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Opinión


10 Mayo, 2018.

¡Pese a no haber acusación fiscal, la incautación fue válida!

Sin peligro para asegurar el inmueble por estar afecto a un embargo y una inhibición que impide su libre disponibilidad, opino que la incautación debió ejecutarse nombrando a los Humala-Heredia como depositarios del bien para que continúen utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión del proceso (art. 318º inciso 3 del Código Penal).

Katherine Ampuero Meza

| Columnista invitada

Un terremoto político y mediático se produjo en la mañana del lunes último, al conocerse que el juez Richard Concepción Carhuancho había dispuesto a solicitud de la Fiscalía la incautación del inmueble de la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, investigados por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Sus exministros, abogados y seguidores opinaron que la incautación era una venganza de dicho juez porque el Tribunal Constitucional (TC) había revocado la prisión preventiva dispuesta por él y a solicitud del mismo fiscal que –ahora- solicitaba la incautación. Dicha medida, sin embargo, se había pedido diez días antes de que el TC ordenara la libertad de la expareja presidencial.

Numerosos detractores calificaron como arbitraria e ilegal la incautación, acusando que esta estaría atentando contra la protección del interés superior de sus menores hijos y que, además, fue dispuesta pese a no existir una acusación fiscal contra la expareja presidencial. Pero la incautación de bienes, común en investigaciones por lavado de activos, corrupción de funcionarios y tráfico ilícito de drogas –que es, como en este caso, adoptada durante la investigación preparatoria así como durante la investigación preliminar– no exige como requisito para su procedencia la existencia de una acusación fiscal.

El Código Procesal Penal indica, en sus artículos 316° al 320°, que podrán ser objeto de incautación –entre otros– aquellos “efectos provenientes de la infracción penal”, es decir, aquellos bienes que fueron adquiridos con fondos provenientes de la comisión de un delito como el lavado de activos. Se entiende que ese fue el argumento por el cual el fiscal solicitó al juez dictar esta medida cumpliendo con presentar los elementos de convicción suficientes que acreditarían ello. Contrario a la opinión de muchos, considero que no constituye una excepción a su ejecución que el bien incautado sea el domicilio de los investigados y de sus menores hijos. Por ende, no deberíamos crear excepciones –que la norma no establece- teniendo en cuenta la calidad de las personas investigadas, pues ello generaría inseguridad jurídica y la sensación de que la ley no se aplica igual para todos.

Al no existir peligro para asegurar el inmueble al estar afecto a un embargo y una inhibición que impide su libre disponibilidad, opino que la incautación debió ejecutarse sí nombrando a los Humala-Heredia como depositarios del bien para que continúen utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión del proceso (artículo 318º inciso 3 del Código Procesal Penal). Al emitirse la sentencia y acreditada la procedencia ilícita del bien, se dará su decomiso pasando a propiedad del Estado. Si no, será devuelta a sus propietarios y la medida quedará sin efecto.


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