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Prisión sin sentencia: VIP y NN

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A estos falsarios defensores de los derechos humanos les importa un ardite que el 39% de los presos en el Perú siga sin sentencia con tal de que sus enemigos políticos estén en la misma condición, en una suerte de perversa igualdad ante el abuso en vez de corregirlo.



“¿Por qué tenemos que revisar los derechos cuando los imputados son VIP? ¿Solo ahí nos acordamos de la presunción de inocencia? ¿Y cuándo hay miles de personas en las cárceles nunca nadie se acordó de ellas? Esto tampoco es justo” , dice Laura Zúñiga, catedrática penalista de la Universidad de Salamanca, en España, a raíz del debate de la prisión preventiva que se ventila hoy en nuestro país.

Ese es un argumento recurrente entre varios congresistas de izquierda –y otros tantos periodistas y “moralistas”– contra la corrupción de “cuello blanco”, orgullosos de que en el Perú por fin se estén sentando en el banquillo los “peces gordos”. Pero toda esta cháchara progresista no es más que una falacia, empezando porque la vida no es justa ni nunca lo ha sido ni nunca lo será.

Efectivamente, en el Perú hay 91 300 presos, de los cuales existe un 39% de seres humanos que están tras las rejas bajo distintas modalidades que la ley prevé sin sentencia judicial alguna. Las razones son legión: falta de infraestructura, falta de recursos humanos, falta de jueces y fiscales con sentido común o que no se dejen intimidar por el “tribunal de la opinión pública” que pide cárcel para todo lo que se mueve, etc. También es cierto que en tanto a la prensa y a la opinión pública le importa un pito la suerte de estos miles salvo cuando existe un caso mediático que llame la atención (artistas, violaciones, acosos, crímenes violentos) y de manera negativa, es decir, cuando piden que vayan a la cárcel de inmediato, el tema de los presos sin sentencia no es una portada que venda titulares. Es por esa razón que no importa el por qué y el cuándo se discuta este tema para ponerlo en la agenda de la violación de derechos humanos –como que lo es sin duda alguna privar de su libertad sin sentencia ya sea al pobre diablo o el poderoso– y, por una ley de la vida, esta discusión se producirá precisamente cuando son los poderosos los afectados como viene sucediendo en el Perú.

Es a raíz de la violación de los derechos humanos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y otros que los reflectores también están alumbrando a los miles que como ellos hoy están en la cárcel porque un fiscal pidió prisión preventiva y un juez se la concedió y aún no saben siquiera de qué se les acusa. Y en buena hora para estos miles, ¿no creen?

“Como los fariseos aprovechan cualquier oportunidad de escandalizarse exhibiendo su falsa virtud y atribuyéndoles falsos pecados a los demás”, está en marcha una campaña feroz de algunos políticos demagogos y de cierta prensa para oponerse a cualquier ley que enmiende la plana a jueces y fiscales que atropellan los DD.HH., vulnerando la Constitución, la presunción de inocencia, el debido proceso, las casaciones de la Corte Suprema, las sentencias del Tribunal Constitucional y las recomendaciones del Sistema Interamericano de DD.HH. sobre el abuso de las prisiones preventivas (el argumento de que son legales también lo esgrimieron los nazis cuando violaron los derechos humanos de 6 millones de judíos).

Lo curioso es que los que más gritan a favor de estas prisiones preventivas estuvieron de una forma u otra como regidores y regidoras, jefas de comunicaciones, abogados y asesores, activistas y publicistas, jefas de campaña de la gestión más corrupta de la municipalidad de Lima (3 millones de dólares en coimas) y que hoy han recalado en el Congreso o han regresado a sus actividades de “periodismo de investigación” o de “opinión”, ONG y redes sociales a pontificar como buenos sobre “los cuellos blancos” (que en sus casos fueron “los de la chalina verde”) que ellos, con toda la expertise del mundo en cazar corruptos, nunca vieron ni olieron cuando les dieron chamba en la gestión municipal a la que todos pertenecieron.

A estos falsarios defensores de los derechos humanos les importa un ardite que el 39% de los presos en el Perú siga sin sentencia con tal de que sus enemigos políticos estén en la misma condición, en una suerte de perversa igualdad ante el abuso en vez de corregirlo.

No nos dejemos engañar, pues, con el cuento de la “oportunidad” del debate sobre las prisiones preventivas ni sobre el “interés” de los grupos políticos cuyos líderes podrían estar afectados porque —si se trata de oportunidad e interés— precisamente los que hoy se oponen tuvieron bastante para destapar la corrupción cuando les tocó ser gobierno municipal de Lima y vivir de aquel durante cuatro años, a costa de las coimas de Odebrecht y de OAS.

Foto: Documenta.org.mx

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