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A mí me da igual, ¿y a usted?

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La ley NO ESCRITA de la mordaza ya existe en el Perú: sanciona a quienes no son corruptos, que tienen algo diferente que decir y que no pueden ser refutados sino callándolos.

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La ley NO ESCRITA de la mordaza ya existe en el Perú: sanciona a quienes no son corruptos, que tienen algo diferente que decir y que no pueden ser refutados sino callándolos.
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La ley NO ESCRITA de la mordaza ya existe en el Perú: sanciona a quienes no son corruptos, que tienen algo diferente que decir y que no pueden ser refutados sino callándolos.

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Varios amigos periodistas, de diferentes medios de comunicación, me han preguntado mi opinión (¡que daban por descontada!) sobre el proyecto de ley de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo que, según ellos, es una "ley mordaza". Mi respuesta en privado, que ahora hago pública, los dejó de una pieza: a mí me da igual.

En efecto, tratándose de libertad de expresión en los medios de prensa yo no tengo hoy ninguna —a excepción aquí de mi propia tribuna que puedo llevar, gracias al Facebook y al Twitter, donde me dé la gana— y, por tanto, si a algún interés afecta el proyecto de ley de Letona y Aramayo no es al mío.

Me explico: si yo no tengo libertad de expresión en la prensa tradicional habiendo liderado, de lejos, los rankings de medición de lectoría de los dos últimos diarios donde escribí sin haber plagiado ni insultado ni coimeado a nadie y causando la controversia necesaria que legitima la publicación de cualquier opinión periodística, ¿por qué me tendría que afectar una pretendida "ley mordaza"?

En otras palabras, ¿por qué tendría que defender yo la libertad —de prensa y expresión— de los que no me la conceden a mí? Tendría que ser yo muy imbécil para eso, ¿verdad?

"¿Pero tú mides los intereses de la sociedad en función de tus intereses?", me espetaron incrédulos mis amigos periodistas. Por supuesto, les contesté, ¿hay otra forma? No voy a ir tan lejos como Margaret Thatcher que afirmaba que la sociedad no existe, solo los individuos. Pero libertario como soy, la vida me ha enseñado que la sociedad existe conmigo a la cabeza. ¿Egoísta? No, simplemente hago lo mismo que usted hace, estimado lector: los intereses de la sociedad se miden según los intereses de uno, trate de quien se trate.

Ahora bien, si yo como periodista no me beneficio con la libertad de prensa ni como actor y tampoco como consumidor, ¿en qué se beneficiaría la sociedad? En otras palabras, si la mordaza ya se aplica de facto en los medios de prensa tradicionales, ¿qué más da una "ley mordaza" si la sociedad ya está afectada? 

Seamos claros y honestos. La mordaza ya existe en nuestro país para los que no son corruptos que tienen algo diferente que decir y que no puede ser refutado sino callándolos. Así que, ahora, no me vengan a pedir solidaridad con directivos de medios de comunicación en nombre de la libertad de prensa y expresión...¡por favor!

¡Realidad, sumisamente me rindo a tus pies!

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¿Hablamos de solidaridad? ¿En serio?

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La realidad en este país es apabullante... ¡no hay análisis que la resista! Leo artículos perfectamente estructurados sobre cómo el país está camino a la OCDE; sobre cómo la estandarización de los TUPAS logrará simplificar los procesos en todas las entidades públicas; cómo una legislación promotora de inversiones va a permitir que cerremos la brecha de infraestructura; cómo la institucionalidad generará desarrollo y logrará acabar con la corrupción, y me pregunto: ¿realmente se refieren al Perú o se inspiran en un “debe ser” en el que alguna vez creyeron?

Leo un emotivo artículo de Carmen McEvoy en El Comercio apostando por la esperanza, por un país que unido ante la tragedia ha logrado captar corazones: “Ese amor está surgiendo ante nuestros ojos y en medio del desastre [...] jóvenes voluntarios recibiendo donaciones [...] personal de nuestras Fuerzas Armadas entregando sus vidas [...] los que van al lugar de la emergencia llevando ayuda e ilusión a quienes más lo necesitan”.

En ese caso sí puedo afirmar que es la foto del Perú hoy pero, paradójicamente, eso me hace volverme más escéptica. Me pregunto si solo se trata de una solidaridad coyuntural, de un lavado de conciencias; si luego de las lluvias, cuando empiece la parte más dura —sí, la más dura e interminable, a veces—, esa energía y compasión seguirá vigente o nos ganará el día a día, nos conquistará una vez más nuestra cruda realidad, esa que parece estar peligrosamente aletargada ante los ojos de la mayoría.

Hace un par de días escuchaba a Yeni Vilcatoma recordarnos con mucha firmeza que el mayor enemigo del país no son las inclemencias de la naturaleza sino la impunidad y la corrupción. Aquella podredumbre ha permitido que se construyan carreteras con capas asfálticas de poca resistencia y durabilidad, puentes con fallas estructurales y de cálculo, plantas de tratamiento de agua con deficiencias constructivas visibles y cuyos estudios de diseño fueron incapaces de incluir un análisis histórico de los ciclos de la naturaleza, ni siquiera a ese primer mega Niño del siglo XX, que se dio durante los veranos de los años 1925 y 1926, como señala el ingeniero Arturo Rocha Felices, consultor de proyectos hidráulicos.

Y es que la realidad no te la enseñan los libros de texto: ¡te la enseña la vida! Ejemplos:

1. Enfrentarme con una autoridad municipal que descaradamente ha puesto precio a todas las licencias y permisos que yo necesito, y cuya discrecionalidad no tiene límites.

2. Conciliar razones con una autoridad judicial que, con insólita ligereza, denuncia penalmente a todo aquel a quien pueda chantajear, simplemente porque nadie la controla.

3. No poder asumir que lo único que pasa por la mente de los campesinos, exacerbados por antimineros, es dinero y aprovechamiento. Que simulan daños para extorsionar. Que utilizan las lágrimas de sus mujeres y niños para conmover a la opinión pública, que se victimizan a través de su "desgarradora pobreza" y de su poca comprensión del idioma castellano.

4. No perder la capacidad de asombrarme ante el comunicado de un poderosísimo sindicato que se opone a que su empresa invierta en proyectos de infraestructura priorizados a través de Obras por Impuestos, simplemente porque ellos creen que les significa una reducción en la base de cálculo de sus utilidades.

¿Hablamos de solidaridad? ¿En serio?

Podemos darle mil vueltas a las posibles soluciones pero la variable más complicada son las personas. Soy una convencida de que el cambio solo vendrá con las nuevas generaciones. Aunque suene duro, lo podrido podrido está... y tomará muchos años erradicarlo.

¿Es tan difícil legislar derecho?

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Una desgracia deja su lección, pero en el Perú nos empecinamos en no aprenderla.

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Una desgracia —natural o provocada— debería tener su consecuente lección, pero en el caso del Perú la lección siempre es la misma y nos empecinamos en no aprenderla.

Tras los desastres originados por el llamado Niño Costero, inescrupulosos comerciantes han retenido sus productos con el propósito de provocar una escasez artificial y aprovechar el estado de necesidad y desesperación de la población para poder alterar los precios. Es lo que legalmente se denomina “delito de acaparamiento”, pero nos topamos conque no está sancionado en el Perú. En cuanto a la adulteración y el acaparamiento, estos delitos serán aplicables cuando se traten de productos de primera necesidad (artículo 234 del Código Penal); sin embargo, ¡oh, sorpresa! Ningún ente normativo nos señala cuáles son precisamente estos “productos de primera necesidad”.    

En el caso de la inseguridad ciudadana, el artículo 279 de nuestro Código Penal sanciona la posesión de armas sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Lo paradójico es que las gestiones para obtener la licencia de portar armas se realiza en Dicscamec y el requisito para su tramitación es haber adquirido previamente un arma de fuego, lo que implica que toda persona por el solo hecho de haberla comprado sería autor del referido delito. Todo un contrasentido al que debemos sumar que las empresas vinculadas al rubro de la armería permiten que cualquier persona con DNI pueda realizar disparos a granel a cambio de una suma de dinero, lo que implica proporcionar facilidades a cualquier individuo para que se especialice en el uso de armas de fuego sin una regulación estricta.

Es cierto que una de las atribuciones de nuestros congresistas es fiscalizar, pero pareciera que fuera la única que da réditos mediáticos aunque los resultados sean paupérrimos (por ejemplo, la megacomisión). Se olvida que el Congreso es el PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO: por ende, su principal labor es generar leyes que permitan que nuestra sociedad funcione mejor y que pueda hacer frente tanto a los desastres naturales como al flagelo de la delincuencia, por citar solo dos casos.

Ante los actos de acaparamiento que pueden volver a repetirse por nuevos desastres naturales, ¿no se podría fijar precios para los productos de primera necesidad? Y si acaso esta acción dañara el principio de oferta y demanda, ¿acaso no podría modificarse la normativa de Indecopi sobre protección al consumidor?        

Y ante la delincuencia rampante a nivel nacional, ¿no sería mejor retomar el proyecto del Código Penal de 1985 el cual señalaba que “para que una conducta sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin causa justa, el bien jurídico tutelado”? Con ello no sería ilegal comprar un arma de fuego, pero si sería necesaria la autorización de la Dicscamec para su uso. Igualmente, como medida preventiva, debe exigir un certificado de salud mental o registro de antecedentes penales a las personas que vayan a las diferentes armerías a especializarse en el uso de armas de fuego. Son requisitos mínimos para tener al menos cierta certeza de que no hemos abierto una puerta para que los cabecillas de bandas criminales envíen a sus sicarios a profesionalizarse, a mejorar su puntería, con la pérdida de numerosas vidas de efectivos policiales y civiles.

No creo equivocarme en que lo expuesto es un razonamiento lógico para el común de las personas, excepto para nuestros congresistas. Por eso termino preguntándome con perplejidad: ¿ES TAN DIFÍCIL LEGISLAR DERECHO?

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7. Mucha de la actual emergencia se pudo evitar o controlar.

Uno de los problemas del Perú es que no hay, por ejemplo, una clara implementación de la variable “crecimiento+prevención”. Y como el crecimiento no va acorde con la prevención, se tolera que la gente se instale en zonas vulnerables, al borde de los ríos, que desafíe la muerte. Las alcaldías lo permiten y en la práctica a casi nadie le importa. No se obliga, por ejemplo, a los gobiernos regionales a invertir en prevención, en los espacios sobre los que se levanta la vida civilizada; no se educa ni se prepara a la población mirando el futuro; tampoco se construyen muros de contención y defensas en las zonas de riesgo; y, lejos de canalizarse los ríos, se descanalizan con edificaciones imprudentes.

Muchas de las obras municipales se hacen impulsadas por la corrupción. El resultado es que cada cierto tiempo ocurre una tragedia como la de ahora, una tragedia que afecta a miles de familias, que arrasa con una parte del país, que empobrece a la población.  Y se trata siempre la misma tragedia pero secuenciada en el tiempo, porque regresa cada cierto número de años cobrando la deuda de la improvisación e informalidad. Ha sido patético ver cómo algunos de los puentes se han derrumbado porque estaban mal concebidos, porque no fueron aferrados a tierra unos metros más lejos de la orilla del río.  Y así, de a pocos, se fue  forjando el camino del subdesarrollo por el que ahora transita el país.

Al final, obviamente, la reconstrucción sale más cara. Y nunca hay culpables: la culpa la tiene el clima. Nadie se hace responsable. Nadie va a la cárcel por haber sido negligente.

Pero más allá de eso, en líneas generales, la actuación del gobierno para sobrellevar la emergencia está siendo la indicada. Se está actuando a la altura de las circunstancias. Hay que destacar la reacción de PPK de lanzar un paquete económico reactivador, quizás el paquete más rápidamente lanzado en la historia en circunstancias como esta. Bien por eso; por algo es un gobierno de economistas.

Todavía falta un largo trecho. Pero se percibe un manejo inteligente en medio de la crisis, una dedicación, un trabajo esforzado. Podría ser mejor, pero ahí está. Y eso mejora la imagen del gobierno y también da esperanza a la gente.

8. El rol de la empresa privada en los servicios estratégicos y ciertos políticos ausentes

Una situación de crisis ambiental y social, por lo menos en teoría, debería unirnos a todos. Y esto incluye a los que tienen capacidad de liderazgo, al empresariado y a la sociedad en general. Hace algunos años, cuando se desencadenó el conflicto bélico con Ecuador, la compañía aérea Faucett suspendió todos sus vuelos con el fin de abrir un puente aéreo a fin de trasladar soldados, pertrechos, alimentos y medicinas. La compañía corrió con todos los gastos, incluyendo la gasolina. El puente duró varios días hasta que llegaron los primeros barcos de guerra al norte.

En México, después del gran terremoto, las líneas telefónicas fueron abiertas gratuitamente para todos los pobladores sin excepción. Cualquiera podía llamar de la calle. Y el transporte público se mantuvo gratuito mientras duró la emergencia.

Aquí ha pasado lo contrario con algunas compañías de servicios en las zonas afectadas. Los celulares nunca fueron abiertos; en el norte siguen sujetos a la compra de crédito prepago (no parece importar que una llamada de auxilio puede salvar una vida). Fue igualmente patético escuchar en RPP cómo la población pedía desesperada que se les exonerara del pago del peaje en las carreteras concesionadas, porque así no podían brindar su apoyo o trasladar a la gente damnificada.

Y lo propio ha pasado con una compañía aérea que lejos de apoyar el traslado y la comunicación ante la emergencia, aprovechó la crisis para subir sus pasajes, al punto que un asiento llegó a costar casi 500 dólares.

Apena decirlo, pero eso ocurre porque esas empresas no son peruanas. Y si tienen accionistas peruanos, es solo de manera figurativa. Y son empresas que operan servicios estratégicos al país.

Apena también comprobar el silencio de personalidades influyentes como Alfredo Barnechea y Julio Guzmán, entre otros. Han brillado por su ausencia. ¿Qué liderazgo futuro podrían ejercer si no son capaces de dar el ejemplo ahora que el Perú lo necesita?

Gracias, Venezuela

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En 1972, un devastador terremoto asoló Managua. En aquel entonces Nicaragua era gobernada por el autócrata Anastasio “Tachito” Somoza Debayle, heredero de una poderosa dinastía oligárquica y abiertamente pronorteamericana. Su archienemigo, el dictador comunista cubano Fidel Castro, no dudó en ser el primero en acudir al auxilio del pueblo nicaragüense.

Ninguna ayuda de un país hermano puede ser despreciada o negada, sobre todo cuando hay gente en desgracia. Preguntémosle sino a alguno de los compatriotas que lo han perdido todo —y que hoy tiene que vivir en una carpa— si le molesta recibir la ayuda de Venezuela. Qué fácil es hablar para algunos, francamente. 

Por ello, todos los peruanos debemos agradecer sinceramente el noble gesto del presidente venezolano Nicolás Maduro de enviar cien mil cajas de alimento para nuestros compatriotas y saludar la decisión de nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de dar la bienvenida a la donación, más allá de las públicas y notorias diferencias que hay entre ambos. Ya Maduro ha dicho al respecto que, a pesar de los conflictos diplomáticos, primero "está el apoyo y el amor de nuestros hermanos".

Es lo que corresponde: las tragedias de los pueblos están por encima de las personas.

 
 

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