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Propuesta de un cerco diplomático para Venezuela

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Si se quiere impedir la represión que prepara Nicolás Maduro y su cúpula militar, resulta urgente tomar algunas medidas adicionales que involucren a las principales actores de la comunidad internacional.



Resulta necesario que representantes de Cancillería y Congreso del Grupo de Lima se desplacen a los centros de almacenamiento de ayuda humanitaria para Venezuela, ubicados en Cúcuta (Colombia) y en Roraima (Brasil). De esta manera las naciones democráticas formarían un poderoso bloque de solidaridad y protección diplomática.

El objetivo de esta acción sería que el 23 de febrero miles de venezolanos pobres puedan recibir donativos de medicinas y alimentos, en momentos que la dictadura chavista intenta impedirlo bloqueando carreteras y amenazando con utilizar militares para reprimir a quienes no obedezcan.

Lo de Nicolás Maduro es un acto infame, una canallada propia de un sicópata que califica como crimen de lesa humanidad en los Estatutos de la Corte Penal Internacional. Dicho documento, en su artículo 7, primer numeral, apartado K, establece como tales los “actos que causen intencionalmente grandes sufrimientos, o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” y el segundo numeral, apartado B, considera exterminio “la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación de acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Los dispositivos anteriores tienen correspondencia con la catástrofe humanitaria que padece la patria del libertador Bolívar. Hoy, en efecto, el 87 % de sus habitantes son pobres y el 61.2% sobreviven en extrema pobreza. El 64 % ha perdido un promedio de 11.4 kilos, el 76% de escolares no asisten a los centros educativos por no tener comida, y 8 de cada 10 medicamentos no están  disponibles en las farmacias. Además, existe un total desabastecimiento para atender casos de hemofilia, se han cerrado la mayor parte de unidades de diálisis, y 16 mil personas están en inminente riesgo de muerte, al igual que otras 100 mil a quienes el régimen no entrega retrovirales ni reactivos para atenderlos por SIDA.

Debido a estas dramáticas circunstancias, Naciones Unidas anuncian que este año el éxodo de venezolanos se incrementará a 5 millones 400 mil. Y el porcentaje podría ser mayor si se considera que el Fondo Monetario proyecta la inflación en 10 millones, una cifra récord a nivel mundial. Desde luego, los venezolanos también emigran porque todos los poderes del Estado están férreamente controlados por un presidente a quien no reconocen 60 países.

Este régimen dictatorial carga sobre sus hombros el asesinato y la tortura de centenares de compatriotas, el encierro en cárceles de 837 opositores –entre ellos, Leopoldo López– y de exhibir el mayor nivel de corrupción del hemisferio, como lo han demostrado las numerosas cuentas descubiertas a líderes chavistas en diferentes bancos, entre ellos el de Andorra (donde depositaron 2 mil 200 millones de euros por coimas en negocios petroleros).

Para atender esta emergencia se ha organizado una caravana de apoyo humanitario facilitada por países europeos, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos y las Iglesias; una gesta a la cual deberá sumarse el Perú. Sin embargo, para impedir la represión que prepara Maduro y la cúpula militar, algunas medidas adicionales son urgentes. Por lo menos, pienso en tres:

1.- Que representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de los parlamentos del Grupo de Lima se constituyan en los centros de acopio.
2.- Que se demande la presencia de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acompañada de una una delegación de los 1300 empleados que trabajan bajo sus órdenes.
3.- Que se solicite la venida, como observadores, de fiscales de la Corte Penal Internacional, organismo que tiene en su poder 600 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por los gobernantes del llamado Socialismo del Siglo XXI.

Ese cerco diplomático puede impedir que soldados y policías bolivarianos asesinen, golpeen o detengan a miles de hermanos venezolanos que el día 23 se movilizarán para recibir la ayuda humanitaria.

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