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Opinión


28 Mayo, 2018.

Se busca asesora sin opinión

Hasta este momento el MIDIS no ha señalado qué ley, norma o disposición ha infringido la abogada Shica. Lo que sí queda claro es que el Estado Peruano está vulnerando los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

Elizabeth Zea

| Columnista invitada

El caso de Lesly Shica llama poderosamente la atención en el contexto de un tema de interés nacional, como es la contratación de terroristas por el Estado Peruano. Ella criticó la contratación de Nancy Madrid –quien fuera integrante del MRTA– y purgó condena de dieciocho años, como asesora de la congresista Foronda quien fuera integrante del MRTA. Lesly trabajaba en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como asesora legal, un cargo al que, conforme a su versión, accedió por concurso público.

De acuerdo con lo sostenido por la ministra el retiro de Lesly obedece a sus expresiones contra poderes del Estado, dando a entender que su opinión sobre este tema era incompatible con el cargo que ocupaba. La pregunta es: ¿puede proceder legalmente este despido maquillado tras una renuncia forzada?

Hasta este momento el ministerio no ha señalado qué ley, norma o disposición ha infringido la abogada Shica. Lo que sí queda claro es que el Estado Peruano está vulnerando los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. La Convención Americana a través de su artículo 13 establece un marco amplio de protección, reduciendo al mínimo las restricciones sobre la libre circulación de información opiniones e ideas. Por ello, en aplicación al principio pro homine debe primar lo dispuesto por la Convención antes que cualquier otro instrumento internacional que establezca restricciones.

La libertad de expresión y opinión cumple la función esencial de garantizar una sociedad pluralista, deliberativa y democráctica; y facilita la autodeterminación personal y colectiva. Casos como el de Herrera Ulloa vs. Costa Rica y el de Olmedo Bustos Vs. Chile han establecido parámetros de protección, incluyendo los discursos que “ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

Es así que –en un Estado DEMOCRÁTICO– las acciones u omisiones de los entes estatales y sus funcionarios públicos se sujetan al escrutinio por parte de órganos de control, pero también a la opinión pública que puede ejercer su opinión de manera crítica e incluso desafiante.

En ese sentido, las restricciones a la libertad de expresión no pueden sujetarse a una censura previa sino a responsabilidades ulteriores que deben estar previa y claramente establecidas en una ley y que estas restricciones deben estar encaminadas a garantizar los fines de la Convención (seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas) y la protección de los derechos humanos como el derecho a la honra.

¿Cuáles son las normas que Shica ha incumplido y cuáles son las responsabilidades de naturaleza penal, civil o administrativo que acarrea su incumplimiento?  ¿Qué derecho vulneró Lesly Shica que la priva, en automático, del derecho de acceder a un debido procedimiento administrativo y  de trabajar?

Estamos atentos a la respuesta de la ministra del sector.


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