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Opinión


14 Septiembre, 2018.

Las exoneraciones nunca mueren

Cuando estas se discuten en abstracto, todos parecen estar de acuerdo en que es imperativo eliminarlas. No obstante, en el momento en que empiezan a analizarlas en concreto, a tomar decisiones específicas sobre cada una de ellas, las autoridades se ganan miles de enemigos.

Dennis Falvy

| Columnista invitado

Además de la evasión legal que es la elusión tributaria, la Sunat señala un monto de S/. 17 240 millones en exoneraciones para el 2019, ligadas a doscientas medidas –esto representa algo más del 2% del PBI–; además, informa que la evasión del IGV es de S/ 23 306 millones y del Impuesto a la Renta S/. 32 935 millones. Un desastre.

Señala, asimismo, que este año vencerá un paquete de exoneraciones por S/. 5451 millones: las correspondientes a la Amazonía, a las asociaciones sin fines de lucro, entre otras. A todo esto, Shiguiyama declaró: “Hay que generar una mayor transparencia en las exoneraciones, de tal manera que la opinión pública pueda saber quiénes son los beneficiados de ellas”.

En 2003, Apoyo Consultoría elaboró un “Análisis de las exoneraciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su eliminación”, con un informe de 371 páginas (que pueden encontrar en la web) encargado por la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales  del Ministerio de Economía y Finanzas. En aquella época detectó 244 exoneraciones y tres años después, durante los cuales el MEF no hizo nada, el número aumentó en 50.

Se afirma que, en realidad, nadie sabe cuántas hay porque el número señalado –244– se refiere a exoneraciones y beneficios tomando los apéndices I y II del IGV como uno solo. Sin embargo, si se abren estos apéndices el número se podría acercar a 350 o más exoneraciones. El problema identificado es que el 80% se otorga “sin ningún requisito de inversión o de generación de renta. Es decir, simplemente se da la norma legal que genera la exoneración, y la empresa o persona recibe los beneficios al día siguiente”.

“Son muy pocas las exoneraciones que dependen del nivel de inversión o compromisos de reinversión de utilidades”, precisa también.

De otro lado  se señaló que si se ordenan las exoneraciones por plazo de vigencia, se empieza a entender por qué es tan difícil de eliminar o plantear cualquier iniciativa de ordenamiento. Se detalló que el 32% de las exoneraciones vigentes son de plazo indeterminado, en las que hay un porcentaje de ellas que rigen hasta el 2048 (la mayoría de exoneraciones dura más de 20 años). Y del 36% de exoneraciones que vence, más de la mitad se renueva automáticamente. Entonces –en la práctica– la mayoría de exoneraciones que tenemos es de plazo indeterminado, con lo cual resulta muy complicado ordenarlas.

Por ello se necesita un ordenamiento general. Cuando las exoneraciones se discuten en abstracto todos parecen estar de acuerdo que es imperativo eliminarlas. No obstante, en el momento en que empiezan a analizarlas en concreto, a tomar decisiones específicas sobre cada una de ellas, las autoridades se ganan miles de enemigos. Es decir, políticamente las exoneraciones son bastante difíciles de liquidar y por ello se renuevan sin miramiento alguno.

El problema es que nadie sabe a ciencia cierta para qué o quién existen y su eliminación se sigue anunciando per secula seculorum.


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