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Rospigliosi acusa

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Sería interesante que activista política Huertas invite por enésima vez a su entrevistado favorito --no al señor Cateriano, sino al otro-- y le pregunte si la persona a la que se refiere Rospigliosi siempre viste para las cámaras el clásico outfit de "reportero" (chalequito crema con mil bolsillos). Juro que esta vez no cambio de canal.



Ayer cayó un rayo en el teatrín del mundo periodístico cuyo gastado escenario de moralina es dominado tras bambalinas por la mermelada de la publicidad estatal. El periodista y columnista de El Comercio, Fernando Rospigliosi, en su columna sabatina titulada “Desacuerdo con Odebrecht” dijo algo gravísimo que, de confirmarse los protagonistas señalados allí, corroboraría lo que todo el mundo sabe desde hace mucho: a saber, la inconstitucional y grosera interferencia de poderes con agendas propias en el seno del Ministerio Público, con el objetivo de utilizarlo para la persecución política.

Dice Rospigliosi: “Este fiscal –Hamilton Castro– tuvo dos problemas, además de sus propias vacilaciones, errores y demoras. El primero, su enfrentamiento con el otro fiscal con el que compartía la investigación, Rafael Vela, que jerárquicamente era superior suyo pero funcionalmente había sido colocado al mismo nivel […] La segunda dificultad es que se malquistó desde el principio con un influyente periodista que campea en la fiscalía. A los pocos días de nombrado Hamilton Castro, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le pidió que conversara con el personaje. El encuentro se efectuó en la sala de reuniones, al lado de la oficina de Sánchez. El periodista, que estaba con su asistenta, parecía escribir en su laptop mientras interrogaba y deslizaba orientaciones a Castro, hasta que por error apretó la tecla equivocada y el fiscal empezó a escuchar su propia voz. Lo estaba grabando sin su consentimiento. Castro dio por terminada la reunión y nunca más aceptó las sugerencias de Pablo Sánchez de volver a reunirse con el omnipresente individuo. Eso, por supuesto, tuvo consecuencias para él”.

¿Un periodista puede darle orientaciones a un fiscal para que encamine una investigación en tal o cual sentido? ¿Un fiscal de la Nación puede ordenarle a un fiscal especial que se reúna con un periodista para que este le dé instrucciones en la sala de reuniones adjunta a su despecho del Ministerio Público? ¿Cuál es la relación entre el fiscal de la Nación y el periodista para que uno ponga a un fiscal especial que se supone autónomo en manos del otro?

¿Qué agenda pueden tener el fiscal de la Nación y el periodista para tener una relación de confianza de ese tipo? ¿Ha cometido el fiscal de la Nación una infracción constitucional al permitir y avalar directamente la injerencia de un poder externo con una agenda propia que nadie conoce en el Ministerio Público? ¿Y el periodista que graba al fiscal especial al amparo del fiscal de la Nación ha cometido delito? ¿Puede ir a la cárcel? ¿Puede ampararse en la reserva de la profesión o debería ser investigado de conocerse su nombre por intervenir de facto el Ministerio Público? ¿Quién es el periodista? ¿Cuál es su nombre?

Sería bueno que se inicie de oficio por parte de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos una investigación para que estos hechos denunciados por Rospigliosi –que es un periodista muy bien informado– no queden impunes. ¡Se trata nada menos de un secuestro de la fiscalía de la Nación por un poder oculto! También deberían investigar los medios de prensa, en vez de poner en práctica el mecanismo del cono del silencio.

Por lo pronto, sería interesante que la activista política Mávila Huertas invite por enésima vez en su programa a su entrevistado favorito –en este caso no me refiero al señor Cateriano, sino al otro– y le pregunte si la persona a la que se refiere Rospigliosi siempre viste para las cámaras el clásico outfit de “reportero”: chalequito crema con mil bolsillos para libretitas y lapiceros. Esta vez juro que no cambiaría de canal.

 

 

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