comunicaciones fue el juez del caso en 2011 y son esas las comunicaciones que se han ventilado hoy ante la opinión pública en el marco de otra investigación fiscal.

¿Cómo puede Alan García permitir por "acción" la interceptación de las comunicaciones ordenada por un juez? ¿Acaso el expresidente Humala ha presentado alguna prueba para poder afirmar que García "accionó" para que el juez ordene la interceptación? ¿Y cómo puede Alan García permitir por "omisión" que el juez ordene la interceptación de las comunicaciones de Humala y Heredia? ¿Acaso esperaban Humala y Heredia que García obstruyera la justicia para que la orden del juez no se cumpliera?

La estrategia legal de los imputados Humala y Heredia es bien clara: politizar sus casos no importa que lo que digan sea hasta estrafalario, como inferir que la responsabilidad por las interceptaciones legales ordenadas por un juez es del gobierno de turno.

En simple, Humala y Heredia nos quieren decir que los jueces que los juzgan son instrumentos del poder político a excepción de su periodo, claro lo que no obsta para que la pareja acuda puntual a todas las citaciones judiciales. Esto último termina desvirtuando sus propias acusaciones de parcialidad y dependencia de los jueces porque sino... ¿para qué irían a ponerse en sus manos? ¿Acaso han recusado a alguno?

El hecho es que el levantamiento del secreto de las comunicaciones privadas del expresidente y la exprimera dama los desnuda tal cual son en el caso que nos ocupa, y de ello no son responsables ni Alan García ni Keiko Fujimori ni PPK.

 
 

Contenidos relacionados

Cosa Juzgada Fraudulenta para la Corte IDH

Bajo este concepto, pueden ser reabiertas las investigaciones si aparecen nuevos hechos o pruebas de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad.

POR: Delia Muñoz

De los barones a los hampones del azúcar

Mientras nos concentramos en el desastre y los escándalos de corrupción, Lambayeque es un territorio liberado al hampa y a empresarios inescrupulosos.

POR: Miguel Santillana

Por la boca muere

Con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García, podríamos inferir que el expresidente nacionalista presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

POR: Ricardo Vásquez Kunze

La Ley Electoral y los inevitables conflictos de interés

Anticipamos que el ambicioso proyecto de reforma pasará por una áspera y muy prolongada revisión.

POR: Madeleine Osterling

Humala-Heredia: esclavos de sus palabras

La estrategia legal de la "expareja presidencial" es politizar sus casos sin importar que lo que digan sea estrafalario, como responsabilizar al gobierno de turno por las interceptaciones ordenadas por un juez.

POR: Ricardo Vásquez Kunze

 

Las más compartidas

¡Zavalita, yo también quiero trabajar para la PCM!

Hace veintiún días, cuando el jefe de Estado estaba con el agua al cuello, decidió convocar a su despacho a un importante y venerable político de viejo cuño para ofrecerle el premierato.

POR: Ricardo Vásquez Kunze

El Libro Negro y la Teta Derramada

La batalla del neomarxismo es implosionar la cultura occidental.

POR: Miguel León Barandiarán Hart

Lobby gay contraataca

Existe, por parte de un sector determinado, un intento forzado de introducir a como dé lugar toda mención que legitime los conceptos "identidad de género" y "orientación sexual".

POR: Ricardo Vásquez Kunze

Humala-Heredia: esclavos de sus palabras

La estrategia legal de la "expareja presidencial" es politizar sus casos sin importar que lo que digan sea estrafalario, como responsabilizar al gobierno de turno por las interceptaciones ordenadas por un juez.

POR: Ricardo Vásquez Kunze

¡El Perú es libre!

Recuerdo que lloramos. También lloró el presidente cuando anunció, subido en una tolva, la muerte de los comandos Valer y Jiménez, y del vocal supremo Giusti.

POR: Ricardo Vásquez Kunze