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Opinión


24 Noviembre, 2017.

Por tres millones

El país asiste a un nuevo escándalo, que en realidad es más de lo mismo pero presentado esta vez de modo sorprendente y con alcances insospechados.

Las preguntas pueden resultar incómodas, pero es necesario hacerlas: si fuera cierta la versión de que la exalcaldesa de Lima solicitó y recibió un aporte de tres millones de dólares para su campaña del NO a la revocatoria, ¿actuó sola o de manera organizada? Y si actuó de manera organizada, ¿quiénes la habrían acompañado en esa iniciativa? A su vez, si la práctica ilegal existió, ¿solo fue en el marco de una negociación electoral aislada o se trató de una práctica recurrente?

Estas son algunas de las preguntas que se empieza a hacer la ciudadanía tras la sorprendente denuncia que ha dejado pasmada a mucha gente. Gente que creyó en una gestión que pretendía una lógica de trabajo diferente, que habló siempre de una honestidad social y laboral, que hizo de la lucha contra la corrupción una bandera de trabajo. Se trató de una gestión municipal que tuvo que soportar, desde el primer día, la sistemática amenaza de una revocatoria como nunca antes se había visto en la ciudad de Lima. Ahora resulta que desde Brasil llegó la información de que dos empresas habrían aportado fondos para la campaña del NO, lo que hablaría además de un esquema de corrupción coordinado entre al menos dos corporaciones para interferir en política peruana a cambio de asignación de obras.

Obviamente, la exalcaldesa ha salido inmediatamente a desmentir lo denunciado. Y habrá que escucharla y otorgarle el beneficio de la duda mientras prepara su descargo y se inician las investigaciones. Pero ya son múltiples y variados los comentarios que han ido tomando protagonismo, al punto que a estas alturas parece estar sola ante semejante acusación. Llama además la atención la información de que la Fiscalía de Brasil tendría conocimiento de este hecho desde diciembre del año pasado y de que la Fiscalía peruana no se enteró y/o actuó.

No se trataría además de la única campaña que aparece vinculada a publicistas brasileros pagados por empresas de ese país. La exalcaldesa terminó su participación política como candidata a la vicepresidencia por la plancha del Nacionalismo. ¿Hubo entonces conexiones entre ella y los Humala-Heredia en relación al tema de los aportes brasileros? ¿Se trató en el fondo de una extensión de lo mismo? Complicadas preguntas que ahora ella y sus exasesores de campaña tendrán que responder en el marco de un nuevo capítulo de un tema que a estas alturas ya es transversal en la política peruana actual.

Obviamente, el tema afecta la susceptibilidad de muchas personas que trabajaron honestamente en su gestión edilicia. Ha generado además en sus excolaboradores un entendible desconcierto. Y habrá que distinguir en el curso de las investigaciones si se trató de una práctica institucional o de un aspecto político financiero disociado de su propia gestión municipal.

La denuncia además impactará en las próximas elecciones municipales y será una razón más para indagar acerca del financiamiento de las campañas, de la asignación de las futuras licitaciones y, sobre todo, de la política concesionaria de los peajes (sus precios han subido aproximadamente un 100% en los últimos años). El país asiste a un nuevo escándalo, que en realidad es más de lo mismo pero presentado esta vez de modo sorprendente y con alcances insospechados.


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