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Opinión


3 Octubre, 2017.

Quinua: trabajando para Bolivia, ¡así andamos!

La nación altiplánica debe estar exultante celebrando que el Perú se autoimponga restricciones para el comercio exterior de nuestro producto de bandera.

Bolivia debe estar exultante celebrando que el Perú se autoimponga restricciones para el comercio exterior de la quinua, nuestro producto de bandera. Y es que inadvertidamente nos hemos convertido en su mejor aliado, sin que nuestra dorada burocracia asuma responsabilidad o caiga en cuenta de la gravedad de sus decisiones.

Desde el 2014 hemos venido perdiendo cuota de mercado en la Unión Europea a favor del país altiplánico, el cual —aun sacrificando márgenes de rentabilidad— ha incrementado sus exportaciones en 3380 TM,  mientras que Perú ha bajado en 5692 TM. Pequeña muestra de que los esfuerzos de promoción del gobierno de Evo Morales para desplazarnos están dando resultados, a vista y paciencia de nuestro exitoso Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de Promperú y de los gremios como Adex o ComexPerú, los cuales parecen haber caído en desgracia pues sus voces o lamentos no son nunca escuchados.

A más inri, recientemente a algunos iluminados de Senasa se les ocurrió imponer absolutamente a todos los exportadores de este cereal hacia los Estados Unidos y  la Unión Europea un análisis fitosanitario adicional, cuya implementación está destinada al fracaso: no solo por el  mayor costo en tiempo y dinero (gastos de sobreestadía del contenedor y financieros por inmovilización del producto)  sino por las evidentes ineficiencias del sistema.

Algunas reflexiones:

UNO. Los productores de quinua son agricultores de pequeña escala; máximo tienen campañas de entre 1000 y 2000 kilos, por lo que es necesario comprar a varios  de ellos para armar un lote de exportación que generalmente se aproxima a las 20 toneladas. En este escenario, un análisis eficiente debería recaer sobre el 100% de los sacos o, por lo menos, separarlos por origen y tomar  muestreo representativo del producto. Sin embargo, Senasa solo lo realiza en un 1% o 2% del total, determinando que se convierta en una prueba espuria e  ineficiente, casi una tomadura de pelo pero que ocasiona costos e inconvenientes a los exportadores. Un absoluto desgaste recíproco, sin beneficios para el importador internacional.

DOS. El procedimiento teóricamente demora diez días, durante los cuales los exportadores asumen costos de almacenaje y sufren retrasos que perjudican a sus clientes. Si Senasa no cumple con el plazo, (lo cual es habitual en la administración pública por falta de infraestructura y porque los TUPAS siempre las desbordan) podrían perder el transporte contratado, sufrir penalidades por demora o por incumplimiento o, lo que es peor, perder al cliente. Años de trabajo para lograr posicionamiento y credibilidad tirados por la borda.

TRES. Cuando Nadine Heredia ocupó su autoproclamado cargo de “embajadora de la quinua” promovió la siembra indiscriminada de este cereal hasta en la Costa, cuando está probado que los climas cálidos no son los más aparentes porque requieren un mayor uso de pesticidas. Como consecuencia de ello efectivamente ha habido problemas con unos pocos exportadores, perfectamente identificados, por el uso de sustancias no aceptadas en Estados Unidos y en la Unión Europea. Claro que frente a esto la mejor regla es la que no existe: debemos dejar que el mercado se regule por sí mismo. y que los clientes solos dejen de comprar a aquellos proveedores que no validen la inexistencia de pesticidas o las calidades exigidas en el pedido.

CUATRO. Jamás cesaré de reclamar por la poca competitividad que tienen los exportadores no tradicionales en el Perú debido a las carencias de infraestructura, los altísimos costos logísticos y una burocracia que no cesa de hostilizar (ya sea por ignorancia o por deseos de protagonismo) generando nuevas regulaciones, entre gallos y medianoche,  sin medir los costos asociados.

Esta es una prueba más de lo mal que se legisla en el Perú. No se hace un análisis real costo-beneficio de la necesidad de una regulación, ni se involucra a los actores afectados buscando consenso y eficiencia; simplemente se promulga sin medir las consecuencias. En nuestro país se cometen atropellos normativos todos los días, sin que exista una rendición de cuentas.

No solo hay impunidad para la corrupción sino también para la ineficiencia. ¡Resulta lamentable, pero así estamos!


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