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Opinión


21 Noviembre, 2017.

No estamos en los noventa

A la Fiscalía le compete promover la investigación que realizan cada uno de los fiscales, pero estos son autónomos.

Absortos por el fútbol, en plena euforia por la clasificación mundialista pocos se dieron cuenta de que la Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría, solo con los votos del fujimorismo, la procedencia de las denuncias constitucionales de los congresistas Daniel Salaverry de Fuerza Popular y Yeni Vilcatoma, independiente, contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez.

La consigna es evidente: son denuncias pensadas para desestabilizar al Ministerio Público alegando una presunta infracción sin tipicidad, como lo han dicho los penalistas más calificados. A la Fiscalía le compete promover la investigación que realizan cada uno de los fiscales, pero estos son autónomos. En similar condición está el presidente del Congreso, que no responde por las fallas de cada uno de los congresistas (y que pueden ser muchas).

Están molestos e incurren en generalizaciones abusivas. Salaverry imputa a Sánchez infracciones constitucionales por una “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” y solicita su destitución e inhabilitación. Vilcatoma le incrimina haber designado a Hamilton Castro como encargado del caso Odebrecht y que ese nombramiento “ha generado perjuicios en la investigación penal porque, a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar ni se ha emitido disposición para incluir, no solo a Odebrecht como persona jurídica, sino a otras empresas consorciadas”.

Nos toca recordar el ADN histórico del fujimorismo que durante los años noventa no dejaron de desestabilizar y manipular instituciones con actos antidemocráticos. Desde el golpe del cinco de abril, la dupla que nos gobernó pasó siempre por encima de la ley para controlar férreamente el poder. Muchos piensan que el fujimorismo actual es democrático y que habría aprendido de los errores del pasado. No lo parece.

Pablo Sánchez está muy lejos de la obsecuencia de Blanca Nélida Colán, la fiscal favorita que usó su alto cargo para cubrir los abusos y crímenes de esa larga década. Y no hay que olvidar que Pablo Sánchez tiene pergaminos molestos, fue el coordinador y acusador en investigaciones y juicios a la mafia Fujimori-Montesinos y ahora preside correctamente una Fiscalía que tiene la audacia de investigar a la lideresa de los fujimoristas y reabrir la investigación a su financista y ex secretario general Joaquín Ramírez.

Desafortunadamente, los naranjas han cedido a la tentación autoritaria de controlarlo todo. Como mayoría en el Congreso no aceptan rebeldías, y esto lo puede testimoniar el propio Kenji Fujimori.

No solo el fiscal de la nación está en riesgo, también cuatro jueces constitucionales podrían ser defenestrados de sus cargos. Imposible no recordar la arbitrariedad y el abuso contra los magistrados del TC que declararon la ley de interpretación auténtica inaplicable a Alberto Fujimori que pretendía inconstitucionalmente su tercera elección consecutiva. En ese momento descabezaron el Tribunal Constitucional. Hoy quieren hacer lo mismo: castigar a cuatro magistrados por su interpretación jurídica no dolosa.

Pablo Sánchez es un fiscal de la nación correcto, reservado, con suficiente independencia para incomodar a la bancada mayoritaria que pretende que su lideresa es intocable. Olvidan que no estamos en los noventa y que los congresistas responden a sus electores, fiscalizadores permanentes del poder otorgado en las urnas. Ojalá que lo entiendan y que las denuncias malamente declaradas procedentes sean archivadas por la Comisión Permanente.


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