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Por un pago oportuno a las micro, pequeñas y medianas empresas

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El eje central de la propuesta es que las facturas emitidas por la MIPYME deben ser canceladas por los grandes grupos empresariales y por el Estado en un plazo no mayor a 30 días y no (como viene ocurriendo) en dos, tres o cuatro meses.



El 28 de enero pasado presenté una iniciativa legislativa para regular el pago oportuno de facturas comerciales emitidas por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). El eje central de la propuesta es que las facturas emitidas por la MIPYME deben ser canceladas por los grandes grupos empresariales y por el Estado en un plazo no mayor a 30 días y no –como viene ocurriendo– en dos, tres o cuatro meses.

El objetivo es evitar la descapitalización de este gran sector de peruanos emprendedores, que representa un porcentaje significativo del producto bruto interno nacional y que además le da trabajo a 16.6 millones de compatriotas según el Informe de Competitividad 2019. Hoy las “reglas del mercado” permiten que una gran empresa pueda subsistir si pagan los productos que colocan en el mercado en plazos mayores a treinta días, sin olvidar que probablemente también tienen crédito de sus proveedores. Pensar que una MIPYME pueda superarlas es casi imposible.

El hecho de que una empresa grande pague a sus proveedores luego de CIENTO VEINTE días –por dar un ejemplo– no responde a una imposibilidad financiera: solo demuestra que tiene el poder para hacerlo. Las más pequeñas necesitan esos grandes canales de distribución, mientras que la grande puede prescindir de los productos de las pequeñas sin problema.

Cabe señalar que igual o peor es el trato que reciben las MYPIME por parte del Estado, pues en este caso el pago de sus facturas puede demorar meses o años. Incluso el empresario afectado debe recurrir al Poder Judicial para que este obligue a la entidad pública a pagar la deuda y, en el colmo del abuso, la entidad puede fraccionar el pago en cuotas a varios años por “cuestiones presupuestales”. ¡Esto es inaceptable!

Quizá para aquellos fervorosos defensores de las reglas absolutistas de la oferta y la demanda, esta iniciativa les puede resultar indigesta o incluso con un tufillo intervencionista; empero, debemos recordar que en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de la Economía Familiar el Tribunal Constitucional puntualizó que el nuestro es un régimen de economía social de mercado. Ello implica que el Estado puede intervenir para regular ciertas injusticias del mercado,  en procura del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

De promulgarse este proyecto de ley, los grandes grupos empresariales y el Estado estarán obligados a pagar las facturas de las MIPYME en un plazo máximo de 30 días y si las partes deciden que sea en un plazo mayor ello implicará el pago de los intereses respectivos. Asimismo –y como el ejemplo debe venir desde el Estado– los funcionarios públicos que incumplan con el pago oportuno de facturas giradas serán sancionados drásticamente.

Finalmente, resultaría injusto y poco informado catalogar esta iniciativa legislativa como un cúmulo de buenas intenciones o un simple gesto político con tintes populistas. Nada más lejano a la realidad: lo que se quiere es corregir una falla del mercado que perjudica a miles de empresarios MIPYME y a los millones de peruanos que trabajan junto a ellos.

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