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La libertad de expresión en su sano fuero

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La resolución de una querella en la que un periodista ha sido encontrado culpable de difamación agravada recuerda algo fundamental: que hay líneas que no pueden transgredirse en el genuino ejercicio de un derecho.  



La resolución de una querella en la que un periodista ha sido encontrado culpable de difamación agravada, ha suscitado airadas reacciones en un sector del gremio periodístico. En realidad, el unívoco argumento es el que se ha venido escuchando desde hace meses: “El obispo de Piura, al querellarlo, ha transgredido el derecho del periodista Pedro Salinas a expresarse libremente”.

Ahora, con el proceso finiquitado, se afirma que la resolución de la querella viene a consagrar una práctica corrosiva para el periodismo y tira por los suelos la mentada libertad de expresión. Esta línea de argumentación la inició el mismo Salinas en abril del 2018. En un artículo publicado en un diario de circulación nacional, en relación con el pedido de Eguren a Salinas para que se rectifique de las afirmaciones que consideraba difamatorias, comentó que su “desaforada pretensión” (de Eguren) evidenciaba “una ignorancia inexcusable en materia de libertad de expresión”.

Desde entonces el argumento ha estado en el centro de las intervenciones de Salinas, y muchos otros periodistas le han tomado la posta. Incluso se han hecho eco de su perspectiva organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa o Amnistía Internacional. Se ha visto que sus esfuerzos por presentarse como víctima de un abuso encontraron tierra fértil en algunos sectores.

Lo que muestra la sentencia no sería, sin embargo, una mordaza a la libertad de expresión. Más bien, la sitúa en su sano fuero. La condena muestra que en nombre de la libertad de expresión no se pueden transgredir otros derechos también reconocidos en la Constitución y en otros cuerpos jurídicos. En este caso, el sistema judicial ha reconocido que en el ejercicio de su profesión el periodista Salinas ha cruzado una línea que no debió cruzar: ha dañado el derecho inalienable al buen nombre de otra persona. Y ese acto conlleva una responsabilidad y una pena proporcional. Eso es lo que se podía apreciar en el iter del caso, y ahora su conclusión confirma.

Nadie niega que la libertad de expresión se encuentra amenazada de formas diversas ni que esta sea un derecho fundamental que contribuye a la salud de una sociedad democrática. Quizá lo que el caso Salinas evidencia es que también la prensa, cuando se atribuye facultades sin demarcación, puede abusar de su poder. Y habría que recordar que la prensa tiene, tal vez hoy más que antes, un poder efectivo entre manos que debe ser utilizado con responsabilidad.

El resultado de este caso, como en todo caso de abuso, es que hay víctimas. Y eso es lo que ha reconocido la justicia: el obispo Eguren ha sido víctima de un abuso. Las consecuencias de sus actos los tendrán que asumir los que la justicia ha determinado.

Por estas razones consideramos que en este proceso judicial el gran beneficiado es el periodismo. La sentencia no solo reconoce el papel fundamental que cumple en la sociedad la libertad de expresión sino que recuerda, también, algo fundamental: que hay líneas que no pueden transgredirse en su genuino ejercicio.

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