toggle menu

Opinión


12 Agosto, 2018.

Ley Mulder: ordenando las piezas

Virtudes y defectos de una norma, absurdamente calificada como “mordaza”, serán sopesados para su reformulación

César Campos

| Columnista

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho en una entrevista a Sol TV que la ley N° 30793 (la cual prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, llamada también “Ley Mulder”) es “perfectible” y que “ha llegado el momento” de debatir proyectos alternativos destinados a morigerarla. Para graficar rotundamente su punto de vista, Salaverry señaló que “ninguna ley está escrita en piedra”.

Era previsible, no solo por lo que afirmé en este mismo portal hace más de dos meses (“La ley Mulder tiene el pronóstico de ser zarandeada hasta su derogatoria. No la dejarán vivir ni respirar quienes la objetan por intereses, miedo a la prensa o convicción, que son los menos. Los poderes reales y fácticos exhibirán una notable sinergia para el logro de ese objetivo”, UNA ÉPICA FALSA, 15/05/2018), sino porque choca con preceptos o compromisos adquiridos por el Estado peruano en materia de acceso a la información, como también por la acumulación de inconsistencias con efectos prácticos.

Entre estas últimas se cuenta, por ejemplo, la imposibilidad que acusan las cajas municipales de ahorro y crédito que –pese a sostenerse con recursos captados del público ahorristas- tienen juntas de accionistas compuestas por delegados de los gobiernos locales; es decir, de entidades estatales. La protesta del presidente de la federación de tales cajas, Jorge Solís Espinoza, tiene un asidero inobjetable: la norma termina favoreciendo a los bancos privados en la promoción de ventajas para los ahorristas y perjudica a sus representadas.

Es razonable, entonces, que vayamos a otro debate para convertir a la Ley Mulder en una verdadera herramienta de regulación y no se utilice el dinero de todos los peruanos para favorecer a la prensa servil a los gobiernos de turno, como escandalosamente lo hizo el de Ollanta Humala-Nadine Heredia.

Sin embargo, la Ley Mulder –con todos sus excesos– ha tenido la virtud de focalizar un tema que los mismos medios se encargaron de solapar desde la promulgación de la ley N° 28874 de agosto del 2006, mediante la cual se regulaba la publicidad del Estado. Como ocurre con otras regulaciones, esta ley nunca se reglamentó. Y al no reglamentarse, el despilfarro siguió sin atajos. Incluso con costos mayores a cuenta del erario público respecto de la publicidad que pagan las empresas privadas.

Y la Ley Mulder ha tenido también un alto apoyo popular. Tanto así que las encuestadoras optaron por no preguntar sobre la materia o consultando de una manera elástica (“¿Está usted o no de acuerdo que se prohíba al Estado informar sobre campañas de interés público?”) cuando lo neurálgico era limitar el derroche ampliamente discutido y probado en medios amigos.

Lo más risible ha sido motejar la Ley Mulder como “Ley Mordaza”. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión divulga en estos días una dramatización burda y falsa de lo que la norma habría conseguido para que los peruanos no vean la realidad (presentando a varios compatriotas con una venda ante los ojos).

La libre expresión ha gozado de amplias garantías hasta para maletear al promotor de la misma. Ninguna información ha sido restringida. Nadie ha callado lo que piensa, en todos los tonos y matices. Rasgarse las vestiduras por la supuesta vulneración de ese derecho ha sido un espectáculo vergonzoso y huachafo que harían sonrojar a quienes verdaderamente sufrieron persecuciones, censuras, cárcel o destierro por defenderlo.

Preparémonos entonces para ordenar nuevamente las piezas de la regulación de la publicidad estatal. Sin amedrentamientos ni verdaderas mordazas del poder mediático.


Etiquetas: , , , , , ,