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Opinión


9 Agosto, 2018.

María Elena Portocarrero (CAL): “La dosificación de audios me hace recordar a las épocas en las que nos querían gobernar mediante el terror”

En diálogo con Político.pe la decana del Colegio de Abogados de Lima lamenta, al referirse a los audios de la corrupción, que se esté causando “zozobra con elementos de prueba lícitos”. Asimismo, sostiene que, en principio, los audios registrados antes de la fecha de autorización judicial (31 de enero de este año) son ilegales.

Aaron Salomón

| Periodista

– ¿Está de acuerdo en que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sean elegidos por concurso público?

Nosotros hemos formado una comisión de notables en el Colegio de Abogados de Lima, que está evaluando todas propuestas que se han dado en el discurso presidencial; no obstante, lo que sí te puedo adelantar es que estamos de acuerdo en que la evaluación sea más estricta y de un nivel mucho más elevado.

– Sí, porque el exconsejero Guido Aguila fue elegido justamente por los colegios de abogados del Perú….

Bueno sí, nosotros tenemos representantes y el señor Guido Aguila fue elegido por todos los colegios de abogados del Perú, no solo el de Lima.

– ¿Fue un error?

¿Por qué?

– Porque Aguila está vinculado a los audios de la corrupción…

Yo no puedo dar la respuesta a la decisión personal de cada uno de los agremiados o abogados a nivel nacional. Nosotros merituamos en base a lo que se ve, no a lo que no sabe; de tal modo que uno siendo representante de los abogados debe respetar de ellos. No obstante, es un poco cuestionable.

– ¿Le parece una buena medida usar el referéndum como vía para cambiar la Constitución y que así los consejeros sean elegidos por concurso público?

Yo pienso que, dada la situación que atraviesa el país y a los vacíos que hay, un referéndum es conveniente. Sin embargo, como te digo: nosotros hemos instalado ya una comisión en donde vamos a hacer un comentario exhaustivo de la reforma judicial y también vamos a dar propuestas legislativas. En esta comisión están incorporados los doctores Raúl Ferrero Costa, Mario Amoretti, las doctoras Julia Príncipe, María Luisa Valdivia, Delia Muñoz, la que habla, entre otros.

– ¿Me dice que esta comisión va a presentar proyectos de ley?

Esta comisión va a evaluar, va a dar aportes y también va a dar proyectos. Nosotros ya hemos estado trabajando proyectos de ley sobre la reforma del código penal; sin embargo, esta reforma constitucional obedece a un trabajo mucho más exhaustivo por parte de la comisión.

– ¿Y desde cuándo va empezar a trabajar esta comisión?

Ya se instaló; estamos evaluando los materiales y nos reunimos los miércoles.

– ¿Cuánto tiempo tienen para emitir un informe?

Es una comisión sin plazo; ahora estamos recabando toda la información, pero no vamos a demorar porque el país no puede esperar.

– ¿Antes de qué mes podríamos estar hablando?

Yo creo que para fines del otro mes.

– Pero la propuesta del presidente Martín Vizcarra es que los colegios de abogados queden fuera del comité de selección que se encargará de los concursos públicos para el CNM…

Ojo que en uno de los proyectos que se están enviando al Legislativo se dice que todos (los miembros del CNM) tienen que ser abogados; entonces, no es que los colegios de abogados queden afuera sino que se consolida el perfil de abogado para la selección. Sin embargo, hemos conversado con el ministro de Justicia (Vicente Zeballos) y le hemos pedido que en la comisiones que se vayan a conformar se tengan en también cuenta la opinión del Colegio de Abogados de Lima o los colegios de abogados en general, porque consideramos que es importante de todas maneras la participación de la sociedad civil.

– ¿El juez Hinostroza y los exconsejeros que son protagonistas de los audios han sido suspendidos por el CAL?

Sí, el Colegio de Abogados de Lima ve lo que son las faltas éticas, no la falta del delito porque eso lo ve el Poder Judicial. En ese sentido, apenas se tuvo conocimiento de los audios el CAL tomó acciones y como medida cautelar suspendió la habilitación de aquellas personas involucradas en los audios. Ellos han sido suspendidos y podrían apelar y están en su derecho.

– ¿De qué depende que sean expulsados?

Se tendría que confirmar que hay una grave falta a la ética.

– Por ahora los están investigando…

Estamos en etapa de investigación, el expediente está ahora en la Dirección de Ética, a cargo del doctor Walter Ayala.

– Hablando de faltas éticas, ¿le parece grave que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, haya dicho primero que no asistió a una reunión con periodistas pero luego admitió que sí participó?

El CAL, como toda institución gremialista, tiene que ser respetuoso de las instituciones. Habría que ver, en todo caso, el proceder del Congreso con esta denuncia que se le ha iniciado. En este sentido, es competencia ya del Congreso establecer la responsabilidad que tiene el señor Chávarry.

– ¿Qué significa éticamente no decir la verdad?

Bueno, éticamente no decir la verdad no está bien.

– ¿No cree que hay una dosificación en la difusión de audios que responde a intereses políticos?

Yo creo que sí. Teóricamente aquella persona que tiene en su poder documentos, audios o videos que sustentan la comisión de un delito tiene que entregarlos a la autoridad competente de manera inmediata. Uno no puede dosificar los elementos de prueba de la comisión de un delito. El dosificarlos ante una coyuntura política parecería más bien querer resquebrajar la estabilidad de las instituciones, al margen de la persona en sí que puede haber cometido un hecho ilícito. Si estamos tratando de consolidar las instituciones, el hecho de que sus representantes sean cuestionados de manera dosificada me hace recordar en épocas que nos querían gobernar mediante el terror.

– ¿Durante la época fujimontesinista?

No. Con la cautela del caso, yo recuerdo mucho la época del terrorismo en donde se quería causar zozobra mediante mecanismos ilícitos que era el secuestro, el robo, etcétera. Sin embargo, ahora vemos que se quiere causar zozobra con elementos de prueba lícitos, pero se causa zozobra igual.

– ¿Y cuál es la alternativa? ¿Publicar todos los audios en la web?

Entregarlos todos a la autoridad competente: no hay por qué subirlos, hay que entregarlos. (…) Hay un show que se hace con cada audio y eso le hace daño al país. Si bien es cierto que se debe esclarecer y dar a la luz estos hechos, yo creo que la forma tiene que ser menos costosa para la estabilidad de las instituciones, por respeto a las instituciones y no a las personas que están en los audios.

– ¿Es un delito que se hayan registrado audios antes de la fecha de la autorización judicial: el 31 de enero de este año? Hay varios que se están difundiendo…

Lo que pasa es que para que una prueba tenga validez los elementos de recabación de la prueba deben de ser legales. Entonces, lejos de ello, si la prueba no tiene un origen lícito esta prueba no se va merituar en ningún expediente. Sin embargo, habría que ver cuál fue el fundamento o la razón de esa recabación de audios sin la autorización competente. Es materia de una investigación.

– Claro, ¿pero en principio los audios de antes del 31 no son lícitos?

Claro.


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