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Quo vadis, Perú?

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¿Qué se puede hacer además de cambiar al presidente y su gabinete, o de desaforar congresistas, para que haya realmente un cambio en la sociedad peruana lamentablemente reflejada en esos actos?



Cuando políticamente creíamos haber vivido lo peor, los asquerosos videos y audios de los últimos días desenmascararon lo más bajo y podrido de nuestra clase política. El 21 de marzo de 2018 quedará en la historia como el día en el que descubrimos que nuestros congresistas literalmente se venden por un plato de lentejas (servido en la calle Choquehuanca) y que no merecen ninguna otra cosa que el desafuero y todo el peso de la vergüenza pública. Dudo, sin embargo, de que a estas alturas del partido eso les importe algo.

¿Qué se puede hacer además de cambiar al presidente y su gabinete, o de desaforar congresistas para que haya realmente un cambio en la sociedad peruana lamentablemente reflejada en esos actos?

En un país de desarrollo intermedio con corrupción alta como Brasil, donde las prácticas de corrupción se heredaban (y aún heredan) en familia, grupo político o empresa como si fuera algo natural, el ingreso de una comisión especial que envió a la cárcel a varias vacas sagradas creó un efecto de shock muy positivo como primer paso en el largo proceso de lucha anticorrupción. El proceso luego tiene que asentarse, institucionalizarse y convertirse en parte de la vida diaria de los ciudadanos.

En el caso del Perú, donde las fuentes principales de enriquecimiento casi nunca fueron el trabajo duro y disciplinado, la inversión audaz o la inventiva empresarial, sino el aprovechamiento de recursos naturales (salitre, guano) o humanos (mita) que no estuvieron sujetos a la competencia del mercado sino al favor político, la corrupción encontró campo más fértil. Igualmente, la desigualdad económica de amplios segmentos poblacionales y la dificultad para el ascenso social-económico facilitaron la proliferación de la corrupción… sobre todo en aquellos países que como el Perú tienen presidentes mentirosos y ladrones, y congresistas y alcaldes coimeros. Total: ¿si los de arriba lo hacen, porque yo no?

Sergio Moro, el juez Lava Jato, ha concluido de su actuación a la fecha que de entre las amenazas más graves que se sigue encontrando en la lucha anticorrupción están la falta de independencia de jueces y fiscales a cargo de las investigaciones, y también la existencia de foros privilegiados que protegen a los políticos con inmunidad. El laberinto de normas burocráticas y judiciales que nadie entiende, la dificultad para construir una carga probatoria necesaria para justificar las acusaciones y los incentivos que en el sistema político existen para que la corrupción aspire al poder son algunos de los monumentales obstáculos que también hay que superar.

En nuestro caso, habría que agregarle esa muy peruana esquizofrenia que hace al taxista criticar y escandalizarse con la corrupción de los políticos y empresarios, mientras le parece normal coimear al policía que lo detiene por pasarse la luz roja. O el juez que discute con el acusado el precio de una sentencia favorable y exige pago anticipado porque se trata de un acuerdo de caballeros.

Tal y como se ha hecho en Italia con Mani Puliti y Brasil con Lava Jato, el Perú debe además seguir el ejemplo de territorios y países como Hong Kong (Independent Commission Against Corruption/ICAC) , Singapur (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) y Rumanía (Directia Nationala Anticorruptie/DNA) que son instituciones independientes y empoderadas que han hecho el milagro de erradicar la corrupción.

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