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Opinión


27 Julio, 2018.

¿Por qué toleramos la corrupción policial?

Se pone muy poca atención a las pequeñas coimas vinculadas con la policía de tránsito. ¿Alguna vez se ha interpelado a un ministro del Interior o se ha convocado a una movilización por este tema?

Debo confesar que una de las situaciones que más pánico me causa en esta ciudad es ser detenida por la policía: la mayoría de mis experiencias han sido nefastas, víctima de flagrante aprovechamiento y abuso de autoridad (posiblemente por mi condición de mujer). Es mas evidente en época de fiestas; la calle tiene que pagarles el adicional de la gratificación.

No quiero generalizar, pero tengo la impresión que estos mecanismos de financiamiento se hallan tan enraizados en las instituciones policiales, que no están dispuestos a renunciar a ellos. Pensarán que como se trata de dinero privado –lejanamente comparable con la corrupción de Lava Jato, los GORE o los Gobiernos Municipales–  los únicos perjudicados serán conductores con capacidad adquisitiva, que se dan el lujo de tener un vehículo a su disposición, o los sufridos taxistas. Lo percibirán como una suerte de necesario peaje, un “cupo” de circulación.

Algunas reflexiones:

1- La policía es una institución vulnerable a la corrupción en varios niveles, pero se pone muy poca atención a las pequeñas coimas vinculadas con la policía de tránsito. Hasta donde alcanza mi memoria, jamás se ha interpelado a un ministro del Interior ni se ha convocado a una movilización como consecuencia de este serio problema. Incomoda, pero como no desangra y solo afecta a un grupo reducido de la población convivimos con ella.

2- La recompensa por multas puede resultar en un incentivo perverso: los promueve a detener a los conductores al azar y fabricarles infracciones. En todo caso, es la palabra del policía contra la del conductor. Hay mucha discrecionalidad y ningún mecanismo objetivo de control. La mejor estrategia ante estas desesperadas situaciones de indefensión –en que nos vemos sorpresivamente despojados de nuestros derechos– es solicitar la identificación del oficial y grabar la intervención; vale decir, que el propio policía se sienta fiscalizado en el cumplimiento de su deber.

3- Entre abril y junio pasado ocurrieron más de 43 mil delitos (efectivamente denunciados) en Lima. San Juan de Lurigancho es invivible; tiene una percepción de inseguridad de casi el 90%. Sin embargo, esa policía que debería estar protegiendo a la ciudadanía se dedica a esconderse en lugares estratégicos de la Vía Expresa para tomar foto papeletas y seguir recaudando; así sus “fuentes de financiamiento” pueden resultar inagotables.

4- La corrupción de la policía es uno de los mayores problemas sociales que enfrentamos. Controlarla no es fácil; menos aún cuando tienen la percepción de estar mal pagados y mal equipados, de exponer sus vidas y el bienestar de sus familias por una sociedad malagradecida y una administración de justicia ineficiente, que no los acompaña.

Y mientras tanto, el ministro del Interior se niega a salir de su estado de catatonia…


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