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¿Adelanto de sentencia?
Foto original: Radio Nacional

¿Adelanto de sentencia?

Hemos pasado de la indignación a la tristeza, no tanto por Humala-Heredia sino porque nuestro país tiene hoy dos expresidentes presos y uno prófugo.

Entre el alegato del fiscal Germán Suárez solicitando prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia y el larguísimo y detallado análisis jurídico del juez Richard Concepción Carhuancho para suspender la comparecencia restringida y reemplazarla por la prisión preventiva, tuvimos muchas horas en que los peruanos pasamos de la indignación a la tristeza, no tanto por los personajes que hicieron lo suyo para merecer esta situación sino por nuestro país que hoy tiene a dos expresidentes presos y a uno prófugo y perseguido por el mundo.

Ollanta Humala y Nadine Heredia ya están en la cárcel. Los elementos de responsabilidad se han ido sumando y la culpabilidad surge nítida de la larga, extensa y prolija enumeración de las razones y detalles que sirvieron al juez Richard Concepción Carhuancho para fundamentar su resolución. Las garantías de presunción de inocencia y de respeto al debido proceso funcionan en un estado de Derecho y mucho más cuando se trata de alguien que ha personificado a la nación y dirigido sus destinos por elección popular. Esta situación debió pesar en la mente del fiscal y del juez,  pero tal vez tuvo peso mayor la creciente desconfianza de la población en los magistrados peruanos y en los políticos amenazados por el vendaval Lavajato que ahora cobra su primera gran víctima.

El juez Carhuancho ha resuelto atendiendo a las razones jurídicas y a las tribunas expectantes; con su decisión ha dado una instrucción moral y política a la nación. Sobre todo porque la prisión preventiva es siempre cuestionable; no se puede privar a nadie de su libertad sino se ha comprobado su culpabilidad en juicio oral con una defensa amplia y consistente, salvo excepcionalidad.

Ollanta Humala y su mujer no están sentenciados pero están presos. Me cuento entre los abogados que creen que hubiera sido suficiente agregar a la comparecencia con restricciones la prohibición de salida del país. Pero el juez, más allá de una resolución legalmente bien fundamentada, atendió la motivación política y social mayor que es descartar la impunidad y los tratos de privilegio que atentan contra la igualdad ante la ley.

El fiscal Juárez está demorando demasiado en formular su acusación; el juicio oral tardará en cumplirse pero el juez ha visto la urgencia de demostrar que la justicia peruana puede actuar y resolver a tiempo. El pedido del fiscal ha servido para conocer detalles que configuran delitos graves que se ventilarán en el proceso y darán lugar a la sentencia, que posiblemente contendrá los mismos elementos ya expuestos por Richard Carhuancho.

Estamos ante un juez que se ha cuidado de incidir en la gravedad de los presuntos delitos y de la pena, que ha ponderado los riesgos de evasión u obstrucción de la justicia pero que, sobre todo, ha querido dar un eficaz mensaje a los corruptos que toman la política como oportunidad para hacer dinero y a los aventureros que creen que el poder es un botín al cual acceder usando la buena fe y los votos ciudadanos. Ahora no hay duda de que la justicia los puede alcanzar. Bienvenida esta certeza.



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