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Opinión


5 Noviembre, 2017.

Sangre contra sangre: ¿estamos debidamente informados?

Es importante acallar los ánimos encendidos, e iniciar un proceso veraz de información y toma de conciencia de lo que significaría legislar la pena capital en nuestro país.

Las violaciones de niños nos causan un rechazo absoluto. No somos capaces de comprender cómo una persona puede llegar a ese extremo de crueldad y abuso con criaturas indefensas, cuyo destino sino tiene el trágico desenlace de la muerte quedará marcado para siempre.

¿Y qué hay de nuestra indignación frente al abuso que se comete contra 300 millones de niños en el mundo? Según la UNICEF, ese es el altísimo número de víctimas de castigos físicos y psicológicos en su casa. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales-ENARES 2015, más del 70% de los niños peruanos están expuestos a violencia tanto en el ámbito familiar, como en los colegios, albergues y, en general, en todos los espacios donde habitan o circulan niños; aunque esta cifra posiblemente haya aumentado en los dos últimos años.

Es que la violencia no ha retrocedido un milímetro. Y la calle, vandálica y feroz, es un fiel reflejo de lo que sucede en los hogares.

Eliminar la punición corporal en la crianza de los niños es complicadísimo, porque significa enfrentarse a un tema cultural muy arraigado; sin embargo, es una prioridad. La violencia doméstica puede tornarse usual  y aceptada, y más tarde se replicará en los hogares que esas futuras generaciones formen. ¿Cuántos niños son abandonados en la calle o asesinados a golpes por sus padres? ¿La violencia contra la misma sangre, indefensa, no es acaso tan deplorable como una violación?

Algunas reflexiones:

UNO. La cantidad de abusos, no solo violaciones contra menores de edad —que no cesan— ha puesto el tema de la pena capital nuevamente en agenda. La posición políticamente correcta es “oponerse a la pena de muerte”. Es la más fácil, humana y ajustada con los principios religiosos. Pero tampoco se trata de asumir una actitud cómoda, sino de analizar qué buscaríamos como país si se regulase nuevamente la pena capital en nuestra Constitución y legislación penal.

DOS. Aquellos que se oponen como Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, o la congresista Luciana León sostienen que deben elevarse las penas hasta incluso a la “cadena perpetua” (sin beneficios penitenciarios). Me pregunto: para un convicto por violación que supera los 50 años de edad, ¿qué diferencia puede haber entre la cadena perpetua sin beneficios penitenciarios —cuya decisión se revisa cada 35 años—  y ser sentenciado a muerte?  ¿Sera posible que ese condenado se rehabilite y reincorpore a la sociedad, sabiendo que existen altas probabilidades de que muera en cautiverio?

¿Estamos preparados para hacerlos hombres de bien y que contribuyan desde la cárcel, para reparar de alguna manera el daño causado? ¿Se trata de una condena a muerte en vida?

Además, como menciona Luis Davelouis en su columna de Perú21, “un violador de menores que va preso por 35 años le costará S/434 mil a todos, incluyendo a los padres de su víctima. Dinero suficiente para mandar al colegio a ciento veinte chicos. A mayo de 2016, teníamos cien de esos presos”. Hoy según lo informado por el INPE y publicado por Diario Correo, existen 7907 presos por violación a menores, siendo esta la segunda causa de encarcelamiento luego de robo agravado.

TRES. Karla Schaefer de FP presentó un proyecto de ley que busca aplicar la pena de muerte para el caso de delito de violación a la libertad sexual cometido contra menores de siete años, seguido de muerte, en línea con la propuesta de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2016. Sería un error si no tiene absoluta claridad sobre los fines perseguidos, pues:

a) No existe evidencia en Perú de que sea disuasivo. Los estudios realizados por el economista Isaac Ehrlich hace cuatro décadas en los EE. UU. no son el mejor referente.

b) Aliviar el sufrimiento de la familia de la víctima implicaría extenderlo a la familia de la persona condenada.

c) Infligir un castigo equiparable al delito cometido, el bíblico “Ojo por ojo, diente por diente”. Una comunidad que ejecuta criminales se pone al mismo nivel de violencia que ellos.

d )Ser incapaces de rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad por la debilidad de nuestro sistema carcelario y la falta de recursos destinados a ello.

e) El deseo de combatir la violencia y el salvajismo brutal con el mayor castigo posible, con el castigo ejemplar.

Además, es imperativo considerar otras variables tales como el riesgo de ejecutar a una persona inocente, la ausencia de garantías procesales en los juicios por las debilidades de nuestro Poder Judicial, la falta de profesionales expertos para determinar los atenuantes y agravantes que afectan los casos que —a priori— ameriten la pena capital, entre otras visibles carencias de nuestra administración de justicia.

Hay que darle al tema la importancia que se merece. No está bien presentar proyectos de ley como respuesta emocional o populista a un grave problema que afecta a nuestra sociedad. Este Gobierno ya se pronunció en contra, sometiendo la aislada voz del ministro de Justicia, pero de todas formas siempre será una materia recurrente en las crisis de violencia.

Es importante acallar los ánimos encendidos, e iniciar un proceso veraz de información y toma de conciencia de lo que significaría legislar la pena capital en nuestro país. No demos la espalda al valor de una sociedad informada ni pensemos que nuestra adhesión al Pacto de San José está escrita en piedra.


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