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Opinión


11 Noviembre, 2017.

Las instituciones importan

Bastante tenemos con la corrupción ubicua y multiforme para soportar ahora que, en nombre de la lucha contra ese flagelo, se ataque sistemáticamente a personas e instituciones claves para la democracia.

“Las instituciones importan” fue el título de un informe publicado por el Banco Mundial a fines del siglo XX. Ha sido y sigue siendo una frase con la instrucción clave para los pueblos que quieren alcanzar cierta madurez democrática que los aleje del fantasma de los Estados fallidos. Bastante tenemos con la corrupción ubicua y multiforme para soportar ahora que, en nombre de la lucha contra ese flagelo, se ataque sistemáticamente a personas e instituciones claves para el funcionamiento del régimen democrático.

Sabemos que el fujimorismo no ha asimilado bien su derrota electoral y que a pesar del tiempo transcurrido hay una voluntad de exhibir su dominio, de ejercer represalias, de afirmar, como lo dijeron en sus mensajes internos del grupo Mototaxi, la autoridad naranja para que todos sepan quién manda de verdad en el Perú.

¿Furia resistente, inmadurez repentina o adolescencia tardía? No importa el sentimiento, lo que interesa es que cada cierto tiempo retornamos al entrampamiento entre Gobierno y oposición. A la insistencia en lo que parece ser su modus operandi para demostrar quién es quién en el poder. En este sentido los esfuerzos conciliadores de Mercedes Aráoz solo significaron una corta tregua para luego traernos el recuerdo del autoritarismo fujimorista en todo su esplendor.

Dos aspectos cruciales colman el vaso. De un lado, la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el fiscal de la nación considerada un despropósito por todos los especialistas; de otro, la exigencia al presidente de la república para que asista a la Comisión Lava Jato (no de grado o fuerza porque sería de locos pero sí bajo amenaza de acusación constitucional posterior).

Se puede entender que están molestos y que quieren afirmar su imagen de imperio sin limitaciones en el Poder Legislativo. También que no les ha gustado nada que el Ministerio Público investigue por lavado de activos a Keiko Fujimori y menos que se haya reabierto la investigación contra su financista exsecretario general, Joaquín Ramírez. Todo eso es entendible como también lo es que quienes se sienten amenazados pueden defenderse y desvirtuar las acusaciones sin recurrir a las amenazas, represalias, escarmientos, de quienes se escudan en su mayoría congresal aplastante.

Peso numérico contra razones y procedimientos. Ya habían anunciado que iban a “tomar todas las acciones legales” por el  “atropello” del Ministerio Público y que irían “hasta las últimas consecuencias”. Y al parecer estas son. No les importa votar el agua sucia con el bebe adentro. Porque lesionar al Ministerio Público y a la Presidencia de la República es un costo demasiado alto para un Estado que se pretende democrático. Ni siquiera cabe entrar a discutir la argumentación que a todas luces es feble como sustento informativo y como procedimiento político y legal. La acusación constitucional es un recurso extremo y grave que no puede ser banalizado por la inmadurez o, peor aún, por la voluntad de poder o de represión autoritaria.

Daniel Salaverry se ha referido a la “preocupación política” que de seguro tienen como bancada, pero más preocupados estamos los ciudadanos por la ausencia de límites que exhibe un grupo de congresistas que aprovechando su número intenta conculcar la autonomía de órganos jurisdiccionales y hasta la autoridad de la presidencia de la república que personifica a la nación.

Todos, gobierno y oposición, están obligados a defender las instituciones, su independencia y autonomía, dentro del equilibrio de poderes en el contexto de sus competencias. Ese es el Estado de derecho que nos toca respetar.


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