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¿Quién controla a las rondas campesinas? (parte 2)

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Existe un peligro real de que el nuevo Sendero penetre a las rondas campesinas o que los dirigentes de estas, ante la “competencia”, tengan que “radicalizar” sus posturas. ¿Cuál será la respuesta del Estado?



En el caso de inversiones privadas, las rondas campesinas imponen sus “agendas políticas” (de no existir al momento de la llegada de los inversionistas se crean inmediatamente) y tratan de extraer rentas o proyectos de desarrollo para el beneficio de la comunidad. Se trata de “ajustar” a las empresas para que puedan hacer realidad sus proyectos. Veamos algunos ejemplos (nos reservaremos el nombre de las empresas):

  1. Cierta ronda campesina “prohibió” a la empresa extractiva informar y sensibilizar a la población sobre su proyecto hasta que ellos lo autoricen, además de ordenar a los ciudadanos de la zona que no conversen con los funcionarios de la empresa.
  2. Cierto dirigente rondero ha promovido la formación de una ronda bajo su control para obligar al alcalde a dejar sin efecto un convenio de cooperación que firmó con una empresa, pues su pretensión es que la empresa firme otro convenio entregando dinero contante y sonante.
  3. Una ronda campesina obligó a los representantes del proyecto de exploración que le entreguen información sobre las personas que han participado en los talleres de participación ciudadana. ¿Para qué? ¿Para amedrentarlas?,

Si el Estado peruano quiere promover la inversión privada debe tener una clara política frente a las rondas campesinas y ponerle límites. Y podríamos mencionar más ejemplos, pero existe un peligro aún mayor. Sendero Luminoso se ha reorganizado desde el 2007 (información revelada por Cecilia Valenzuela según documento aprobado por el Comité Central que le fue encontrado a Artemio) y tiene un plan de relanzamiento a través de la “violencia social” (ya no la “violencia revolucionaria”). Y es que lo que está haciendo SL es penetrar las organizaciones de base de la sociedad peruana sin que el Perú “oficial” se dé por enterado.

Han creado una multiplicidad de organismos de fachada buscando la unidad entre “obreros, campesinos, preburguesía y burguesía nacional (los informales)”. Esta nueva estructura cuenta con un grupo legal de apoyo que sabe las debilidades del sistema legal peruano y su incapacidad de reaccionar a tiempo frente a la amenaza. ¿Acaso tenemos una ley sobre apología del terrorismo?

Los senderistas han manifestado que quieren “participar de las luchas del proletariado minero”. Se tiene evidencia tanto de su participación en la huelga de Tía María como en los conflictos de Cusco y Puno. Existe un peligro real de que el nuevo Sendero penetre a las rondas campesinas o que los dirigentes de estas, ante la “competencia”, tengan que “radicalizar” sus posturas. ¿Cuál será la respuesta del Estado?

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