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Miserias de un nonato: la JNJ

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Expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, señala que la Junta comete despropósito de someter a jueces a inestabilidad absoluta debido a norma de "evaluación permanente" que crea una atmósfera de incertidumbre y presiona a administradores de justicia a agradar a la opinión pública. ¿Y la independencia de los jueces dónde queda?



El presidente del Congreso amplió la legislatura que culminó el 15 de diciembre hasta el 30 de enero (más dos días hasta el 2 de febrero) para que las comisiones respectivas y el pleno se aboquen a aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la nueva Junta Nacional de Justicia, órgano constitucional que reemplazará al difunto CNM.

Durante todo ese lapso el presidente de la República –como suele ser su costumbre– apuró y pechó al Congreso para que la ley saliera como él quería, aunque Daniel Salaverry tuvo el buen tino de adelantarse y tomar la iniciativa poniendo al Congreso a trabajar en el tema con la ya citada ampliación de la legislatura.  Como hubo un impase entre los dictámenes de las comisiones de Constitución y Justicia por el tema ideológico de la “paridad de género”, intervino Salaverry y finalmente hubo humo blanco; y en segunda votación el pleno consiguió los votos necesarios para aprobar la ley orgánica.

Pero ahora empiezan a saltar las liebres luego de horas perdidas en el tema ideológico de la “paridad de género” que no tiene ninguna importancia si nos atenemos a las críticas que diversos sectores de especialistas están haciendo a la ley de la JNJ.

El expresidente del Poder Judicial, Víctor Prada Saldarriaga, ha dicho con todas sus letras que la JNJ no cumple con las expectativas de una correcta y eficiente administración de justicia, pues comete el despropósito de someter a los jueces a una inestabilidad absoluta en sus funciones debido a que en la norma se estipula una “evaluación permanente” de los magistrados y fiscales, creando una atmósfera de incertidumbre y poniendo a los administradores de justicia en la senda de agradar a la opinión pública que presionará (como ha sucedido en estos últimos meses) por la actuación de jueces y fiscales de su agrado (aunque prevariquen o abusen de la ley) y contra aquellos que no sintonicen con la ciudadanía (aunque apliquen estrictamente la ley).

El constitucionalista Natale Amprimo ha sido de la misma opinión afirmando que tal medida es un disparate y que no sucede en ningún país civilizado con un mínimo estándar de previsibilidad en las decisiones judiciales ni fiscales.

De otro lado, el Defensor del Pueblo critica precisamente lo que Prado Saldarriaga –que sabe más que él del tema porque es juez y conoce mejor que nadie el Poder Judicial– advierte. Según Walter Gutiérrez, encargado de presidir la comisión que seleccionará a los integrantes de la JNJ, la Ley comete el error de que de que “los jueces no sean sancionados por sus fallos”.

¿Sancionados por sus fallos? ¿Entonces, señor Gutiérrez, para qué sirven los jueces si van a ser sancionados por sus fallos? ¿Donde quedaría su independencia? ¿Acaso el mecanismo de corregir los fallos humanos no es la vía de la apelación en dos instancias? Lo que dice el defensor es un disparate del tamaño de una catedral, pero a él le interesa más el error que hay en la ley sobre que los postulantes a la JNJ puedan suspender su militancia partidaria para acceder al cargo. Y afirma que ese es un “error material” que el Congreso puede corregir antes de que el presidente promulgue la ley. ¿Error material? ¿Dónde estudió derecho el defensor del pueblo?

Lo cierto es que pese a la buena voluntad del Congreso y al liderazgo del presidente Salaverry para aprobar una ley necesaria para el sistema de justicia, el proyecto del Ejecutivo convertido en ley está plagado de inconsistencias y absurdos que no son responsabilidad del Poder Legislativo, que cumplió con su deber de hacer lo mejor posible en un plazo reducido y perentorio para arreglar en lo que se pudo un mamarracho. Natale Amprimo ha pedido que el presidente observe la ley, con lo que quedaría como un estulto pues el 95% de la ley es suya. El defensor del Pueblo le pide que la promulgue, y que el Congreso después la “arregle” con más calma.

Sea como fuere, esto solo demuestra la absoluta improvisación de Martín Vizcarra y de su ministro de Justicia, responsable político de este desastre.

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