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Opinión


16 Junio, 2018.

¿Qué se viene tras #LeyAntimermelada?

La bancada de Peruanos Por el Kambio y el presidente Martín Vizcarra han anunciado que presentarán, por cuerdas separadas, sendas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Mulder ante el TC. De acuerdo con juristas consultados, este tardaría de tres hasta ocho meses en emitir una resolución.

Aaron Salomón

| Periodista

 

El Pleno del Parlamento aprobó por insistencia el último jueves la iniciativa del congresista del Apra Mauricio Mulder que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. El resultado del sufragio fue 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones. Tal como adelantó este portal, los tres accesitarios de Fuerza Popular reemplazaron a los suspendidos Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez antes de la votación. Así, a los 59 votos del grupo parlamentario mayoritario se sumaron los legisladores apepistas Acuña, Vásquez, Donayre y Espinoza, los apristas Rodríguez, Velásquez y, lógicamente, Mulder; el frenteamplista Apaza y los no agrupados Rosas, Vilcatoma y Castro. Según me cuenta un vocero fujimorista, esta foto se repetiría para la elección de la próxima Mesa Directiva.

En rechazo a la Ley Mulder (o Ley Antimermelada) la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio ya había ha anunciado que, de darse su aprobación, presentaría una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que llamó la atención que el presidente Martín Vizcarra señalara –vía Twitter– que interpondría la misma medida –contra la que denominó “la ley mordaza”– en vez de respaldar la del grupo parlamentario del gobierno. Al respecto, Gilbert Violeta, portavoz de PPK, indicó a Político.pe que intentarán coordinar con el Ejecutivo aunque no descartó que “perfectamente podría haber dos demandas: una de la bancada y otra del Ejecutivo que se acumularían en el mismo TC. Incluso podría haber una tercera y una cuarta demanda que presenten los gremios, la Defensoría del Pueblo o alguna otra entidad”, añadió.

De acuerdo al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, el máximo intérprete de la Carta Magna tardaría de “seis a ocho meses” en emitir un fallo sobre una acción de anticonstitucionalidad que dejaría -auguró- sin efecto la Ley Mulder. De diferente opinión es el doctor Domingo García Belaunde, quien mencionó que dada la “gravedad del asunto” el “TC resolvería en 2 a 3 meses”. Aclaró, asimismo, que dicha norma no es ninguna ley mordaza –como acusó el mandatario Vizcarra– puesto que “no afecta la libre expresión” sino que “es impráctica porque los temas de interés locales se pierden en los medios estatales”. “Esta ley afecta el derecho a la información. (…) Lo que ha debido hacerse es reglamentar bien el uso de la publicidad estatal y no prohibirla. Y eso es lo que hará el Tribunal Constitucional”, remató García Belaunde.

Durante el debate en el hemiciclo la congresista oficialista Mercedes Aráoz fue, sin ánimo de equivocarme, quien tuvo los argumentos más sólidos y contundentes para rechazar la ley que regula la publicidad estatal al hacer una clara diferencia entre alcance y sintonía. La expremier remarcó que, si bien los medios públicos llegan a mayores zonas del país, los medios privados son los más vistos, leídos o escuchados. “Están limitándole el acceso de la información a la población”, reprochó.

En este punto coincido con Aráoz. Es una falacia que la Ley Mulder –como han editorializado algunos medios que han visto sus intereses pecuniarios afectados– vaya en contra de la libertad de prensa, pero sí limita la libertad de acceso a la información de los ciudadanos. Así por ejemplo, lo que realmente debería preocuparnos es que las campañas de salud o de educación no logren llegar a más peruanos, y no que seudoperiodistas se sigan llenando los bolsillos de monedas gracias a favores políticos.


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