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Opinión


14 Febrero, 2018.

¡Pura mala voluntad y punto!

Los engreimientos y majaderías del Congreso no son gratuitos: ¡es clarísimo que le están dando el vuelto al Ejecutivo!

“Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción: el país está antes que cualquier agenda partidaria pero… no queremos ceder un milímetro frente al contendor”. Ese parece ser el mensaje de la mayoría del Congreso ante el PL presentado el día jueves por los ministros de Economía y Justicia, para reemplazar y ampliar los alcances del Decreto de Urgencia 003.

Es evidente que están en pie de guerra con el Ejecutivo: la relación ha tomado un sesgo personal nefasto para los intereses del país. Como nos recordó el parlamentario Miguel Torres, en el mes de mayo pasado el Congreso presentó al Ejecutivo un proyecto de ley preparado y sustentado por Karina Beteta (FP) mediante el cual se proponía extender los alcances del DU 003 a las consorciadas. Fue incisivo al destacar que el Gobierno se demoró veinticuatro días en revisarlo y lo devolvió cuando el Legislativo estaba en receso. Vale decir: se trató de un retraso culposo con la única intención de frustrar la promulgación de la norma.

Cinco meses más tarde, en octubre pasado —después de amplio debate en el que intervinieron todas las bancadas— se aprobó una propuesta de ley para corregir siete artículos del Decreto de Urgencia 003, cuya principal finalidad fue incluir parámetros numéricos para facilitar el cálculo de la retención y garantizar la reparación a favor del Estado. Esta norma no vio la luz.

Los engreimientos y majaderías del Congreso no son gratuitos: ¡es clarísimo que le están dando el vuelto al Ejecutivo!

Los escenarios del DU 003 han sido analizados y discutidos en extenso y con mucho detalle por parte de nuestros parlamentarios, por lo que resulta absolutamente inaceptable que el presidente del Congreso y algunos corifeos den como excusa la falta de tiempo o el elevado nivel técnico del tema, sin siquiera haber leído el proyecto ni haberle dado oportunidad a la ministra Cooper para presentarlo y someterlo a discusión.

No podía faltar la prensa cizañera, que destaca que se trataría de un salvavidas diseñado para garantizar la sobrevivencia de las empresas en beneficio de sus dueños, (los corruptores). La típica noticia efectista con un milímetro de profundidad, de medios que también juegan su propio partido, sin pensar en lo que es realmente indispensable para el país.

No podemos permitir que la tragedia siga causando estragos. No podemos mirar el árbol sino el bosque: el Perú. Esta norma supera con creces el DU 003 y sus dos posteriores propuestas modificatorias preparadas por el Congreso. Tiene básicamente tres fines principales: (i) garantizar el pago de la reparación civil a través de una estructura sustentada en fideicomisos; (ii) evitar la ruptura de la cadena de pagos; y (iii) mantener la ejecución de los proyectos en curso. En simple, se trata de reducir los nefastos impactos de una posible paralización de obras y ejecución de garantías al mínimo, cuidando los intereses del país y su derecho a la reparación. ¿Tan difícil es entenderlo?

Renunciando al raciocinio y a la lucidez muchos políticos y líderes de opinión salen al frente —sin haber leído la norma— con opiniones improvisadas producto de alquitranadas percepciones, canalizando sus frustración y descontento hacia el Gobierno sin medir las consecuencias. Es simple desafección y mala voluntad: no nos desgastemos en excusas y explicaciones. Así es el Perú y ese es el nivel de nuestros representantes y autoridades; hay que asumirlo temporalmente pero no resignarnos a vivir para siempre en esa destemplada realidad.

Al final, el Gobierno se vio obligado a prorrogar la vigencia del DU 003 por treinta días adicionales. Confiemos en que sea un plazo suficiente y no el inicio de un nuevo y desgastante periplo de negociación con el Congreso.


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