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Opinión


12 Julio, 2018.

Monsieur K les lee la buena fortuna (y la mala también)

A través de mi bola de cristal veo cómo los caviares y la prensa afectada por la Ley Antimermelada quieren agitar la calle para presionar por una Constituyente, y liquidar la presidencia de Martín Vizcarra y la mayoría de Keiko Fujimori en el Congreso.

A medida de que pasan las horas va quedando claro que el objetivo del IDL (y los caviares que le hacen eco a través de los medios de comunicación afectados por la Ley Mulder o antimermelada) no es el legítimo interés de combatir sin ambages la corrupción, sino el de liquidar a Martín Vizcarra, Keiko Fujimori y –lo más importante– al sistema constitucional vigente. En simple, a los caviares les importa un pito el CNM y los jueces que aparecen en los audios o, mejor dicho, solo les importa en cuanto instrumentos de destrucción masiva de Vizcarra, Fujimori y la constitución del 93.

El silencio de Gorriti en los últimos cien días después de la caída de PPK (no se le vio ni cuando lo de Kenyi; menos asomó cabeza con la campaña de la prensa contra el Congreso) se debía a que estaba preparando esta ofensiva. Esta es la tercera etapa de una guerra que iniciaron los caviares cuando Fuerza Popular se convirtió en el poder supremo del país al haber conseguido mayoría absoluta en el Congreso en las elecciones generales del 2016.

La primera fase de esta guerra contra Keiko Fujimori fue con motivo de Lava Jato (allanamiento del local de FP para meter presa a su líder). Fracasó. La segunda etapa de este plan fue para tumbarse al Congreso después de la caída de PPK y obligar al nuevo presidente a convocar a elecciones parlamentarias a través de una cuestión de confianza del gabinete. También fracasaron, porque el Congreso resistió la ofensiva y les devolvió el golpe con la Ley Mulder. Allí le bajaron el dedo a Vizcarra, al que no le pueden perdonar haberse apoyado –como manda el sentido común– en la mayoría parlamentaria, y no en los medios de comunicación y la argolla caviar expectorada del poder tras la caída de PPK a quien defendieron con uñas y dientes.

La tercera fase de la ofensiva caviar es esta: degradar al máximo la legitimidad del sistema de justicia (Y PARA ELLO NO NECESITAN HACER EL MAYOR ESFUERZO: BASTA ESCUCHAR LOS AUDIOS), y jalar a Keiko Fujimori y a Martín Vizcarra en su caída. El hecho de dar sustancia a la “señora K” y a “Martín” como Keiko Fujimori y Martín Vizcarra (el diario Perú 21 comete la imprudencia temeraria de dar por hecho que “Martín” es el presidente de la República cuando los audios nunca dicen eso) y ponerlos en boca de mafiosos tiene por fin que la opinión pública los desprecie y clame por su ruina.

Los objetivos chuponeados a pedido de la fiscalía han sido elegidos estratégicamente. Uno, el juez superior del Callao, tuvo entre manos el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. Apenas hace una semana, quien lo acusaba de lavar 15 millones de dólares de Keiko Fujimori no pudo –una vez más– dar ninguna prueba de su dicho ante un fiscal peruano que lo interrogó en Miami. En los audios del juez de marras no hay nada que comprometa al tal Ramírez porque no ha sido siquiera mencionado, pero eso no importa porque basta que el juez haya visto su caso como para que corran ríos de tinta –eso es lo que se busca– y para relacionarlo con Keiko Fujimori, su partido y la corrupción del juez. El segundo magistrado chuponeado a pedido de la fiscalía es, justamente, el juez supremo al que le acaba de llegar el recurso de casación de Keiko Fujimori y Mark Vito por el caso “cócteles”. ¿Coincidencia?

Y aunque el juez no haya fallado nada sobre el caso poco importa, pues de lo que se trata es de relacionar a la líder de Fuerza Popular con los audios y la inconducta del juez a como dé lugar (¿o sea, con lo desconfiada que es Keiko Fujimori va a solicitar una cita como la “señora K” para reunirse EN CASA del juez que va a resolver su caso? ¡Solo un tarado podría hacer eso y solo un bruto podría creerlo!).

Un gran detalle es que los únicos que no están cuestionados en el sistema de administración de justicia son los de la fiscalía. Eso quiere decir que es la fiscalía, al mando de Pablo Sánchez, la que está coludida con los caviares y con el IDL: son sus aliados.

La deslegitimación del sistema de justicia (García Sayán ya se quitó la máscara y ahora propone que sus amigotes de la CIDH nombren a los miembros del CNM) y la campaña dirigida por los medios de comunicación contra el sistema político permite a los caviares pedir ya no elecciones parlamentarias para disolver la mayoría de FP en el Congreso, sino pasar a una escala mayor: la convocatoria a una Asamblea Constituyente para una nueva constitución. El método es el conocido guión de agitar la calle bajo el argumento de que todo está podrido y que hay que “refundar” la república.

Así, se busca arrinconar a Vizcarra  para presionarlo y que resuelva la crisis con elecciones para una constituyente. “Como todo está podrido y el Congreso no va a hacer nada”, para los caviares esa es la única forma de dar solución a la crisis.

Sin embargo, lanzar la bala de la constituyente es su última disparo. Luego no hay más. Vizcarra y Fujimori tienen que resistir para ganar.  Si prevalecen el Perú se librará por fin de esa morralla caviar.


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