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Opinión


10 Mayo, 2018.

México: Corte Suprema ordena al Congreso regular la publicidad estatal

La Corte Suprema mexicana ha determinado que la ausencia de regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social y, en consecuencia, configura un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión.

Delia Muñoz

| Columnista

En México se viene discutiendo a profundidad el efecto de la publicidad estatal sobre el ejercicio del derecho de libertad de expresión en el contexto de una sentencia dictada por la Corte Suprema en noviembre de 2017, que ordena al Congreso dictar una ley que determine cómo se utiliza la asignación de publicidad estatal. Esta demanda fue presentada por una ONG defensora de la libertad de expresión y cuenta con amplio respaldo de la sociedad civil.

Se ha partido de la regulación contenida en la Constitución mexicana para luego desarrollar los principios que alumbran a la libertad de expresión. La sentencia mexicana se sustenta en diversos argumentos, de los que paso a formular en forma resumida los más relevantes:

1- La ausencia de regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social y, en consecuencia, configura un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión. A falta de criterios transparentes para asignar el presupuesto a la comunicación en las distintas instancias de gobierno, se permite otorgar los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y negar el acceso a dichos recursos —o simplemente amenazar con restringirlos— a quienes son críticos de las políticas gubernamentales.

2- La restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo, además, un “efecto silenciador” de los medios de comunicación críticos. A través de la asfixia financiera se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate robusto sobre asuntos de interés público; un debate que debe existir en toda democracia.

3- Finalmente, dicho estado inconstitucional de cosas también tiene un efecto disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación en general, toda vez que las afectaciones financieras que sufren los medios críticos pueden llevar a los demás a adoptar posiciones deferentes con el gobierno con la finalidad de no perder los recursos asignados a la difusión de publicidad oficial.

Por su parte y sobre el tema en cuestión, los relatores de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU han expresado en un comunicado conjunto: “Miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”.

Sin embargo, este debate trasciende a México y resulta de primera importancia para democracias como la nuestra. Precisamente, en nuestro país carecemos de procesos que permitan conocer tanto los criterios como los montos que se utilizan en publicidad; mucho menos estamos al tanto de la forma en que se asignan. Siendo que la libertad de expresión tiene dos niveles el personal y el social y es un derecho que por su especial naturaleza es la puerta de acceso a otros, cabe al menos preguntarnos si acaso estamos atravesando aquí una situación similar y si resulta pertinente o no plantear en una regulación a semejanza de la establecida por la Corte Suprema mexicana.


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