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Opinión


9 Mayo, 2018.

La victimización de los Humala-Heredia

Los verdaderos culpables de la menesterosa situación que están atravesando son ellos mismos, porque antepusieron el oropel a su propio bienestar familiar.

Aaron Salomón

| Periodista

Ante los ojos de la opinión pública, los malos de la película son ahora el fiscal Germán Juárez Atoche y el juez Richard Concepción Carhuancho (considerado como uno de los personajes del año pasado) mientras que –paradójicamente– la pareja de esposos Humala-Heredia ha pasado a ser la víctima de un sistema abusivo e inmisericorde que quebrará su nido, y despojará a sus menores hijos de un techo donde vivir.

Valgan verdades razones no le falta a la tribuna para pifiar a los administradores de justicia, puesto que estos se han equivocado groseramente al incautar la vivienda familiar que ya estaba embargada y tenía una orden de inhibición que impedía realizar transferencias. Con algo de tino se debió incautar las otras cuatro propiedades, vinculadas también a Antonia Alarcón y Rocío Calderón, y permitir que la expareja presidencial permanezca en su domicilio surcano hasta que –por fin– haya una condena.

No obstante, podemos cuestionar la forma pero no el fondo. Para que el Ministerio Público haya optado por requerir la incautación de predios, según explica el abogado penalista Carlos Caro, debe haber indicios clarísimos de que estos fueron adquiridos con dinero ilícito proveniente, en este caso en particular, del lavado de activos. Y los argumentos del fiscal Juárez Atoche son sólidos en este sentido.

De acuerdo con el expediente judicial, los oscuros aportes del gobierno venezolano (durante la gestión del extinto dictador Hugo Chávez) y de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS que habrían recibido los Humala-Heredia, para las campañas nacionalistas del 2006 y 2011 respectivamente, no fueron destinados en su totalidad para fines electorales sino que –al alimón– se utilizaron para la adquisición de millonarias propiedades.

Para tal efecto, Heredia Alarcón, siempre según la Fiscalía, “simuló contratos por servicios profesionales con las empresas Apoyo Total S.A., The Daily Journal C.A., Aceite de Palma, Operadora Canal de Noticias CA y Drona Ver, fingiendo la realización de trabajados profesionales para estas”. Así fue que se habría blanqueado el dinero ilegal mediante la adquisición de inmuebles.

Caro detalla que la incautación “está enmarcada dentro de la ley” dado que, señala, esta medida es aplicable cuando hay una investigación preparatoria en curso, pero admite que la discusión se centra en la “proporcionalidad”. Y, en efecto, hasta los más acérrimos críticos de la expareja presidencial han puesto el grito en el cielo y lamentan que inocentes menores de edad se queden en la intemperie.

Pero lo cierto es que los verdaderos culpables de esta menesterosa situación son los otrora inquilinos de Palacio de Gobierno, quienes antepusieron el oropel a su propio bienestar familiar. ¿Acaso alguien les puso una pistola en la frente para que reciban los verdes venezolanos y brasileños? Todo en esta vida se paga.


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