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Opinión


18 Junio, 2018.

Ley que no regula prohíbe

La grita mediática privada se explica porque esta ley afecta su estabilidad económica en tiempos de crisis. El Estado es una fuente de ingresos determinante para su supervivencia pero también para condicionar líneas editoriales. No solo en el Perú, en todo el mundo.

El Congreso aprobó la Ley que regula el gasto de publicidad del Estado. Pero, a pesar de su nombre, no regula sino que directamente prohíbe al gobierno hacer publicidad en medios privados, por lo que es extrema y radical. Según su mentor el objetivo es cuidar el uso del dinero del Estado que durante el gobierno humalista se elevó a las alturas y así continuó durante el de PPK. Pero la redacción es imprecisa, lo que determina que se confunda publicidad con información.

La ley no afecta el derecho a la información, como se ha dicho, pues no es intervencionista en contenidos (no es una “ley mordaza”). Habla de publicidad como forma de comunicación para incrementar el consumo de un producto o un servicio dentro del mercado o mejorar la imagen de una marca.

La publicidad vende mejor si se usa el mensaje adecuado. El Estado es un cliente de los medios a los que paga por publicitar sus acciones. No se pone en riesgo la información pública, la que viene del gobierno, que siendo de interés general los medios transmiten sin pago alguno.

La grita mediática privada se explica porque esta ley afecta su estabilidad económica en tiempos de crisis. El Estado es una fuente de ingresos determinante para su supervivencia pero también para condicionar líneas editoriales. No solo en el Perú, en todo el mundo.

Hemos entrado a una guerra política y mediática como se ha dado en otros países del continente. Una guerra de poder y de dinero. El poder fáctico de los medios frente al poder legal del Congreso que así golpea la economía de algunos medios –por austeridad fiscal o por venganza política–, lo que los pondrá contra la pared y hasta en peligro de desaparecer. Se afectaría así la pluralidad informativa y con ello el clima democrático.

Entendemos que las empresas de medios son al mismo tiempo un negocio y un servicio. Y la publicidad estatal es una fuente principal de ingresos, por lo cual quien la administra podría condicionar la línea editorial tornándola parcial y complaciente. Por eso se distorsiona el debate caricaturizándolo como mermelada con la ayuda del titular del Congreso.

La guerra es contra un Congreso en su punto más bajo de aprobación y popularidad por el manejo prepotente, arbitrario, político y administrativo del fujimorismo dominante. Esto se evidencia en el pleno, en las comisiones y en los medios institucionales puestos al servicio de Fuerza Popular. Humala usó en exceso la publicidad estatal para el autobombo pero también para atacar a sus opositores. Nadie puede negar que el dinero irriga voluntades políticas que se reflejan en los medios, aquí y en todo el mundo. Mucho más en tiempos de crisis cuando los medios hacen todas las concesiones posibles en sus apuestas al rating.

En resumen, esta controvertida ley deberá pasar los cuestionamientos constitucionales, aunque independientemente de lo que logren en tribunales debería ser afinada para incluir excepciones. En especial las relacionadas con la publicidad de campañas de salud y de difusión de políticas públicas que requieren la participación de los ciudadanos. No se puede impedir al gobierno dar a conocer sus logros, reales o supuestos cuando no tiene bancada parlamentaria y sus ministros son poco o nada elocuentes.

Por eso a Vizcarra le afecta la ley; la rechaza colocándose inteligentemente del lado de los medios y en contra del fujimorismo, el cual por estar a la baja presumiblemente no será tan agresivo como lo fue con PPK. Seguiremos.


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